Desregular para sobrevivir. Esa es la premisa de algunos Gobiernos, que ven en la desprotección del medio ambiente la receta necesaria para escapar de las consecuencias económicas de la crisis. En el ámbito internacional, han sido muchos los países que han tomado este camino. EEUU, eliminando a través de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) las leyes que protegían los ecosistemas de cualquier proyecto económico, fue uno de los primeros en dar el paso. También China, con una política postcovid basada en el incentivo del coche y la apertura de nuevas plantas de carbón.

La elección de desregular para tratar de escapar de la crisis económica del coronavirus, no en vano, también ha llegado a España, donde determinados Gobiernos autonómicos han aprovechado la coyuntura de emergencia para modificar leyes ambientales de ámbito regional. De Murcia a Madrid, pasando por Andalucía; estas son algunas de las medidas aprobadas durante el estado de alarma que podrían significar, entre otras cosas, una vuelta al ladrillo y una regresión en materia medioambiental.

Murcia y el "desmantelamiento" de las leyes ambientales

La Región de Murcia, gobernada por el Partido Popular de López Miras, ha aprovechado la coyuntura de crisis para aprobar dos decretos que, según denuncian las principales organizaciones ecologistas del país, "desmantelan" la política ambiental vigente. A través de estás dos medidas, el Ejecutivo conservador modifica la Ley de Puertos, la Ley de Protección del Suelo, la Ley de Vivienda y la Ley de Protección Ambiental Integrada.

La medida amplía los usos de los puertos deportivos y flexibiliza los criterios para la adjudicación de las concesiones a través de la modificación de los artículos 5 y 6 de dicha ley. Si bien es cierto que sí incluyen aspectos de ecoeficencia, la norma reduce las tarifas para obras, por lo que se promueve la construcción de nuevas zonas recreativas que podrían tener, según denuncian los ecologistas, alto impacto ambiental y paisajístico en el litoral murciano. Además de flexibilizar los criterios de adjudicación, la competencia para otorgar concesiones y licencias de explotación portuarias pasa de ser del Consejo de Gobierno Autonómico a depender exclusivamente del consejero de Fomento, lo cual reduce, según Ecologistas en Acción, "las garantías de imparcialidad y transparencia".

Por otro lado, se abre la puerta a un aumento de la contaminación en los procesos constructivos. Tanto es así, que la reforma permite que las ampliaciones de proyectos que ya cuenten con una evaluación ambiental no requerirán de un nuevo estudio, siempre que dicha modificación no implique un incremento superior al 30% de los vertidos y del 30% de las emisiones de CO2, unos porcentajes que se duplican con respecto a la normal anterior, ya que se situaban en el 15%. Asimismo, el decreto modifica las competencias en materia de evaluación ambiental que pasan del Gobierno autonómico murciano a depender de los Gobiernos municipales, "lo que excede de las capacidades de muchos ayuntamientos y además se reducen las ya escasas garantías de una evaluación independiente", según Ecologistas en Acción.

Andalucía y la vuelta del ladrillo

En Andalucía la situación de crisis ha permitido que la Junta convalide un decreto de mejora y simplificación de 21 leyes con la intención de fomentar la actividad productiva en la región. Se trata de una medida que, según explicaba el Gobierno Andaluz, viene a poner fin a "la maraña burocrática y el exceso de legislación" que suponen una barrera para el "crecimiento económico". Sin embargo, según han denunciado las organizaciones ecologistas, se trata de un paso más para "la desregulación ambiental".

El decreto, aprobado con los apoyos de PP, Cs y Vox, supone una vuelta a las políticas previas a la gran recesión de 2008, ya que elimina algunas restricciones urbanísticas y abre la puerta al ladrillo. Tanto es así, que la simplificación legislativa aprobada por la derecha andaluza reduce los plazos en la tramitación de planes urbanísticos, sustituye los Planes Especiales y Proyectos de Actuación sobre Suelo No Urbanizable para la construcción de minas o canteras por un simple "informe preceptivo", lo que elimina, según denuncia las organizaciones ambientalistas, la obligación de someter los planes a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

También se modifica la Ley del Sector Público de Andalucía y se permite, con el argumento de "dinamizar la economía", la privatización del patrimonio agrario público de la Junta. Además, la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático queda alterada en su esencia. Concretamente, se elimina la obligación del cálculo de la huella de carbono de los productos y los servicios prestados por las empresas. De esta forma, el registro del impacto ambiental se hará de manera voluntaria y el periodo en el que cada compañía presentaba sus datos se amplía de dos a cuatro años.

El deseo de "liberar el suelo" de Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dejó claro al inicio de la pandemia que la salida de la crisis económica, bajo su óptica, pasaba por "liberar el suelo" e incentivar proyectos inmobiliarios. En virtud de ellos, la dirigente del Partido Popular anuncio cambios en la Ley del Suelo para aligerar y dinamizar la aprobación de nuevos proyectos urbanísticos.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico de PP y Ciudadanos sustituirá las licencias urbanísticas por una mera declaración responsable, de modo que se reduzcan los plazos de concesión y los promotores puedan empezar a construir antes de tener una evaluación clara sobre el impacto ambiental del proyecto. Esta medida ha sido cuestionada por grupos como Ecologistas en Acción por la posible aparición de proyectos nocivos para el medio ambiente, pero también por los colectivos sociales en defensa de la vivienda como el sindicato de inquilinos, ya que consideran que se trata de una apuesta clara por el ladrillo y la especulación inmobiliaria como receta contra la crisis económica que se avecina.

La tramitación de la reforma de la Ley del Suelo que pretende realizar Ayuso se realizará por la vía urgente de modo que se eliminarán, según anunció la presidenta, los trámites burocráticos "innecesarios" que dificultan el trabajo del sector. Para Greenpeace, esto hace que la decisión sea aún más polémica, ya que se se suprimen trámites imprescindibles para la vigilancia, de modo que se desbloquearan, según las estimaciones realizadas por el grupo ecologista, cerca de 2.000 expedientes urbanísticos de forma inmediata y más de 30.000 a medio plazo.

Más espacio para los hoteles en Baleares

El Gobierno de PSOE Podemos y MES de las Islas Baleares también ha decidido eliminar restricciones al ladrillo para salir de la crisis económica. Tanto es así, que el pasado miércoles se aprobó un decreto con amplias medidas para atajar el impacto económico que la pandemia ha tenido en el archipiélago. Entre ellas destaca la ampliación de la edificabilidad de los hoteles hasta un 15%. El Ejecutivo balear, asimismo, permitirá agilizará los trámites de obras y se otorgarán licencias con una simple declaración responsable.

El decreto, no en vano, impide que los establecimientos que ya habían ampliado sus parcelas lo volvieran a hacer. Asimismo, la eliminación de procesos burocráticos se presenta con carácter temporal y hasta 2021, cuando las licencias y permisos volverán a ajustarse a las normativas previas a la pandemia. Desde la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo balear defendían la necesidad de la medida para garantizar que el sector hotelero se "adapte mejor a las necesidades de distancia personal derivadas de la crisis sanitaria de la covid-19".

Por su parte, desde la organización medioambiental mallorquina GOB denuncian el rumbo tomado por el Gobierno balear y cuestionan en un comunicado la necesidad de apostar por el turismo cuando precisamente este sector ha experimentado una caída a nivel global tras la emergencia sanitaria del coronavirus. "Queda claro que la voluntad del Gobierno, y de los tres partidos que son parte, no es en absoluto romper paradigmas ni inercias pasadas de un modelo obsoleto, sino continuar como siempre", argumentan en una carta abierta.

La Xunta tramita proyectos polémicos en plena pandemia

El Gobierno gallego de Núñez Feijóo (PP) por el momento no ha emitido decretos para modificar leyes de protección ambiental y urbanística. No en vano, desde la Xunta han procedido, en plena pandemia, a emitir una orden por la que se declaraban esenciales centenares de expedientes pendientes de tramitación. De esta forma, algunos proyectos de elevado impacto ambiental como el del parque eólico del Solpor, podrán reanudarse.

Tal y como denuncia Greenpeace, la mayoría de los 975 proyectos recogidos en la orden son ampliaciones de explotaciones ganaderas, vertederos y plantas de residuos, así como líneas de alta tensión y otras infraestructuras controvertidas por su impacto socioambiental, pero con una gran inversión detrás. 

El Ejecutivo de Feijóo calificaba en la orden dichos proyectos como "indispensables para la protección del interés general". Mientras, los sectores ecologistas denuncian en medios locales que la orden emitida en una situación de estado de alarma impide imposibilita la participación pública en el proceso y dificulta la presentación de alegaciones a aquellos proyectos que sean polémicos.