Hace dos meses y medio el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas visitó España para analizar los aspectos concernientes a la justicia, la reparación y la memoria de las víctimas de la dictadura. El informe fue demoledor para el Estado español y todos los partidos que han ocupado la presidencia desde 1970. La ONU pidió a España que dejara de usar la Ley de Amnistía de 1977 como excusa para no investigar las desapariciones forzadas del franquismo y reclamó una investigación de oficio 'exhaustiva e imparcial' que culminara con graves condenas a los responsables de esos delitos, así como la reparación y rehabilitación adecuadas de las víctimas.

La respuesta del Gobierno fue rápida. El mismo día que el Grupo de Trabajo de la ONU avanzó sus conclusiones, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, señaló que el Ejecutivo estudiaría 'con absoluto cuidado y atención ' las recomendaciones del organismo internacional. Sin embargo, nada ha cambiado en el panorama político español para las víctimas de la dictadura. Al menos, para mejor y, desde entonces, todo ha sido silencio al respecto.

En la llamada querella argentina, la Fiscalía ya ha adelantado que, bajo su punto de vista, España no puede extraditar a los presuntos torturadores Jesús Muñecas y José Antonio López Pacheco, alias 'Billy el Niño', asegurando que los delitos de los que son acusados en Argentina ya habrían prescrito en base a la Ley de Amnistía de 1977. Así, el Ejecutivo ha dejado a cero euros el presupuesto para que las asociaciones de memoria puedan continuar su labor de exhumación de los cientos de miles de cadáveres que siguen en las cunetas de todo el territorio estatal y ha hecho desaparecer la Oficina de Atención a las Víctimas de la Guerra Civil.

Por este motivo, la Plataforma por la Comisión de la Verdad ha iniciado este martes una campaña para exigir que las instituciones se comprometan a cumplir las resoluciones de la ONU y ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para solicitarle una entrevista con las víctimas y proponerle un pacto de Estado en base a las resoluciones de las Naciones Unidas.

 “Apelamos a su sensibilidad democrática para que ponga en marcha las medidas necesarias para impulsar un gran acuerdo nacional que concluya en la constitución de una Comisión de la Verdad que emane de las Cortes. Una solución adoptada por más de cuarenta países de todo el mundo que, como nosotros, han sufrido dictaduras, violaciones masivas de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad”, recoge la carta que ha sido enviada por la Plataforma a Mariano Rajoy, que también califica de “injustificable” que el Estado no establezca los mecanismos necesarios para que se cumplan las recomendaciones de la ONU.

En la misiva, la Plataforma por la Comisión de la Verdad también ha mostrado su “preocupación” por el nuevo proyecto de Ley orgánica del estatuto de la víctima del delito que está elaborando el Ejecutivo. En este sentido, la Plataforma espera que las víctimas de la dictadura y de la Guerra Civil sean incluidas dentro del proyecto porque sino  “se institucionalizarán dos categorías de víctimas en España: unas con todos los derechos y el reconocimiento que merecen y otras abandonadas a su suerte y sin ningún derecho”.

Cristina Almeida, ex diputada de IU, ha estado presente en la rueda de prensa de presentación de esta campaña y ha querido recordar que “España es el segundo país del mundo con más muertos en las cunetas”. “Nuestra frágil democracia se está construyendo por encima de los muertos que ayudaron a defender un gobierno democrático como el republicano. Queremos que se reconozcan a todas las víctimas y no sólo a las que la Iglesia considera caídos en la Cruzada”, ha señalado Almeida.

La campaña que la Plataforma por la Comisión de la Verdad ha comenzado este martes con la carta al presidente del Gobierno continuará en las próximas semanas y a lo largo de los primeros meses del año 2014. A través de ella, la Plataforma se dirigirá a todas las instituciones del Estado español desde el Consejo General del Poder Judicial a la Fiscalía pasando por el Tribunal Supremo y el Congreso de los Diputados con un mismo mensaje: hagan caso a las recomendaciones de la ONU.

Asimismo, de manera paralela la Plataforma se dirigirá al Parlamento Europeo para que no el Estado español no pueda pasar página de “los crímenes contra la humanidad” cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura y tenga que reconocer “a las víctimas”.