El sábado 25 de diciembre se cumplen seis meses desde que entró en vigor la ley de eutanasia y, hasta ahora, solo Euskadi y Catalunya han hecho públicos los datos sobre las solicitudes de ayuda a morir y las eutanasias que se han realizado.

Hasta finales de noviembre, un total de 53 personas pidieron la eutanasia en Catalunya, la mitad de solicitudes (28) fueron aprobadas, tres fueron denegadas y 24 ya han recibido la asistencia para una muerte digna, según recoge Efe.

Mientras que en Euskadi, la agencia informa de que, hasta el 10 de diciembre, se recibieron 34 solicitudes: ocho personas fallecieron antes de que pudieran ejercer este derecho, se denegó a una, 13 personas han accedido a la ayuda y otras 12 están a la espera de recibir la prestación.

Fue justamente en Euskadi donde se dio el primer caso de eutanasia legal en España, una mujer de 86 años que pudo morir rodeada de los suyos y que ya había dicho hace 10 años que quería la eutanasia si su estado era irreversible y de gran dependencia.

Diferencias por comunidades y graves retrasos

Sin embargo, esta trasparencia contrasta con la falta de información de las otras comunidades autónomas, ya que ninguna más ha dado a conocer estos datos. De hecho, los gobiernos del País Valencià y de Canarias ni siquiera han publicado los nombres de los componentes de la Comisión de Garantías y Evaluación, encargados de autorizar cada caso.

Además, Andalucía y Madrid han tardado hasta cuatro meses en constituir esta comisión, lo que ha provocado graves retrasos para los ciudadanos que han querido acceder a este derecho durante es tiempo, tal y como denunció Javier Serrano, un enfermo de ELA, que finalmente pudo acceder a la eutanasia tras meses de sufrimiento y lucha.

De hecho, estos retrasos también fueron denunciados por la internista Carmen Díaz Pedroche en El Intermedio: "Hemos hecho las cosas mal desde el punto de vista de la Administración de la Comunidad de Madrid. En Madrid estamos atrasando un plazo por un fraude de ley, estamos incumpliendo la ley", aclaró durante la grabación.

Aunque también ha habido problemas en las comunidades gobernadas por el PSOE, ya que una mujer se suicidó en Zaragoza después de que no fuera atendida su solicitud de eutanasia. Emilia M. M., que padecía una luxación de cadera congénita agravada con el paso de los años, lo que le obligaba a permanecer en la cama con dolores constantes, se quitó la vida tras cuatro meses pidiendo "desesperadamente" una muerte digna. La asociación Derecho a Morir Dignamente en Aragón apuntó al "boicot" ejercido por quienes debían darle curso a la solicitud de eutanasia.

Todo esto, junto a la falta de formación e información, provoca que se prolongue el sufrimiento de los afectados. De hecho, el presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD), Javier Velasco, ha denunciado en una entrevista con la citada agencia que le llegan "casos de comunidades en los que a los pacientes se les deniega la solicitud aduciendo que no cumplen los requisitos, mientras que en otras regiones casos muy similares se han admitido".