El año 2023 es para España, el año de la lucha por la mejora de la calidad del aire. Tanto es así que, a partir de enero, las ciudades del país tendrán que implementar planes anticontaminación que consigan rebajar los niveles de gases y partículas dañinas para la salud. La mayoría de ellos, como el dióxido de nitrógeno o las partículas en suspensión PM 2,5, se vinculan al tráfico motorizado por lo que es probable que a lo largo de las próximas semanas o meses sean muchos los municipios que decidan excluir el tránsito de algunos vehículos por determinadas zonas. 

Esta medida emana directamente de la Ley de Cambio Climático, aprobada por las Cortes en mayo de 2021. La norma establecía que las grandes ciudades deberían aprobar, no más tarde de 2023, sus zonas de bajas emisiones; perímetros como el antiguo Madrid Central donde los vehículos más contaminantes no puedan transitar. Pero, ¿qué tipo de restricciones deberán aplicarse? ¿Están afectados todos los municipios del país? Estas son algunas claves para saber cómo te afectará la normativa a partir del próximo año.

Una medida que afectará al 52% de la población

La Ley de Cambio Climático establece que la aplicación de las zonas de bajas emisiones afectará únicamente a las ciudades con más de 50.000 habitantes. Esto tendrá implicaciones para un total de 148 municipios del país, los cuales suman más de 24 millones de habitantes, es decir, el 52% de la población española. Así pues, será común ver limitaciones al tráfico en grandes metrópolis como Madrid, pero también en otras localidades más pequeñas como la tinerfeña Granadilla de Abona. 

La excepción para las pequeñas localidades

Aunque la norma establece esos 50.000 habitantes como limite, hay algunas excepciones que podrían llevar a desarrollar medidas a algunas localidades pequeñas. Así pues, los ayuntamientos de más de entre 20.000 y 50.000 habitantes tendrán que aplicar medidas destinadas a rebajar los índices de contaminación siempre que se superen los valores de calidad del aire regulados por las normativas españolas y europeas. Es decir, si en momentos determinados se registran niveles peligrosos de gases o partículas tóxicas, los alcaldes deberán aplicar restricciones al tráfico hasta que se consigan mejorar los datos.

Qué restricciones se deben implementar

La normativa, que se apoya en un Real Decreto que ha sido aprobado este mismo martes y en una estrategia elaborados por el Ministerio de Transición Ecológica y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), no establece una receta única y común. De hecho, las medidas adoptadas son múltiples y varían, con algunas de carácter continuo y otras que se deben implementar en momentos donde la calidad del aire empeore.

En cualquier caso, las ciudades deberán perimetral un espacio de la ciudad (o varios) donde el acceso en coche quede restringido en función de sus etiquetas ambientales. Esto es algo que estuvo ya estuvo vigente en Madrid Central y que se puede apreciar en otras grandes ciudades europeas como Milán o Londres. Estas zonas deberán estar señalizadas correctamente por un logotipo que ya ha sido aprobado por la Dirección General de Tráfico, el cual deberá permitir conocer a los ciudadanos cuándo están entrando o saliendo del espacio libre de contaminación.

Calendario a largo plazo

Los consistorios implicados tendrán que diseñar un calendario para registrar cómo evoluciona la calidad del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad. Así, se deberá observar una evolución positiva en los índices de calidad de aquí a 2030 y, en el caso del CO2, los objetivos deben estar alineados con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

¿Qué pasa si no se mejora la calidad del aire?

El Real Decreto de Zonas de Bajas Emisiones contempla que, si las estaciones de medición incluidas dentro del perímetro anticontaminación registran valores de calidad del aire por encima de los límites legales, los ayuntamientos deberán adoptar medidas adicionales, diseñar un nuevo calendario para su cumplimiento y evaluar paulatinamente el funcionamiento de dichas medidas.

Impulso del vehículo eléctrico y del transporte público

La normativa también pide a la Administración local que desarrolle medidas que permitan a la ciudadanía tener una mayor facilidad para dejar de lado los coches de combustión y adquirir vehículos eléctricos. Una de las trabas actuales, además del elevado coste de este tipo de automóviles, tiene que ver con la recarga. Por ello, el decreto aprobado por el Gobierno el pasado martes establece que las entidades locales deberán poner facilidades para crear una red de puntos de recarga, dentro y fuera de la zona de bajas emisiones.

El plan del Gobierno establece también que las restricciones al tráfico contaminante deben ir acompañadas de un impulso hacia otras formas de movilidad sostenible, de tal forma que se refuerce el transporte público, caminar o ir en bicicleta.

Transporte de mercancías "cero emisiones"

El Real Decreto no obliga a un cambio estricto en el transporte de mercancías, pero sí pide que a las autoridades locales que velen por un cambio que potencie la llegada transportes "cero emisiones", entre ellos, destaca la "ciclologística", es decir el reparto en bicicletas con remolque.

¿Cuándo se aplicarán las normas?

La Ley de Cambio Climático establece cómo obligatorio cumplir con las normas de zonas de bajas emisiones a partir del 1 de enero. Sin embargo, hay pocos ayuntamientos que hayan implementado sus planes anticontaminación a escasos días de que el nuevo año comience. 

¿Por qué tantas restricciones a los coches?

La razón de ser de estas nuevas reglas de transporte urbano es la lucha contra la crisis climática y la necesidad de reducir las emisiones de efecto invernadero que calientan el planeta y se originan en el sector del transporte, que genera en España el 25% del CO2 liberado a la atmosfera cada año. 

El otro gran objetivo es reducir los gases tóxicos y partículas nocivas que salen del tubo de escape y que generan problemas en la salud. Cada año, según las cifras de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), se producen cerca de 30.000 muertes prematuras en España por enfermedades asociadas a la mala calidad del aire. Además, la norma quiere acabar con otro gran problema vinculado al tráfico rodado que impulsa y agrava patologías: la contaminación acústica.