La Constitución española otorga la máxima protección a las libertades individuales, como las de expresión y reunión, y solo una situación límite puede amparar su suspensión. Un extremo que no se daba en el acto de Madrileños por el derecho a decidir que iba a desarrollarse en un espacio del Ayuntamiento de Madrid y que el juez José Yusty anuló, aceptando el recurso del PP.

Así opinan las expertas juristas consultadas por este medio, que critican que el magistrado ha retorcido el derecho para adaptarlo a su ideología política.

"Es un auto absolutamente fuera de lugar, no respeta los derechos constitucionales de libertad de expresión y reunión y los restringe con una medida cautelar, que en cuestiones sobre derechos fundamentales se dan muy excepcionalmente", explica Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona.

"Es una decisión que está muy marcada por una visión ideológica del derecho", continúa la jurista, y detalla que el juez Yusty cita artículos de la Constitución sobre la integridad de España en su auto, pero no menciona ni una sola vez las libertades de expresión y reunión, ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que llama a darles la máxima protección.

"Los jueces lo que tienen que hacer es dar la mayor efectividad a los derechos fundamentales, y solo restringirlos si no hay otra posibilidad, como cuando se contraponen intereses generales como la seguridad nacional", opina Queralt.

La asociación de Madrileños por el derecho ha decidir ha comunicado que trasladarán el acto a otro lugar, pero las juristas no aceptan las tesis del juez, que considera que un acto a favor de la autodeterminación no puede celebrarse en un espacio público. Ana Varela, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, considera que el hecho de el Constitucional haya suspendido la ley de referéndum catalana "es algo totalmente secundario".

"Es como cuando se manifiestan los franquistas"

"Una cosa son los actos preparatorios del referéndum y otra es un acto de libertad de expresión en apoyo a la consulta. No tiene nada que ver. Lo único que se exige es respetar los procedimientos previstos en la Constitución, no la adhesión a los contenidos constitucionales. De hecho el texto permite su entera reforma", expone Valero: "Es como cuando se manifiestan los franquistas en el aniversario de la muerte de Franco".

Coincide en el posicionamiento de las profesoras Patricia Goicoechea, abogada de Rights International Spain. "El Constitucional no ha suspendido la libertad de expresión, bajo la que se puede debatir sobre las propias resoluciones del Tribunal", recalca Goicoechea, que destaca que "la resolución está poco argumentada", ya que el juez Yusty no da ningún detalle sobre el contenido del acto que motive una suspensión de la libertad de expresión, más allá de su título.

"Dice en el auto que el acto debe ser suspendido por ser contrario a la Constitución. No, lo que es contrario a la Constitución es su auto", concluye Ana Valero.