Dos informes internos que alertan de posibles riesgos sísmicos -uno del CSIC y otro del Instituto Geológico de España, ambos dependientes del Ministerio de Energía-, la advertencia del Defensor del Pueblo estatal y la petición expresa del Defensor del Pueblo andaluz para la “suspensión definitiva” “en todos sus tramos” del proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana no han convencido al Gobierno de Mariano Rajoy para frenar o repensar el proyecto.

El departamento que dirige el ministro Álvaro Nadal acaba de reactivar el gasoducto situado en el subsuelo del mayor Parque Natural de España con una subvención de 6,3 millones de euros para Gas Natural, empresa responsable del proyecto. El Ejecutivo de Susana Díaz estudia ya la fórmula jurídica para tratar de paralizar el gasoducto en los tribunales.

El pasado verano, este diario adelantó dos informes del Ministerio de Energía (uno de ellos perteneciente al CSIC) que advertía de que el Gobierno central había “infravalorado los riesgos sísmicos” del proyecto de Gas Natural próximo a Doñana (similares a los seismos que provocó el almacén de gas de la plataforma El Castor en Castellón en 2013). Los investigadores concluían que no se habían tenido en cuenta las “afecciones negativas” cuando se otorgó la autorización definitiva al proyecto gasístico en marzo de 2016.

El Ministerio de Energía ha ignorado los informes del CSIC y del Instituto Geológico que el Gobierno andaluz consideró la “puntilla definitiva” al polémico gasoducto. Las conclusiones de los investigadores sobre el terreno no desmontan, a juicio del Ejecutivo central, los permisos y autorizaciones medioambientales que recibió en su día el gasoducto, incluidos los que concedió la Junta de Andalucía (sólo para el primero de los cuatro tramos que tendrá el tubo).

Tras analizar los citados informes, el Gobierno de Díaz envió “un requerimiento previo al ejercicio de acciones judiciales en el Contencioso Administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente para que revise las Declaraciones de Impacto Ambiental que se dieron a los cuatro subproyectos en los que se divide el gran proyecto de almacenamiento de gas entre 2010 y 2013”.

No hubo respuesta oficial a dicho requerimiento hasta hace unos días, cuando la Junta encontró ya publicado en el BOE la concesión de una subvención de 6,3 millones de euros para continuar con el plan de almacenamiento de gas en Doñana. La orden de peajes del gas aprobada para 2018 recoge, entre otras medidas, el pago por el uso y disponibilidad de los almacenamientos de gas que hay en España, entre ellos el de Marismas Occidental, ubicado en el Parque Nacional. “En ningún caso se trata de una recompensa o subvención, sino del pago a una infraestructura del sistema gasista idéntico al de las tuberías o al de las regasificadoras”, explican fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Huelva.

La nueva inversión estatal desmonta también la versión que ha manejado el Ejecutivo andaluz en los últimos meses, a saber: “que los trabajos en el primer y único tramo construido del gasoducto estaban paralizados y que no había actividad alguna”. El ayuda va destinada precisamente a esta parte, el resto de proyectos “necesitan algún acto de control administrativo adicional por lo que una eventual autorización del Ministerio de Energía solo se consideraría si éstos llegan a otorgarse”, advierten desde el Gobierno.

La clave de la discrepancia entre la visión del Gobierno central y el andaluz respecto al polémico gasoducto está en que la evaluación sobre posibles riesgos sísmicos se ha hecho sobre cada tramo del tubo, y no sobre todo el proyecto en su conjunto, que ocupará 72 kilómetros y tendrá hasta 16 pozos de extracción de gas del subsuelo de Doñana. Sólo el primer tramo tiene autorización y está en ejecución, los otros tres (fuera del parque) aún necesitan permisos.

El Defensor del Pueblo reprocha a la empresa Gas Natural que tramitase por separado los cuatro tramos del gasoducto para así sortear una una evaluación conjunta de los riesgos y la posibilidad de un veto administrativo que afectase al proyecto en su totalidad. Doñana es el Parque Natural con mayor valor ecológico del país, por sus 108.087 hectáreas y por su biodiversidad, que motivó su declaración como Patrimonio de la Humanidad en 1994. Gas Natural ha denunciado a la Junta de Andalucía en los tribunales por daños patrimonales a raíz de la paralización de los otros tres tramos de gaseoducto en Doñana, y le reclama 358 millones de euros de indemnización.