El Gobierno ha pisado el acelerador y quiere desatascar uno de los proyectos más polémicos del País Valencià: la ampliación del Puerto de València. El plan lleva paralizado, en una suerte de limbo jurídico, desde 2007, cuando se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que generó el rechazo de colectivos vecinales y ecologistas. Pese a las controversias que rodean estas obras, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha autorizado esta semana la licitación por un valor estimado en 656,7 millones de euros para duplicar la capacidad de la infraestructura.

La nueva terminal, que se levantará en la zona norte del puerto, será construida y explotada por la multinacional italosuiza MSC. El Gobierno considera que la expansión de las infraestructuras contribuirá a descongestionar la zona, además de diversificar el tráfico de camiones de carga y descarga. Sin embargo, los colectivos sociales denuncian que la actividad del muelle está inmersa en un proceso de declive con cada vez menos contenedores.

"Si vemos los flujos de contenedores y la capacidad operativa vemos que hay un déficit de cerca de medio millón de contenedores, hay un porcentaje muy alto de capacidad que no se utiliza, por lo que no tiene sentido el discurso de un colapso del puerto", expone Francesc Herrera, portavoz de la Comissió Ciutat-Port València, una plataforma social compuesta por vecinos, ecologistas y sindicatos que busca paralizar la expansión portuaria por sus impactos económicos, ambientales y sociales.

Los datos de la Autoridad Portuaria de València de noviembre reflejaban una previsión de caída interanual del 8% de contenedores. Lejos de haber una gran atasco de carga por falta de espacio, la tasa de ocupación de contenedores está en el 76%. Es decir, el 24% de la infraestructura se presenta disponible, según el boletín oficial del Puerto.

"Si el volumen de mercancías no aumenta, ¿a qué responde la ampliación? Pues claramente a los intereses de MSC que podrá reducir sus costes internos, ya que su terminal sí estaba al límite y estaba pagando por usar la terminal de la multinacional china COSCO", argumenta Herrera.

Un informe encargado por el comité de empresa de la Terminal Pública del Puerto de València al que ha tenido acceso Público analiza la propuesta del nuevo muelle y la idea de MSC de automatizar la infraestructura. Esto, según el análisis, podría repercutir negativamente en el empleo, con una reducción del 30% de la mano de obra de estibadores, es decir, unos 500 puestos de trabajo menos. A este argumento se suma el carácter internacional de las mercancías. Según los datos del informe, el 50% del volumen de contenedores que mueve el Puerto no incentivan la economía local ni nacional, sino que se trata de mercancías que sólo hacen escala en la ciudad española para ser transportados por otros cargueros a otras zonas del mapa. 

Daños a L' Albufera y las playas del sur

A las cuestiones económicas se suman las ambientales. Los grupos ecologistas llevan años –al menos desde que en 2007 se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental– alertando de los efectos nocivos que tiene esta infraestructura en el ecosistema mediterráneo. Pau Monasterio, portavoz de Ecologistas en Acción València, hace hincapié en que "el puerto ya genera daños importantes" y pone el foco en los malos índices de calidad del aire. "En València, los vientos dominantes soplan desde el mar hacia el interior y eso provoca que haya un arrastre de contaminantes procedentes de buques y camiones que están a diario en el puerto. Los niveles de contaminación ya duplican los valores recomendados por la OMS", recalca. 

La buscada extensión portuaria, además, podría agravar la situación de las playas ubicadas al sur de las instalaciones, según los conservacionistas. Los muelles ya están dificultando el arrastre natural de sedimentos, de tal forma que los diques actúan como barrera física que contiene la arena y la acumula en la franja norte dejando los arenales del litoral sur cada vez más menguados. El Gobierno es consciente de ello y ya ha implementado planes de regeneración para extraer arena del fondo marino y ensanchar la costa en Cullera y otras zonas del País Valencià.

"Tenemos un grave problema con el Parque de L' Albufera, ya que queda al sur y es un espacio protegido. Si se debilita la entrada de arena, este espacio está en peligro, porque es un ecosistema de agua dulce que está separado del mar por un bosque de dehesa y unas playas. Si se debilita esta barrera, L' Albufera estará más expuesta a la subida del nivel del mar o a los temporales. Esto tiene un impacto en cascada en la economía local; en la pesca, en los arrozales o en el turismo", lamenta Monasterio.

Batalla judicial  y división entre los socios de Gobierno

La Comissió Ciutat-Port ha activado la vía legal. Antes de que el ministerio de Óscar Puente abriera la licitación, ya había pedido en los tribunales la nulidad del proyecto bajo el argumento de que la declaración de impacto ambiental no es vigente. Ante esto, el Tribunal Superior de Justicia pidió a inicios de diciembre que se elaborase un dictamen pericial sobre los posibles efectos ambientales adversos de la ampliación portuaria. 

Este contencioso, que se inició este verano, es a lo que se aferra una parte del Gobierno de España. Compromís, miembro de la coalición Sumar, se ha opuesto de manera tajante a las obras y Yolanda Díaz ya manifestó en el mes de noviembre su interés en que se realizara una nueva Declaración de Impacto Ambiental, lo que abre una nueva brecha entre los socios de coalición.

Fuentes de Compromís, el actor político que más atención ha puesto en el caso, explican a Público que estudiaran todas las vías de actuación posible, entre las que se encuentra la judicial. No en vano, la formación valenciana espera a que el Tribunal Superior de Justicia de València emita una resolución que dé la razón a la plataforma ciudadana que se opone a la expansión del muelle y que el plan del Ministerio de Transportes tenga que ser revisado.