Su nombre es Carmen Marín, pero la brutalidad de sus actos ha terminado por convertirla en “la exterminadora de perros de Torremolinos” y en la primera persona en ingresar en prisión por maltrato animal en España. La sentencia que condena a la expresidenta de la protectora Parque Animal a tres años y 9 meses de cárcel y al pago de una multa de 24.200 euros, describe la perrera como un auténtico centro de los horrores. Marín no sólo sacrificó allí de forma “masiva” e “indiscriminada” a miles de perros y gatos –el fiscal del caso aseguró que la cifra podría alcanzar los 2.200 animales muertos en dos años-, sino que lo hizo consciente de estar provocándoles dolor y sufrimiento y por una sola razón: ganar dinero.

El negocio era redondo. Marín, fundadora de la protectora, había conseguido en 2010 una concesión por parte del Ayuntamiento de Torremolinos para la gestión del servicio municipal de recogida, transporte y albergue de animales abandonados de la localidad malagueña por la que recibía subvenciones. Además, ingresaba las donaciones de los socios y cobraba por cada animal que entraba en las instalaciones: 60 euros por un perro adulto, 45 euros por un cachorro y 25 o 30 euros por cada gato.

Cuantos más animales llegaban, más dinero conseguía. Y si no había hueco para tantos, los mataba, “pudiendo llegar a sacrificar hasta varias decenas de animales en una sola sesión”, señala el dictamen. Era tal el ritmo de sacrificios que la acusada compró 15 litros de eutanásico, 25 veces más de lo que se consume en una clínica veterinaria normal en dos años.

La factura de las incineraciones las pagaba el consistorio -ajeno a los trapicheos de Marín, que falsificaba las firmas de los veterinarios- y las eutanasias le salían baratas porque ahorraba en las dosis, aunque eso implicara un sufrimiento innecesario para los animales.

"¿Tanto producto usas tú? Si con mucho menos también mueren”, le llegó a decir en una ocasión a uno de los veterinarios que trabajaba en el centro y que declaró en el juicio.

Pero no parecía preocuparle. Ni a ella ni a Felipe Barco, fiel colaborador y también condenado. Mientras ella inyectaba el líquido mortal “sin previa sedación y por la vía incorrecta”, Barco les inmovilizaba.

“La acusada suministraba menor dosis del medicamento de la que está indicada para producir una muerte indolora, lo que […] provocaba al animal, generalmente, una muerte lenta y con dolorosa y prolongada agonía, pues el perro o el gato sentía, conservando la consciencia, que se asfixiaba”, señala la sentencia, que añade: “Todo lo cual era perceptible por los acusados debido a la vocalización de dicho sufrimiento con alaridos, aullidos o maullidos, así como por pataleos y convulsiones y contracciones musculares y por orinación, entre otros signos”.

La condenada, que no tenía formación veterinaria, no se molestaba siquiera en pinchar correctamente a los animales. Las inyecciones debían hacerse por vía intravenosa o intracardiaca, pero ella les pinchaba “en el abdomen, en el pulmón, en el lomo o donde tuviera por conveniente”, cita el texto. Era lo que Marín llamaba en tono sarcástico vía “intra perro”, según testificó uno de los trabajadores.

La mayoría de las normativas autonómicas y municipales, salvo en Madrid y Catalunya, permiten a las protectoras sacrificar a un animal abandonado si en el plazo de 10 días no ha sido reclamado o adoptado por nadie. Pero no era el caso de Parque Animal. Marín no atendía a criterios legales, ni de edad o de salud. Entre sus víctimas –acredita el juez- había mascotas que tan sólo llevaban unas horas en el refugio, perros sanos de cualquier raza, camadas de cachorros, hembras preñadas…

Todos ellos eran trasladados a primera hora de la mañana, antes de la llegada de los empleados y con las cámaras de seguridad apagadas, a una parte trasera y parcialmente restringida del edificio, para ser sacrificados en masa. Después eran depositados en bolsas de plástico y congelados en grandes arcones hasta que eran recogidos por el servicio de incineración, como acreditó el propio Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en una primera investigación en 2010.

Fue uno de los veterinarios del centro el que dio la voz de alarma. Grabó un vídeo y lo mandó a los agentes. En un auto emitido el pasado viernes, el juez rechazó contundentemente suspender la pena debido “a la gravedad de la conducta”.