La red pública que administra la Junta de Andalucía para dar tratamiento a más de 50.000 personas con drogodependencias cada año parece haber entrado en barrena por problemas de gestión y financiación. Un centro de día de Ronda estuvo cerrado durante una semana porque aún no ha recibido la subvención de 2019, la comunidad terapéutica de La Línea también echó el cierre durante cerca de un año tras un pequeño incendio, otra de Mijas ha tenido problemas de abastecimiento de agua y la histórica asociación Despierta del Campo de Gibraltar, –kilómetro cero del narcotráfico¬- ha bajado igualmente la persiana abrumada por las deudas.

Ahora, seis de las ocho diputaciones provinciales de la comunidad, que aún no han recibido el dinero de este año de la Junta para este servicio, han exigido explicaciones al Gobierno andaluz, porque temen un "cambio de modelo" que podría derivar en recortes o privatización de la red. En su defensa, la Administración autonómica alega que no ha entregado todavía las subvenciones porque estaban basadas en un sistema utilizado de forma irregular durante los últimos ocho años.  

Buena parte del origen de los problemas se sitúa en el reparto de competencias pactado en el gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox. Las políticas de drogodependencias siempre habían estado adscritas a las consejerías de asuntos sociales, pero el nuevo gobierno acordó en enero trasladarlas a la de Salud, en manos del PP y dirigida por el polémico Jesús Aguirre, quien recibió muchas críticas durante su gestión de la crisis de la alerta sanitaria causada por un brote de listeriosis. Representantes de trabajadores, las organizaciones andaluzas de prevención y atención a las drogodependencias y profesionales del sector han denunciado desde entonces la "ausencia de una dirección política", de un interlocutor en la Junta, sobre el tema de drogas, que ha ido dando bandazos pasando de un área a otra dentro de la Consejería de Salud.  

Pero el desconcierto del sector fue aún mayor cuando el Gobierno andaluz aprobó un decreto en el que daba marcha atrás para mantener en la consejería de Igualdad y Políticas Sociales hasta diciembre de 2020 una parte de las competencias de drogodependencias, las referidas fundamentalmente a las comunidades terapéuticas, con el fin de no alterar la prestación asistencial ni la situación del personal que se ocupa de ella.

Con este laberíntico panorama burocrático, las grietas que arrastraba del pasado la red pública de drogodependencias andaluza se han ido agrandando hasta provocar el cierre de algún centro, impagos de nóminas a trabajadores y mucho temor por el futuro del sector. La comunidad terapéutica de La Línea, con capacidad para internar a 28 pacientes, cerró en octubre de 2018 a causa de un incendio en la cocina y no fue reabierta hasta el pasado septiembre, tiempo durante el cual sus trabajadores tuvieron que recorrer 108 kilómetros diarios al haber sido trasladados a la comunidad de Tarifa, que sufría carencias de personal, según uno de los empleados, Juan Manuel Salguero, delegado sindical de la plantilla. 

El centro de La Línea ha reabierto, pero sus carencias siguen intactas, asegura Salguero: goteras, baños resquebrajados, lavavajillas y lavadoras que se estropean y obligan a hacer el trabajo a mano, y hasta episodios críticos puntuales de escasez de alimentos para dar de comer a los pacientes al terminar una contrata de cocina y no haberse previsto su renovación.

Centros terapéuticos aislados sin vehículos

Pero esas carencias no son exclusivas del centro linense. Juan Carrillo, delegado sindical de CGT en la Agencia Andaluza de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), que gestiona las seis comunidades terapéuticas públicas de esta comunidad, denuncia grandes deficiencias y falta de personal, ya que –dice- actualmente está sin cubrir en torno a un 12% de la plantilla de 170 trabajadores que deberían tener estos centros y el PEPSA de prescripción de heroína. Y esta misma semana se han agravado los problemas, porque las seis comunidades se han quedado sin vehículo para los traslados de los pacientes a un hospital o a una actividad terapéutica, al haber concluido el servicio de renting que lo suministraba a unos centros ubicados en medio del campo, lejos de los núcleos urbanos, en los que en 2018 estuvieron ingresadas más de 800 personas. "Aquí están todo el día parcheando, apagando fuegos. No hay una dirección política que dirija todo esto", recalca Carrillo.

Las costuras saltan por todos lados: la comunidad terapéutica de Mijas, en Málaga, con cerca de 30 pacientes a tratamiento por adicción a la heroína, la cocaína, el alcohol, sufrió restricciones de agua durante meses, según los trabajadores, a causa de la sequía que dejó seco el manantial del que se abastece el centro hasta que llegaron las lluvias. La explicación de la Junta fue que se trataba de cortes parciales, que ya se habían producido en otros periodos de sequía, e insalvables porque el centro está ubicado en un lugar aislado al que no llega la red de abastecimiento municipal. 

En la misma provincia, en Ronda, un centro de tratamiento ambulatorio tuvo que cerrar entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre al no haber cobrado la asociación que lo gestiona, Arde, la subvención del Ayuntamiento que se costea con la financiación anual de la Junta para este servicio, dinero que aún no ha sido abonado ni a consistorios ni a diputaciones provinciales para mantener una red de centros de día en la que reciben anualmente tratamiento cerca de 54.000 personas en toda Andalucía, según la última estadística de la Junta publicada sobre este servicio en 2017.  

Durante esa semana sin servicio, según la coordinadora del centro y vicepresidenta de Arde, Irene Garrido, se registró un índice muy alto de recaída en el consumo de drogas entre los pacientes a tratamiento, un intento de suicidio por síndrome de abstinencia y un descontrol absoluto en la administración de metadona, que se trasladó provisionalmente a un centro de salud y que por falta de experiencia dejó a algún enfermo sin su dosis y a otros con más de la cuenta, lo que degeneró en un "tráfico de opiáceos" en Ronda.  

Los cinco trabajadores de este centro no cobran su nómina desde mayo y tuvieron que dejar de prestar servicio cuando la asociación se quedó ya sin dinero para cubrir sus cuotas de la Seguridad Social, los recibos de luz, agua y teléfono y todo lo necesario para el mantenimiento del local. Entonces, tras una manifestación y muchas protestas, consiguieron que el Ayuntamiento les adelantase 15.000 euros de la subvención de 2020 para hacer frente a esos gastos ineludibles, pero, según Garrido, ahora han aprobado unos presupuestos que incluyen una reducción de sus ayudas para el próximo año. "Resistiremos dando el servicio hasta el próximo 31 de diciembre, pero luego ya no podremos seguir así, porque tenemos la mala costumbre de comer todos los días y tenemos gastos de hipotecas", se lamenta la coordinadora del único centro de tratamiento ambulatorio de drogodependencias de una comarca que abarca 25 ayuntamientos y que atiende a 180 pacientes.

Las diputaciones exigen una respuesta

El gran retraso en la concesión de las subvenciones de la Junta es la que ha llevado a las diputaciones de Cádiz, Granada, Sevilla, Huelva, Córdoba y Jaén, gobernadas por el PSOE, a exigir una reunión al consejero de Salud para que aclare el futuro de la red de tratamiento ambulatorio a las drogodependencias que se puso en marcha hace 34 años y que, a juicio del delegado de Bienestar Social de la Corporación provincial gaditana, David de la Encina, siempre ha funcionado con muy buenos resultados.

De la Encina considera que los cambios realizados en la gestión de las drogodependencias en la Junta que han originado este retraso del pago de las ayudas obedecen, por un lado, a "una metedura de pata" del consejero Jesús Aguirre, al haber incluido estas competencias dentro de un organismo como el Servicio Andaluz de Salud, que no puede mantener convenios con diputaciones; y, por otro, a una posible intencionalidad política de cambiar el sistema de asistencia, que podría derivar en privatizaciones y recortes, siguiendo el modelo del PP en otras comunidades autónomas. "Los experimentos, con gaseosa, no con personas que tienen problemas de adicciones", subraya el diputado gaditano.

Todas las federaciones andaluzas del movimiento asociativo de drogodependencias y adicciones que representan a 180 entidades (drogas, alcohol y juego) han mostrado también su preocupación por la "situación incierta" que vive el sector tras el traspaso de competencias a la Consejería de Salud. "Han estado paralizados durante meses mientras se pasaban la pelota unos a otros", señala Luisa Márquez, de la Federación Enlace, que subraya que el 90% del presupuesto con el que prestan servicio las asociaciones depende de las subvenciones públicas. 

Ese parón administrativo ha supuesto una disminución de la calidad y la intensidad del servicio que presta un movimiento asociativo que sólo en el caso de Enlace atiende a 92.000 personas al año, por eso esta federación exige a la Junta que muestre "su compromiso con las adicciones, dando continuidad y mejorando la red pública" de atención en toda la comunidad.  

La Junta asegura que no hay ningún peligro

Sin embargo, la Consejería de Salud ha asegurado a este periódico que la atención a las personas con problemas de adicciones "no ha corrido peligro nunca", porque "desde el principio se ha manifestado la voluntad e interés en mantener la Red de Adicciones íntegramente y la colaboración con las entidades locales, destinando a las diputaciones los fondos que han solicitado". 

Según Salud, las subvenciones en materia de drogodependencias se han venido concediendo durante los últimos ocho años mediante convenios aplicando unas bases reguladoras que "en puridad parece que no se ajustan a la normativa vigente en materia de subvenciones", al no haber sido adecuadas a lo dispuesto en un decreto aprobado en 2010. Y añade que a, pesar de la nota de reparo emitida al respecto el 17 de octubre de este año por la Intervención Central del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que hacía inviable la concesión de las ayudas, desde la asesoría jurídica del SAS se ha valorado la viabilidad de proporcionar "subvenciones excepcionales" para "solucionar la situación y continuar con el sostenimiento de la red pública de drogodependencias", algo que ha empezado ya a tramitarse, asegura Salud.