Las multas impuestas a los centros de menores de la Comunidad de Madrid se han desplomado desde que Isabel Díaz Ayuso llegó a presidir el Gobierno autonómico. En particular, las residencias de menores tutelados privatizadas, es decir, gestionadas por empresas pero financiadas con fondos públicos, no han sido penalizadas ni una sola vez en los últimos cinco años.

Así lo reflejan los datos oficiales de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales comprendidos entre 2019, 2020, 2021, 2022 y el tiempo que llevamos del año 2023.

Esta laxitud con las gestoras contrasta con las "delicadas situaciones" que han atravesado estos centros dependientes de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad en este tiempo, según critican desde el PSOE. 

Madrid tiene en torno a 4.000 menores bajo su tutela, de los que el 60% viven en familias de acogida y el resto lo hace en la red de 83 centros de distintas características que tiene la comunidad. La mayoría de ellos (el 60%) gestionados por empresas o fundaciones privadas.

"Es alarmante porque si hay alguien vulnerable son los menores en desamparo que, a diferencia de los mayores en las residencias, en muchos casos no hay familia que pueda alzar la voz", lamenta Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales. También brillan por su ausencia las sanciones: solo constan cuatro registradas en este período, una en 2019, otra en 2021 y dos en 2022.

Las penalidades son un tipo de multa que la Administración impone en caso de que la empresa incumpla el convenio o el acuerdo marco. Es decir, se limita a los centros concertados-privatizados. Mientras que con las sanciones (otro tipo de multa) inspección puede penar tanto a residencias 100% públicas como externalizadas, como medio de control para garantizar unas condiciones dignas a los menores acogidos. 

Centros donde no consta ni un solo control

Desde el PSOE señalan las "llamativas ausencias" de visitas de control por parte de la Comunidad de Madrid a algunos centros como el complejo ubicado en la Casa de Campo.

En cuanto a los incidentes registrados, ya en 2022 el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denunció la situación de "desprotección" que los menores vivían en algunos de los centros de tutela gestionados por organizaciones privadas en la región, donde apenas contaban con el 50% de la plantilla en activo debido a que las bajas no se suplían.

En otros, explicaba entonces la organización sindical, "la situación no es tan extrema, pero el número de trabajadores no alcanza el mínimo del cupo establecido por contrato y está muy lejos del requerido para la correcta atención". Una tesitura "nada novedosa", expresaban los profesionales.

Otra prueba de la "desatención" de la Administración autonómica salió a la luz con el caso de las menores obligadas por una mafia a prostituirse y que vivían en centros de acogida madrileños. La banda explotaba sexualmente a una decena de niñas, la mayoría acogidas en centros y tuteladas por la Comunidad de Madrid.