El acoso sexual en la Administración General del Estado (AGE) carece de cualquier tipo de estadística. No hay cifras que describan esa realidad ni guías de actuación que permitan hacerle frente de forma unificada. De ahí precisamente que representantes del Gobierno y sindicalistas tengan en su agenda la elaboración de un protocolo, enmarcado en el III Plan de Igualdad de la AGE que aprobó el Ejecutivo a finales de 2020. 

"Tenemos sobre la mesa un borrador", dice Eva Fernández, secretaria de Igualdad del sindicato CSIF. El próximo viernes, la representante de esta organización sindical –mayoritaria en el ámbito de la administración pública estatal– será una de las participantes del nuevo encuentro que celebrará la comisión de seguimiento del Plan de Igualdad de la Administración, en la que también estarán integrantes de la Dirección General de Función Pública y de los sindicatos UGT y CIG.

El borrador del que habla Fernández desembocará previsiblemente en un protocolo que sustituirá al aprobado en 2011, que nunca llegó a implementarse. "Al no haber protocolos oficiales cuesta encontrar datos específicos", resume la sindicalista de CSIF. "De eso nos quejamos: si no puedes ver cuál es el problema, no puedes poner soluciones", lamentó.

Estos reclamos también llegan desde Europa. En noviembre pasado, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO), un organismo independiente del Consejo de Europa que vigila el cumplimiento del Protocolo de Estambul, animó precisamente a las autoridades españolas a "recoger datos sobre el número de mujeres víctimas de acoso sexual en el trabajo, las denuncias presentadas por las víctimas y el resultado de tales denuncias".

Esos datos llegaron hace pocos días al Congreso, aunque limitados al ámbito de las Fuerzas Armadas: desde finales de 2015, en el ámbito castrense existen las denominadas Unidades de Protección frente al Acoso (UPA). Según consta en una respuesta remitida por el Ministerio de Defensa al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, tan solo el 4,8% de las denuncias por acoso sexual formuladas en el seno de las Fuerzas Armadas han derivado en sanciones.  

Medidas cautelares

En el caso de la Administración del Estado, el nuevo protocolo estará dirigido a establecer las vías que deberá seguir el personal que sufra acoso sexual o por razón de sexo. "Habrá personas concretas, dependiendo del ministerio en el que trabajes, a las que te podrás dirigir.  También vas a conocer el procedimiento y los plazos", apunta Fernández.

Entre otros aspectos, el documento que estos días se perfila en el ámbito de la comisión de seguimiento del Plan de Igualdad de la AGE ofrecerá "medidas cautelares" a las víctimas durante el tiempo que dure el esclarecimiento del caso. De esta forma, mientras la investigación esté en marcha las personas acosadas podrán solicitar cambio de despacho, teletrabajo u otras medidas que garanticen distancia respecto a la persona denunciada. Además, se establecerán mecanismos para garantizar que no existan represalias contra denunciantes  y testigos. 

Encuesta sobre acoso

En el marco de una campaña contra el acoso sexual en el trabajo realizada en 2019, el sindicato CSIF denunció entonces que, de acuerdo a los datos de una encuesta realizada a 4.000 personas, "el 50% de las trabajadoras de las administraciones públicas conviven a diario con situaciones sexistas". El informe destacaba además que "el 17% ha sufrido contacto físico no deseado" y el 9% había recibido correos electrónicos o mensajes "de naturaleza sexual".

CSIF señalaba además que el 40% había soportado "piropos o comentarios sobre la apariencia". Del mismo modo, la encuesta concluía que "el 86% no comunica estas situaciones a la organización, en su mayoría por desconocimiento de cómo hacerlo y miedo a represalias", mientras que "un 77% de las personas encuestadas confirman que no hay protocolos de acoso sexual en su centro de trabajo o no lo conocen".

Situaciones "graves o muy graves"

Recientemente, otra encuesta realizada por el sindicato CCOO en Extremadura indicaba que "más de un 43% de las trabajadoras" del sector privado en esa comunidad "dicen haber sufrido algún tipo de acoso sexual", mientras que casi un 19% "considera que estas situaciones vejatorias han sido graves o muy graves". El estudio, realizado en colaboración con la Universidad de Extremadura, concluía además que "los servicios, la asistencia sanitaria y de dependencia son los más afectados en el ámbito privado".