La vida pone a cada uno en su sitio. Aunque, más que la vida, se podría decir que es el dinero el que prefija los destinos de cada cual. Tanto, que hasta la calidad del aire que uno respira depende del grosor de las billeteras. Las ciudades y las sociedades que las habitan dibujan también esta diferenciación a golpe de talonario. Vivir, como sinónimo de residir, supone un reto. Los alquileres, las hipotecas, en definitiva, las facturas, discurren casi por encima de los sueldos y la gente marcha al extrarradio. Se va, en desbandada, empujando los límites de la ciudad, que queda reservada para unos pocos. Es la gentrificación, un efecto dominó socioeconómico que, mediante cambios urbanos, muta los barrios al son del sector inmobiliario.

En este panorama, todo parece contar para hacer de los hogares un ente especulativo. Tiendas, bares, hoteles…, la lista de elementos que ponen los entornos urbanos al servicio de la especulación es grande. También las infraestructuras verdes, que, según los estudios del Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability, son pervertidas por los ciclos del turbocapitalismo para incrementar los precios de la vivienda. “Lo verde acelera y ayuda a marketingizar las actividades inmobiliarias”, explica Isabelle Anguelovski, investigadora de este centro dependiente de la Universidad Autónoma de Barcelona, que señala cómo la generación de nuevos espacios verdes ha sido utilizada por las empresas del sector de la vivienda para “legitimar” sus acciones en la búsqueda de fondos e inversores, así como para justificar el incremento de los precios.

Anguelovski, que ya ha estudiado estas mutaciones en zonas de EEUU y Canadá, investiga ahora cómo el mercado inmobiliario tiende a engullir los nuevos espacios urbanos verdes y desplazar a la población más vulnerable del entorno. “La gente que vivía en estas zonas, a la larga, tiene que mudarse a otras zonas más alejadas de la ciudad cercanas a autopistas. Lo único que pueden hacer es pagarse un alquiler con menor calidad ambiental”, expone la experta, mientras cita el caso del barrio de Barcelona de El Poblenou: “Hemos hecho, junto con la University of British Columbia de Vancouver, encuestas a 85 familias que están alrededor de la supermanzana y la gran mayoría nos ha explicado que se siente cómoda en ese espacio verde, que incrementa el sentimiento de comunidad, pero también la mayoría se siente bajo amenaza de tener que irse por la subida de precios. Saben que dentro de 3 o 4 años tendrán que marcharse”.

En cierta medida, la gentrificación verde que la experta del Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability estudia puede ser utilizada como arma arrojadiza contra las políticas ecologistas. Pero también se pueden interpretar dentro de las cualidades fagotizadoras del capitalismo. Nines Nieto, responsable de Urbanismo de Ecologistas en Acción, resalta que las zonas verdes “tienen la función de mejorar la vida de las personas” y apunta que el uso del mercado inmobiliario de unas vistas bellas como pretexto encarecedor ha sido algo que siempre ha ocurrido. Sin embargo, la activista no comparte la visión de Anguelovski sobre las infraestructuras verdes como factor determinante en la gentrificación. “Estas zonas son más utilizadas por los sectores más desfavorecidos. Las clases altas no tienen necesidad de estos entornos porque ya disfrutan de su ocio en su segunda, tercera o cuarta vivienda fuera de la ciudad”, analiza Nieto.

“Cualquier actuación en el espacio público supone una revalorización de los inmuebles”, destaca Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que señala la desigualdad que se puede ver en la capital. Pan Bendito, San Blas, Entrevías..., la lista de entornos obreros olvidados en la capital se presta larga. Zonas marcadas por interbloques a los que las políticas verdes no parecen no llegar. Entornos urbanos marcados por zonas terrizas y descampados donde se amontonan coches y, en ocasiones, algunos desechos. “Esos barrios hay que arreglarlos”, añade, para terminar señalando que la “excusa reiterativa” de que las medidas verdes acaben en gentrificación no tienen cabida.

Lo cierto, no obstante, es que el sector inmueble ha sabido acercarse a los proyectos que buscan ecologizar la urbe y ha sabido ligar las infraestructuras verdes a su marco de beneficios. “Madrid Río podría ser un gran caso de estudio”, señala Anguelovski. Lo cierto es que el parque que recorre el renaturalizado río Manzanares es un ejemplo de cómo la inserción de entramados naturales en el escenario urbano puede revitalizar el sector. Nieto apunta al hecho de que la M30 desapareciera de los ojos de la ciudadanía, soterrada bajo un entramado nuevo y verde. Sea como fuera, la realidad es que barrios situados a ambos lados del cauce fluvial han revalorizado sus inmuebles.

No sólo ello, sino que nuevos proyectos urbanísticos, de precios alejados de las clases medias y trabajadoras, se plantean erigir en la zona. Véase las urbanizaciones que se plantean edificar sobre las ruinas del antiguo estadio Vicente Calderón y la antigua fábrica de Mahou.

Hacia la justicia ambiental

Estas realidades urbanas generan, según las numerosas publicaciones del Laboratorio de Barcelona para la Justicia Ambiental Urbana y Sostenible, desigualdades en la población. No se trata de las políticas verdes, sino de las escasas barreras que las administraciones estatales ponen a la ambición económica de la industria rentista. Las infraestructuras verdes se prestan necesarias en tiempos de crisis climática. Necesarias para todos porque, como alega Nieto “mejoran la calidad de vida de las personas”.

La encrucijada se plasma, por tanto, en cómo evitar que el sector de la vivienda se sirva de ellas profundizando las brechas sociales de las grandes ciudades. “Que se pongan techos al alquiler. Que se obligue a que la vivienda vacía pase al mercado... La política de alquiler es un tema muy amplio, pero desde luego la medida no puede ser no hacer nada en esos barrios”, reclama Pérez. Una línea de actuación similar a la marcada por Anguelovski, que califica el modelo de vivienda español de “muy atrasado”.

Aumentar el porcentaje de vivienda social y pública, alargar por ley la duración de los contratos de alquiler o impedir que se puedan implementar subidas de precio a inquilinos sin que se justifique una rehabilitación de la casa son algunos de los ejemplos citados por la experta, que podrían abrir el camino hacia la justicia ambiental y restringir la perversión inmobiliaria de los entramados urbanos verdes.