La polémica empresa Desokupa, conocida por llevar a cabo desalojos extrajudiciales, ha vuelto a saltar a los medios esta semana a raíz de la noticia de que el Ayuntamiento de Premià de Dalt (Barcelona) ha contratado sus servicios. El alcalde, Josep Triadó (Junts), lo ha justificado alegando que sólo hará una labor de asesoramiento, pero los líderes tanto de Junts como del PSC, el otro socio municipal, se han desmarcado de forma "frontal" de la decisión. Triadó apuntó que sólo actuarían en ocupaciones "mafiosas" pese a reconocer que no hay ninguna actualmente en el municipio.

La empresa liderada por Daniel Esteve, con experiencia en el sector de la seguridad privada y como portero de discoteca, se fundó en 2016 y ha protagonizado varias polémicas por sus actuaciones, que le han supuesto denuncias por coacciones y amenazas. A Esteve se le han atribuido vínculos con la ultraderecha.

El caso de Premià representa la primera vez que una administración pública les contrata. La mayoría de sus clientes, hasta ahora, eran fondos de inversión o bancos con pisos vacíos ocupados. El contrato municipal es de un año con un coste de 3.000 euros. El consistorio admite que la empresa utiliza métodos "alternativos", pero avisa de que en este caso las actuaciones irán siempre a cargo de la Policía Local e insiste en que el servicio contratado es sólo de asesoramiento, según informa la ACN.

Además, según defiende el Ayuntamiento, las prácticas de Desokupa consisten en la "resolución amistosa" del conflicto para evitar iniciar procedimientos judiciales. El alcalde insiste en que Desokupa ha recibido "muchas denuncias, pero ninguna condena" por los desahucios en los que ha participado. Triadó añade que las ocupaciones "sociales" las seguirá gestionando Servicios Sociales.

El método de la empresa consiste en visitar a los ocupas y, según defiende, mediar con ellos para que se marchen tras pagarles sumas que oscilan entre 1.000 y 2.000 euros. Unas actuaciones irregulares, siempre realizadas por hombres muy musculados vinculados al sector de la seguridad privada e incluso en algunos casos a la lucha profesional. El modus operandi le ha valido varias denuncias. Aunque ellos aseguran no utilizar la violencia, los inquilinos afectados han denunciado presiones e incluso "extorsión" para abandonar los inmuebles.

Coacciones en el Bloc Gayarre y "connivencia" con los Mossos

Desokupa no es la única empresa, pero quizás sí la más conocida, que ha nacido en los últimos años para echar a los ocupas que se instalan, principalmente, en pisos vacíos de los bancos o fondos de inversión que los han adquirido recientemente, en medio de una emergencia habitacional que va a peor.

Uno de los casos en los que participaron y que tuvo más eco fue el intento de desalojo del Bloc Gayarre, en Sants, en el 2019. Tres de las vecinas del bloque ocupado denunciaron que el propietario había enviado a los "sicarios, matones y criminales" de la empresa Desokupa para coaccionarlas.

Vecinas del Bloc Gayarre denunciaron amenazas y coacciones

Además, presentaron una denuncia en el juzgado de guardia contra el propio propietario y el dueño de Desokupa por amenazas y coacciones, tras una jornada en la que trabajadores de Desokupa insistieron a las familias que se marcharan de los pisos a cambio de ofertas económicas que los residentes rechazaron, según informa la ACN.

Una de las denunciantes explicó que los empleados de Desokupa llamaron varias veces a su puerta para ofrecerle dinero para marcharse y le llegaron a decir que sabían que ganaba 1.200 euros al mes y que la echarían "quiera o no". La oferta de Desokupa eran 3.500 euros, dos semanas de alojamiento en otro piso y un trastero, y ayuda en busca de un domicilio definitivo.

El Grup d'Habitatge de Sants y la Assamblea de Barri de Sants ocuparon el edificio del número 42 de la calle de Gayarre, que se encontraba vacía, para realojar a seis familias que se encontraban en situación de emergencia habitacional. Estuvieron negociando con el propietario un alquiler social pero rompió las conversaciones y avisó de que actuaría "por la vía judical o extrajudicial". El bloque fue finalmente desalojado en diciembre de 2020.

Otra de las polémicas giró en torno a la "connivencia" de los Mossos con la empresa, a raíz de un desalojo en el Poble Sec también en 2019, que forzó la comparecencia del entonces director general de la Policía, Andreu Joan Martínez. "No existe esa connivencia ni esa colaboración", sostuvo. El papel de los Mossos en este caso quedó cuestionado por varios vídeos. En uno de ellos se veía cómo un miembro de Desokupa se encaraba con uno de los detenidos en custodia policial, y Martínez explicó que habían abierto una investigación interna para averiguar de dónde habían salido las imágenes.

Además, Desokupa también ha afrontado las denuncias de los propios trabajadores, que hicieron públicas situaciones de explotación e impago y llevaron el caso a los juzgados.

Todo ello son métodos que no han hecho dudar al Ayuntamiento del Maresme a la hora de contratarlos, que apuesta por gestionar los nuevos casos de empleos con el asesoramiento de Desokupa para no llegar a los juzgados. El alcalde recuerda que la "lentitud" de la justicia agrava el impacto negativo de estos empleos para el municipio.

Antes de la contratación de Desokupa, el Ayuntamiento de Premià de Dalt ya había puesto cámaras de control de matrículas en todos los accesos del municipio y puso en marcha un equipo de serenos que lleva a cabo una empresa privada para vigilar al pueblo durante la noche, en zonas apartadas.