No existe una estadística oficial, porque en muchos casos la persona afectada no lo comunica, pero la aprobación de la ley de Protección de Seguridad Ciudadana, conocida como ley Mordaza, sigue afectando a la prensa casi tres años después de su aprobación.

Reporteros Sin Fronteras ya la señaló el pasado año como uno de los principales problemas para ejercer la libertad de prensa en España. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) también indicaba la censura camuflada que ejerce y señaló su afán recaudatorio, tras conocerse los datos del informe del Ministerio de Interior, con un total de 285.919 multas a la ciudadanía, por una suma total de 131.470.206 euros.

En el caso de la prensa, la última sanción conocida fue a dos periodistas de Sevilla mientras cubrían la Semana Santa, tras ser acusados de alteración del orden público. Sus casos se han archivado pero no por la causa en sí, sino por un error en los domicilios a los que habían dirigido las notificaciones a los afectados.

La amenaza de ser multados en el ejercicio de la profesión sigue sobre la prensa. Mientras, algunas periodistas aún esperan que sus casos encuentren una solución y, en otros, ha condicionado su forma de trabajar.

Periodista: Mercè Alcocer

Era el 20 de febrero de 2016 cuando Mercè Alcocer, periodista de Catalunya Ràdio, trabajaba en la Audiencia Nacional en la cobertura del caso Pujol. Su objetivo era conseguir declaraciones a la salida y recuerda cómo ella era la periodista que, por su posición, estaba más cerca de conseguirla ya en la calle. “Era la primera vez que iba a la Audiencia Nacional, y mi intención era correr detrás hasta obtener alguna declaración de Pujol. Así que, al verlo, salí corriendo tras él, lo normal, pero no imaginé que había una línea imaginaria que no podía traspasar”. Así se ve con claridad en un vídeo de TV3, que recoge ese justo instante. “En la imagen se ve cómo cuando me paran, yo me giro y no fuerzo”, comenta. “Después de aquello intenté llegar a la zona donde Pujol hacía declaraciones a la prensa, que era al otro lado, pero ya no me dejaron. Entonces una persona avisó a la policía que me impedía el paso de que me ficharan”. A las semanas llegó a su casa una carta con una multa de 601 euros. La razón, “desobediencia a agentes de la autoridad”, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Desde entonces inició un proceso de recurso junto con su empresa, en que el enviaron el vídeo de TV3 donde se observa que ella obedece al agente y da media vuelta, y otras imágenes aportadas por compañeros. Además solicitaron las grabaciones del circuito cerrado de la Audiencia Nacional, pero las negaron.

“El viernes 13 de abril, hace muy poco, me llegó una orden de apremio de 731 euros y me quedo de cuadros. Me indican que como la resolución no me la pudieron notificar en el domicilio anterior, me lo mandaban a esta. Y yo me pregunto… ¿qué domicilio anterior? Yo no me he movido y todo me lo han notificado a mi calle, excepto la resolución definitiva, que la notifican en mi misma calle pero en otro número. Ha sido todo muy surrealista. La resolución la mandan a otro piso, pero la de apremio bien que me la han enviado a la correcta”. Su abogado le ha aconsejado pedir una prórroga a Hacienda porque “sino me embargan en la cuenta corriente y vamos a pedir a Delegación del Gobierno todo el expediente para ver todo con detalle sobre esa notificación”.

Aquello fue en 2016, vamos por 2018 y Alcocer se siente cada vez “más indefensa ante la Administración, porque es una gran mole contra la que luchar es ser como Don Quijote contra los molinos. Es una sensación de impotencia, y eso le puede pasar a cualquiera. No he sido la única”, confirma. Desde entonces ha dejado de hacer cobertura de tribunales, que ya había hecho muchos años, por la inseguridad de que “no queda claro hasta dónde podemos trabajar. Es esa sensación de antaño… Yo recuerdo cuando Javier de la Rosa fue a declarar, los policías nos ayudaban, era otra relación, ahora es diferente. Esa ley ha convertido que ahora los cuerpos se vean con una fuerza que antes no tenían y eso te marca y te hace dar un paso atrás”.

Y más allá de lo que le ocurrió, Alcocer quiere dejar claras las consecuencias de todo esto: “Les han dado la patente de corso. El propio Defensor del Pueblo calificó de arbitraria aquella resolución en su último informe y pedía que la quitaran. Pasaron. Y lo siento, pero yo sospecho mucho de que la única vez que cambian mi notificación sea con su decisión definitiva, contra la cual yo puedo presentar recurso. No fui yo la que se mudó de sitio, son ellos quienes lo envían a otra dirección. Eso me genera una indefensión enorme y yo creo que una administración debe ser muy escrupulosa con todos procedimientos.”

Periodista: Cristina Fallarás

“Convoqué junto a Ctxt una manifestación por los periodistas asesinados en México, frente a su embajada. Era una convocatoria de urgencia y aquello estaba lleno de medios de comunicación, la acera estaba repleta de personas y micrófonos. Mientras era el acto de lectura del manifiesto, bajé de la acera a la calzada. La calle estaba cortada por la propia policía para que nos pudiéramos concentrar allí. Nada más bajar de la acera, porque no entrábamos, un policía me indicó que me subiera a la acera de nuevo”. Ese fue el detonante de que la periodista Cristina Fallarás se convirtiera en otra de las afectadas por la ley Mordaza. No daba crédito y respondió que ella no era la única que estaba sobre la calzada, porque la carretera estaba cortada. “Le dije que era un disparate, porque no cabíamos todos en la acera y allí mismo me dijo que me multaría por desobediencia a la autoridad. Pensé que era una broma, pero al cabo de dos semanas o tres, me llegó la multa de 600 euros”.

Fallarás comenta que en el informe la acusan de situaciones que ella no protagonizó. “Por ejemplo, se inventaron que yo había jaleado y gritado a la gente para que todo el mundo bajara a la calzada. Recurrí con testigos. Ni uno solo confirmó que yo hice eso, y aún así no retiraron la multa”.

Fallarás está curtida en ver mermada la libertad de prensa y recuerda cuando “el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) me acusó en Twitter de etarra, tras participar en un debate de Cuatro. Les dije que lo retiraran y desde entonces me llegaron más mensajes violentos, hasta las amenazas de muerte”. Los dos ataques pesan sobre esta periodista que sigue a la espera de saber qué ocurrirá con su multa por la ley Mordaza. “Si no me aceptan el recurso yo no puedo pagarla, de ninguna manera”, afirma.

Comenta que ni una cosa ni la otra le ha hecho dejar de trabajar, pero es muy consciente de que está ahí. “No dejo de hacerlo pero tampoco dejo de pensarlo. Por ejemplo, cuando voy con mi hija, por delante los policías paso con miedo porque mi cara la conocen. Modifica la forma de relacionarme con mi hija, modifica tu vida y la forma en que los demás te ven. De hecho, desde que me ocurrió todo esto, hay medios de comunicación que no me contratan y que me retiraron colaboraciones. No me he sentido apoyada al 100%”.

Para ella, todo este tipo de situaciones “tiene un componente de género brutal” también, y recuerda cómo en el caso del ataque del sindicato SUP, de todos los compañeros periodistas que había en la mesa que eran hombres “a la única que me llegaron amenazas fue a mí, por denunciar unas pintadas fascistas”.

Periodista: Natalia Díez

“Un día iba de camino al trabajo y me encontré con tres policías que hacían una identificación selectiva. Me paré a hacer unas fotos con el móvil y me increparon diciendo que no podía hacerlas. Yo les pregunté qué estaban realizando, por qué identificaban a aquellas personas, porque todas tenían unos rasgos comunes, eran extranjeros. Me respondieron que no podía preguntar eso”, así empezó el caso de Natalia Díez, periodista.

Tras aquella conversación, le indicaron que aquella operación de identificación se debía a un operativo antiterrorista y que ella no podía usar las fotos que había realizado. Ella respondió con otro par de preguntas sobre el operativo y ya le negaron cualquier tipo de información. Ahí se complicó todo más. “Me dijeron que yo no tenía que preguntarles nada, que si mi país no me gustaba que me largara y que me iban a multar por falta de respeto. En aquel momento me defendí porque les hice entender que preguntar no era nunca falta de respeto, pero me tomaron los datos y me dijeron que me marchara”, recuerda.

Afirma que desde el primer momento les trasladó a los policías que ella era periodista y que sabía cómo funcionaba todo, que ella no iba a publicar las fotos, aunque ellos les advirtieron que, de hacerlo, ejercerían una sanción al medio.

“Nunca llegué a publicar nada, pero la multa termina llegando a mi casa. Yo fui a reclamar y en el acta de denuncias ponía una serie de hechos y de frases que yo no llegué a pronunciar en ningún momento. Por ejemplo, indicaron que nunca especifiqué para qué medio trabajaba, cuando no me lo preguntaron, pero es que yo por entonces no trabajaba en un medio, sino en una Fundación como equipo de comunicación”, explica. La primera multa fue por falta de respeto, pero luego, a los seis meses, llegó la multa oficial por la conocida ley mordaza. En su caso, la razón era “obstaculización de tareas”. El coste total de la primera era de 100 euros, y la segunda, de 600 euros.

“Recurrí y resulta que no te pueden multar dos veces por el mismo hecho. Por orden de llegada, la primera carta que recibí fue la multa por falta de respeto. Me dieron la razón en que no podía ser multada dos veces por lo mismo, así que se anuló la multa de 600 y pagué la de 100 euros al final”, concreta, como final de su situación. De esta experiencia recuerda la confusión que sentía al hacer aquellas preguntas de consulta y las respuestas irrespetuosas que llegó a recibir. Desde entonces, reconoce que cuando hace una cobertura o se encuentra una situación similar a aquella vivida “me lo pienso dos veces”.