La Plataforma de Afectados por las Clínicas Dentales (Afecade) y la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) han presentado ocho denuncias colectivas, que agrupan a más de 150 afectados, contra la clínica iDental por estafa. Las denuncias, interpuestas en Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Valladolid y Las Palmas, persiguen como objetivos "inmediatos" recuperar los historiales médicos de los afectados y suspender los pagos pendientes a las financieras hasta que haya una resolución judicial, han informado las asociaciones en un comunicado.

Se trata de las primeras demandas colectivas presentadas por afectados por el cierre de la cadena de clínicas, cuyo impacto podría alcanzar a decenas de miles de personas, hasta 200.000, según ha indicado a Efe la abogada de Afecade, Ángela de Miguel. Hay afectados en 24 provincias de España, tantas como clínicas tenía iDental y ahora han cerrado, y solo en Valladolid, donde ya ha actuado la Fiscalía y un juez, se han recuperado 12.000 historiales clínicos, 8.000 de ellos con tratamientos inacabados.

Los denunciantes pretenden conseguir órdenes judiciales para que la Policía pueda entrar a las sedes cerradas de iDental y recuperar los historiales médicos de los afectados, algo "fundamental para saber qué intervenciones se han hecho ya y poder continuar los tratamientos", ha explicado la abogada. De Miguel ha asegurado que con las denuncias colectivas interpuestas ahora están "dando las herramientas a fiscales y a jueces para que puedan dictar resoluciones con carácter urgentísimo" que permitan recuperar dicha documentación.

Por su parte, el Consejo General de Dentistas ha pedido a la Justicia que intervenga en las clínicas para que se puedan recuperar las historias clínicas. Además, la organización colegial, presidida por el doctor Óscar Castro, ha solicitado la colaboración de las consejerías de Sanidad para custodiar los expedientes de los pacientes afectados ante la dificultad para gestionar el gran volumen. Para Castro, con el acceso a los expedientes "se podrá elaborar un protocolo de información unificado para los pacientes damnificados, que podrán acudir tanto a los Colegios como a las asociaciones de consumidores para ser informados".

La segunda vía que persiguen las demandas es la de consumo, pues muchos de los afectados habían contratado préstamos con entidades financieras. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha instado a esas entidades a dejar los préstamos en suspenso. En este sentido, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha argumentado que "las financieras saben que no pueden seguir cobrando estos créditos vinculados y, sin embargo, siguen cargando los recibos", de modo que los afectados no pueden emplear ese dinero en acabar sus tratamientos en otros odontólogos.

A partir de ahora se abren tres posibles vías jurídicas: reclamar a las financieras por esos préstamos; reclamar a las compañías de seguros si se aprecia negligencia en los tratamientos, y, como última opción, actuar contra la Administración. "Probablemente, la Administración no haya ejercido bien la función de control y vigilancia con las clínicas de iDental, porque hace tiempo que se conocía la existencia de irregularidades, quejas y denuncias sobre el funcionamiento y no se ha hecho nada", han informado ambas asociaciones denunciantes.