No vivir en el centro de Madrid no significa necesariamente estar a salvo de los efectos nocivos de la contaminación. En algunos casos sólo significa sufrir los mismos efectos, pero sin saberlo. Ciudades como Granada, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Lleida, Murcia o Santander son algunos ejemplos. Según los datos disponibles en el Visor de Calidad del Aire del Ministerio de Medio Ambiente, todas ellas han venido registrando en los últimos días episodios de alta contaminación similares a los que se suceden periódicamente en la capital. Pero ninguna de ellas ha tomado ni una sola medida y, en la mayoría de los casos, ni siquiera se ha informado a la población.

Los picos de contaminación se han sucedido además con dos de las sustancias más peligrosas: el dióxido de nitrógeno -derivado del tráfico rodado- y las partículas en suspensión PM10, relacionadas directamente con muertes prematuras, cáncer de pulmón, afecciones respiratorias, cardiovasculares e ingresos hospitalarios.

Concretamente, entre el 15 y el 19 de noviembre, hasta seis ciudades –Madrid, Salamanca, Guadalajara, Barcelona, Sevilla y Zaragoza- superaron los límites legales establecidos para el dióxido de nitrógeno (200 microgramos por metro cúbico). Los límites legales de los contaminantes suelen ser mucho más laxos que los establecidos por la Organización Mundial de la Salud, pero en el caso del dióxido de nitrógeno coinciden. Es decir, respirar aire con concentraciones superiores a los 200 microgramos es peligroso para la salud. Todas las ciudades citadas anteriormente lo hicieron. Y después de Madrid, que registra los niveles más altos, Salamanca alcanza los casi 250 microgramos.

Gráfico de las principales ciudades españolas que han superado los niveles legales de contaminación por NO2. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Por su parte, los umbrales legales para las partículas en suspensión PM10 (situados en 50 microgramos por metro cúbico) se han sobrepasado en A Coruña, Granada, Zaragoza, Madrid, Murcia, Sevilla, Barcelona, Valladolid, Talavera de la Reina, Santander, Avilés, Bailén, Puertollano, Lleida, Valencia y Huelva.

Gráfico de las principales ciudades españolas que han superado los niveles legales de partículas PM10. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

“Es un problema de muchas administraciones antes una obligación legal y moral que no se está atendiendo y que les puede terminar pasando factura política”, señala en conversación con Público Miguel Ángel Ceballos, portavoz de Ecologistas en Acción y coordinador de los informes sobre Calidad del Aire que cada año realiza la organización.

De todas las urbes que han sufrido picos graves de contaminación en los últimos días, sólo los ayuntamientos de Madrid y Valladolid han informado a la población y han tomado medidas sobre el tráfico. Del resto, la mayor parte no cuenta si quiera con un protocolo de acción a corto plazo para medidas urgentes por polución y las que los tienen no los han cumplido.

Es el caso de Valencia, donde se han duplicado los valores límites de partículas en suspensión PM10 durante varios días, y sin embargo no se ha puesto en marcha el protocolo adoptado por la ciudad recientemente. El Ayuntamiento no lo ha considerado necesario al atribuirlo a obras en la vía pública o a la quema de paja de arroz en la Albufera.

También es el caso del Área Metropolitana de Barcelona, dependiente de la Generalitat, donde según el protocolo vigente, se alcanzaron los niveles de referencia para un aviso preventivo que nunca se hizo.

Otros protocolos, como los establecidos por el Principado de Asturias para las ciudades de Gijón y Avilés, son mucho menos estrictos. Allí es necesario superar los umbrales durante al menos tres días seguidos para tomar medidas, algo que en Valladolid, por ejemplo, queda restringido a un día.

Según las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminación produce en España más de 24.000 muertes prematuras al año, unas 15 veces más de las que se producen por accidentes de tráfico. Además, y según otro informe publicado el año pasado por el Banco Mundial, el coste sanitario derivado de una mala calidad del aire en nuestro país asciende a los 50.000 millones de dólares al año, un 3,5% del PIB.