La preocupación por la estigmatización cada vez más acusada de los menores migrantes que llegan solos a España ha llevado a los abogados españoles y varias organizaciones de protección de la infancia a medidas a la Fiscalía General del Estado.

UNICEF, Save the Children, Fundación Raíces, la Plataforma de Infancia y el Consejo General de la Abogacía Española se han dirigido por carta a la Fiscal General del Estado y al Defensor del Pueblo para pedirles que investiguen la posible existencia de delitos de odio contra los llamados Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), al tiempo que urgen a las instituciones competentes a tomar medidas para prevenir la proliferación del discursos de odio, "de carácter claramente xenófobo", que en muchos casos proviene de formaciones políticas. "Es urgente protege la integridad y la vida de estos niños y niñas, que, ahora más que nunca, se encuentran en grave peligro", aseguran las organizaciones en un comunicado.

Según refieren estas organizaciones, durante los últimos meses se han dado numerosos casos en los que se ha criminalizado a estos niños, niñas y adolescentes "a nivel social y político", a través de discursos que les tratan, de manera colectiva, "como una amenaza social y un problema de orden público, relacionándolos directamente con la comisión de delitos y de actos violentos".

Las organizaciones de infancia han constatado que la proliferación de estos "mensajes de criminalización y de odio está calando en la sociedad", como se ha comprobado con las manifestaciones o actos de naturaleza política que han generado gran polémica este último años. Situaciones como las vividas en El Masnou (Catalunya), en el barrio de La Macarena en Sevilla y delante de los Centros de Menores de Hortaleza en Madrid, "vulneran los derechos fundamentales de estos niños y niñas, y provocan que algunos sectores de la sociedad les perciban como una amenaza a la seguridad ciudadana", lamentan.

Asimismo, estas entidades especializadas en infancia, insisten en que en ningún caso se debe dar a entender a través de declaraciones o acciones que “niño migrante no acompañado” es sinónimo de delincuente o de problema de orden público. Recuerdan que una afirmación general sobre su criminalidad vulnera el principio de no discriminación y la presunción de inocencia, contenidos en el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por España. Añaden que las manifestaciones y la realización de “actos de contenido político” en las inmediaciones de un centro de protección de menores supone “una injerencia en la vida privada y en el domicilio de estos niños y niñas”, contraria al art. 16 de la Convención.

Según este artículo, “ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada (…), su domicilio (…), ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques”.

Igualmente, recuerdan que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección del Menor proclama la protección del derecho al honor y la inviolabilidad del domicilio de los menores, y prevé expresamente la intervención inmediata del Ministerio Fiscal para impedir y exigir la reparación de cualquier intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación de los menores que se produzca a través de los medios de comunicación.

Las organizaciones alertan de que este tipo de actos, declaraciones y discursos "ponen en grave peligro la integridad física, psíquica y moral de los niños y niñas", en la medida en que pueden contribuir a que se desencadenen actos xenófobos o de odio contra estos niños y niñas, como los que, según los testimonios que han llegado a Fundación Raíces, han ocurrido en las últimas semanas y que han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía para su investigación.

Las organizaciones piden a la Fiscalía que investigue la posible existencia de hechos que podrían ser constitutivos de los delitos tipificados en el Código Penal, en los artículos 170.1 y 173.1, referidos a las amenazas y a los tratos degradantes y menoscabo de la integridad moral, en relación con las agravantes previstas en los apartados 2 y 4 del artículo 22, así como en los artículos 510 y 510 bis, referidos a los delitos de incitación al odio.