"Juegan con la vida de la gente", asegura uno de los trabajadores de los laboratorios reprivatizados, como resumen a las medidas de los gobiernos del PP en la capital. Las políticas implementadas por la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, entre 2003 y 2012 tenían como objetivo la externalización de ciertos servicios sanitarios públicos a empresas privadas, pero no pudieron implantarse en toda la región debido a las protestas ciudadanas. Aun así, su gran proyecto piloto sigue vigente y no ha sido revertido allí donde se impuso. La entrada de Ciudadanos en el Gobierno de la Comunidad no parece reflejar un cambio de rumbo, ya que Isabel Diaz Ayuso, al menos por ahora, ejecuta políticas continuistas. 

La gran medida aguirrista para la sanidad consistió en privatizar los laboratorios de análisis clínico de varios hospitales de nueva construcción. La última empresa que gestionó este sector fue BRSalud, la cual vio finalizada su licitación a principios de 2019. Ahora, según adelanta el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), quedará en manos de Analiza. El negocio está valorado en unos 78 millones de euros.

Durante el mandado de Aguirre se inauguraron el Infanta Sofía, el Infanta Leonor, el Hospital Sureste, el Hospital del Tajo y el Hospital de Henares, con la particularidad de que tendrían sus laboratorios centralizados en unas oficinas gestionadas por entidades privadas. “Lo normal es que cada hospital tenga el suyo propio”, remarca Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FASDP). Se creó, por tanto, el Laboratorio Central de Análisis Clínicos, responsable de los resultados de 1.235.876 habitantes, según la memoria anual del SERMAS.

"Con estas estrategias se pretende disimular el coste real de la asistencia sanitaria. El laboratorio se privatiza y la radiología queda en manos de una empresa pública que trabaja al margen del hospital. Así parece que el gasto es menor”, asegura Bayle.

"Estamos saturados de trabajo; hay menos medios y personal que en los laboratorios públicos. Si una analítica se hace mal puede tener consecuencias muy graves, pero no les importa nada, como ellos no usan estos hospitales...”, denuncia una persona que trabaja en el laboratorio en cuestión.

Ciudadanos había prometido frenar las privatizaciones que el PP ha llevado a cabo desde que alcanzó el Gobierno de la Comunidad. Todo ha quedado en agua de borrajas: “Cs siempre ha defendido la no privatizacion de la sanidad, por lo que pensábamos que su entrada en el Gobierno frenaría las nuevas licitaciones. Igual que se había revertido el servicio de mamografías, instábamos a que este laboratorio se integrara en el sistema público, pero no ha sido así”, denuncia Mariano Martín, de Acción sindical sanitaria de CCOO.

Desde la Consejería de Sanidad no han querido hacer declaraciones porque aún no es oficial qué compañía absorberá la gestión del Laboratorio, aunque dan a entender que su inserción en el sistema público nunca fue una opción, ya que “en origen este centro nació para estar concesionado”. La medida no fue exclusiva de Madrid, ya que en otros lugares de España donde regía el PP se intentó implantar, aunque sin éxito. En la capital hubo un dato que sirvió para poner en duda la honorabilidad del proyecto: el consejero de Sanidad que orquestó la privatizción, Juan José Güemes, tras finalizar su etapa política consiguió trabajo en el laboratorio ganador de la licitación. 

Sánchez Bayle recuerda que cuando el proyecto vio la luz las protestas populares evitaron su expansión en el resto de la región. Sin embargo, estos hospitales y todos los ambulatorios que dependen de ellos se quedaron bajo la batuta del proyecto neoliberal. “Está desapareciendo la relación entre clínicos y personal de laboratorio, que es fundamental”, asegura el portavoz de FASDP.

Las condiciones de trabajo

Actualmente, tal y como denuncian trabajadores y sindicatos, la población a la que atender ha crecido hasta un 6%, pero la inversión del servicio descenderá en un millón de euros. "Durante el proceso de calificación previo a la licitación, Analiza recibió menos puntos que la que compañía gestora actual, por lo que es obvio que la situación va a empeorar”, asegura uno de sus trabajadores. Todos apuntan a un necesario aumento de inversión, pese a que los datos reflejan que se camina hacia una reducción de costes, lo que conlleva un inevitable deterioro de la calidad del producto. 

Los trabajadores, además, tienen unas condiciones laborales precarias e inestables. Su convenio no contempla la subrogación automática de los empleados, por lo que pueden perder su trabajo cada vez que hay un cambio de gestora. "En la falta de personal es donde más se nota la diferencia entre lo público y lo privatizado. Esto, que se supone que es un hospital público, no debería funcionar así", dice una de las personas empleadas del Laboratorio Central en cuestión. Teme decir su nombre por las represalias. Y para concluir, remata: "Yo he trabajado en un hospital público y no hay comparación. Hay mas gente y más medios. Lo que vivimos aquí es una devaluación del producto clara; no hay duda". 

Mónica García, responsable del área de Sanidad de Más Madrid y diputada en la Asamblea de Madrid, resume el proceso: "La manera de actuar con este laboratorio es el ejemplo perfecto de cómo privatizan. La licitación se considera incluso temeraria. Hay una bajada de derechos laborales y una rebaja de precios sin importar la calidad", resume. 

Su partido está a favor de que este laboratorio se interne dentro del funcionamiento del sistema público, incluido sus trabajadores, ya que produce incluso un problema de entendimiento en el paciente: "Todas estas privatizaciones están alejadas de la cotidianidad. Es complicado y la responsabilidad es muy dispersa. El paciente no sabe quien está haciendo la analítica, porque además cree que está yendo a un servicio público. La propia Administración ha decidido que parte de este meollo es no controlar", arguye la diputada.

García, que trabaja en un hospital, se muestra preocupada ante las afirmaciones de los trabajadores, que aseguran a Público que debido a la saturación de trabajo y falta de personal puede haber errores a la hora de realizar diagnósticos: "Es terrible pensar que un médico no se pueda fiar del resultado de una analítica. Al final, el que lo sufre es el paciente".