Más de medio centenar de organizaciones sociales, entre ellas la PDLI y Amnistía Internacional y los sindicatos UGT y FeSP, han registrado en el Congreso una petición de reforma del Código Penal para conseguir una "derogación completa de los llamados delitos de expresión".

En declaraciones a Efe a las puertas del Congreso tras registrar la solicitud, la secretaria general de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Yolanda Quintana, ha instado a los diputados a dar transparencia a la tramitación parlamentaria del proyecto de revisión anunciado por el Ministerio de Justicia.

"Los derechos humanos no pueden entrar en la negociación política ni en los cálculos partidistas", ha resaltado Quintana tras recordar que España está incumpliendo los estándares internacionales sobre la libertad de expresión, como han advertido la ONU y la UE. La representante de la PDLI ha subrayado la "relación inequívoca" entre democracia y libertad de expresión, de tal modo que una se mide en función de la otra.

Asimismo, ha indicado que merecen especial protección las opiniones que chocan, disturban y pueden parecer repugnantes a una mayoría de la sociedad. La presidenta de la PDLI y también directora de Público, Virginia Pérez Alonso, ha remitido una carta a la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, en la que señala que según los compromisos internacionales a los que España está sujeta es necesario ese urgente cambio legislativo.

El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, ha dicho a Efe que urge la reforma para que la opinión deje de ser delictiva, pues solo podría serlo si se incita "directamente" a cometer un delito o se facilitan los medios para ello.

"Los límites deben ser siempre muy restrictivos, lo han dicho centenares de sentencias", ha enfatizado Yanel. El manifiesto registrado en el Congreso de los Diputados está firmado también por Reporteros Sin Fronteras, Hay Derecho y otras asociaciones y colegios profesionales, así como por centenares de catedráticos y juristas a título individual.

"La condena a Pablo Hasel por el contenido de sus canciones y de sus tuits constituye una clara vulneración de los derechos fundamentales", resaltan en el manifiesto, así como rechazan "la utilización de la legislación antiterrorista para censurar discursos políticos extremos".

En línea con lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para valorar una opinión, "lo que importa no es solamente lo que se dice, sino también quién lo dice, a quién se dirige y en qué contexto se dice", recuerdan los firmantes.