José Ángel Fuentes Gago fue jefe de gabinete del entonces Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, aunque este jueves ha explicado su cargo en la dirección en aquel momento como un puesto de "analista". En este juicio Gago declara como testigo, pero tanto él como Pino están imputados en la pieza 'Kitchen' del caso Villarejo que está aún por enjuiciar.

En la actualidad sigue en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, pero "liberado" como miembro del Sindicato Profesional de Policía (SPP). Precisamente, Villarejo fue directivo de este sindicato hasta 1983 y José Ángel Fuentes Gago fue presidente desde 2006 hasta 2013, año en que vuelve al servicio activo dando el relevo a su primo José Antonio Calleja Fuentes, en la presidencia del influyente SPP quien en 2021 cesa en el puesto para para ocupar una plaza bien remunerada en el Tribunal de Cuentas. Según ha declarado, en mayo de 2014, Gago se incorpora a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) en "comisión de servicios" (que lleva dietas asociadas) donde permanece hasta agosto de 2015 (aunque desde el 1 de enero ya estaba con plaza adjudicada).

El interrogatorio del fiscal Miguel Serrano se ha basado en el famoso informe que elaboró Gago para que, según su relato, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pudiera responder en sede parlamentaria sobre las actividades de Villarejo. Una comparecencia que se producía como consecuencia de las informaciones publicadas por El País sobre el entramado empresarial del comisario los días 9 y 11 de marzo de 2015, y el 8 de abril de 2015.

El escrito de Gago, que se reproduce al final de este artículo íntegramente, ha sido calificado por su autor como una "información reservada" encargada de forma directa por el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Según ha relatado, Gago se lo entregó en mano a Cosidó en presencia del subdirector de Recursos Humanos. No obstante, en ningún momento ha dicho ni se le ha preguntado en qué fecha concreta se produjo dicha entrega ni tampoco ha aportado prueba alguna de que sucediera.

Sí se tiene constancia, sin embargo, gracias a un oficio firmado por propio Gago y aportado al sumario del archifamoso caso del Pequeño Nicolás, de la entrega del informe al entonces Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, el 20 de abril de 2015, el día previo a que llegara al Juzgado de Instrucción nº 2 de Madrid que instruye dicho caso.

Este informe de 9 folios contenía dos conclusiones sobre la actividad privada desarrollada por Villarejo que no guardaban relación con la sucesión de párrafos previos con normativa administrativa, extraídos de diferentes sentencias según ha declarado. Estas dos conclusiones y la existencia o no de soporte fáctico para las mismas es lo que ha centrado todo el interrogatorio a Gago.

La primera de estas conclusiones recoge que "la actividad desarrollada [por Villarejo] se puede incardinar en lo que son actividades excluidas del régimen de incompatibilidades". Y la segunda se centra en que el comisario cumple con los parámetros de compatibilidad de actividades privadas con su función como funcionario policial pues "su actividad no supone un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes. Guarda respeto absoluto al horario asignado al puesto de trabajo que desempeñe y no tienen relación con asuntos relacionados o que se refieran a las actividades que desarrolle en el Cuerpo Nacional de Policía o que sean de su competencia".

En su comparecencia de este jueves en la Audiencia Nacional, Fuentes Gago ha asegurado que para elaborar las dos conclusiones usó como únicas fuentes lo que le dijeron verbalmente "en el ámbito de la DAO" y lo que Villarejo manifestó a la DAO por escrito acerca de la naturaleza de sus negocios en el mes de marzo tras conocer que se había encargado dicha información reservada.

Pero Fuentes Gago no sólo ha declarado sobre las fuentes origen de esas conclusiones. A preguntas y repreguntas del fiscal ha reconocido que no contrastó por otras vías nada de lo que le dijeron en la DAO ni de lo que había manifestado Villarejo. No consultó, por ejemplo, fuentes públicas y accesibles como son el registro mercantil o el de la propiedad, y tampoco accedió siquiera a las webs de Villarejo como ya informó Público y le ha remarcado en sala el fiscal. Un extremo este que ya puso de manifiesto con anterioridad el propio juez instructor Manuel García Castellón con ocasión de una declaración anterior de Fuentes Gago.

Como ya lo hiciera el juez, el fiscal Miguel Serrano ha remarcado a Gago que una simple búsqueda de internet le habría permitido ver que las empresas de Villarejo llevaban a cabo investigaciones privadas y anunciaban como un valor añadido sus vínculos institucionales con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como puede verse en la imagen inferior.

Un informe a todo correr para que el ministro saliera del paso en el Congreso

El interrogatorio del fiscal Serrano se ha centrado en saber quién encargó ese escrito de abril de 2015 a Gago que él define con el nombre técnico policial de "información reservada y por qué motivo se ordenó se hiciera. Gago ha asegurado en la sala que fue el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, el que solicitó su elaboración y afirma que tenía como fin que el ministro del Interior de aquel momento, Jorge Fernández Díaz, o su entonces secretario de Estado, pudieran responder en el Congreso tras el revuelo causado por las informaciones periodísticas que se estaban conociendo en esos días sobre el entramado societario de Villarejo.

Sobre este punto, Gago ha insistido en repetidas ocasiones que ese escrito fue elaborado a toda prisa y con el único objetivo de que el ministro pudiera salir del paso.

A preguntas y repreguntas del fiscal, el inspector ha negado que se le encargara investigar el entramado de Villarejo y su actividad porque insiste que se le pide "una información reservada en un estricto marco administrativo". Y añade: "A mí no me competía la investigación penal". Además, Fuentes Gago ha señalado que no acudió a ninguna otra fuente más allá del propio ámbito de la DAO o Villarejo porque "no era la función de una información reservada. De verdad. Yo no tenía que ver si tenía empresas o no tenía empresas, si estaban bien o mal constituidas, era un expediente administrativo, por favor."

El fiscal, sorprendido y no satisfecho con las explicaciones del inspector, ha repreguntado si realizó alguna comprobación aparte de lo que le dijera el señor Villarejo, a lo que Fuentes Gago ha respondido: "No, no tuve tiempo porque me dijeron que necesitaban el informe ya porque tenía que comparecer el ministro o el secretario de Estado por esa información y que tenía que hacer ese informe como estuviera".

A raíz de esta respuesta, el fiscal Serrano ha planteado al inspector si a Ignacio Cosidó "no le importaba el contenido [del informe], sino solo un informe para comparecer en sede parlamentaria". Ante estas cuestiones sobre Cosidó, Gago ha respondido con evasivas. Acerca de esta cuestión y como Público ya informó, conviene recordar que Cosidó declaró en la comisión del Congreso, con relación al asunto 'Kitchen', que no "no era de su competencia", "ni era su función" estar informado de cómo se funcionaba en la Policía con relación a las investigaciones.

El fiscal continúa con el interrogatorio e insiste una y otra vez en la naturaleza del trabajo que se encargó a Gago: "Usted tenía que averiguar si las actividades que desarrollaba Villarejo requerían una autorización de compatibilidad o eran compatibles o no, ¿cierto?". Una pregunta directa a la que Gago ha respondido: "No, lo que tenía que averiguar si desarrollaba o interfería su actividad empresarial con su actividad policial y a tenor de lo que me manifestaron [verbalmente] en la DAO no interfería".

Afirmaciones falsas desmentidas incluso por los DAO

El que fuera jefe de gabinete de Pino ha tratado de defender en todo momento su "información reservada" y los motivos que le llevaron a insertar las conclusiones mencionadas, si bien insiste, en ocasiones, que el escribió el informe con lo que "le dijeron que tenía que poner" en el "ámbito de la DAO".

Así, ante preguntas de la defensa del comisario Villarejo, ha declarado que desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO) le aseguraron que esas sociedades habían sido utilizadas "en alguna ocasión" por la policía. "Me lo manifestaron en la Dirección. Me dijeron que esas empresas en alguna ocasión se habían usado para actividades policiales", ha afirmado.

De esta forma, ha venido a tratar de avalar la manida tesis de Villarejo que constituye, además, una de sus principales líneas de defensa: la tesis de que su grupo empresarial, CENYT, era en realidad una suerte de tapadera que usaba para dar cobertura a servicios de naturaleza policial para sus superiores. Algo que, en los días previos a la declaración de Gago, en esa misma sala judicial, volvieron a desmentir los tres DAO aún vivos bajo cuyo mando estuvo Villarejo: Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y el propio Eugenio Pino. 

La falsa afirmación de que las empresas de Villarejo se crean en su etapa de excedencia

Gago ha afirmado también en la Audiencia Nacional que se dio por satisfecho con la explicación proporcionada por Villarejo en cuanto al objeto de sus empresas (que el comisario le describió como mera gestión patrimonial) y al origen de las mismas (periodo de excedencia 1983-1993). Por ello, ha asegurado, no vio nada de interés que reseñar.

Sin embargo, muchas de las empresas y/o negocios activos durante los años que fue policía en activo tras su periodo de excedencia, que finaliza en 1993, se crean después de ese año. Si se analizan las sociedades del comisario ahora jubilado se comprueba que se configuran bien como negocio nuevo sobre una sociedad preexistente (caso del bufete Stuart Mackenzie SL creado en 2011 por la vía de modificar el objeto social y la denominación de la matriz real de todo el entramado), o bien como empresa de nueva creación caso de la sociedad Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (anagrama Cenyt) que funciona como buque insignia y fue constituida en 1996, o la sociedad Servicios de Información y Detección SL constituida también cuando era policía en activo en 2008.

Para mantener la idea de que no crea empresas mientras esta en activo, el comisario alega en ocasiones que no están a su nombre (en muchas puso al frente a su mujer, Gemma Alcalá, o a su segundo, Rafael Redondo) si bien ya desde su primera declaración en sede judicial en el caso del Pequeño Nicolás el propio comisario ha definido su grupo como un conjunto de sociedades "familiares", que funciona con "unidad de caja" y donde él da instrucciones. Es decir, según la jurisprudencia mercantil, las características típicas de lo que se conoce como "grupo de sociedades" (unidad de caja, decisión y confusión de patrimonios) donde es él quien tiene, de facto, el control.

Fuentes Gago también se ha referido a los beneficios económicos que recibía Villarejo de sus empresas como uno de los criterios que tuvo en cuenta para concluir que su actividad privada no era incompatible con su condición de funcionario de policía. Según declara el inspector al fiscal y a los letrados de las acusaciones Villarejo no percibía ninguna remuneración de sus empresas porque todo "lo reinvertía". Una afirmación que sustenta siempre atendiendo a lo que este le manifestaba el comisario y a las declaraciones del Impuesto de la Renta donde solo aparecía "su retribución policial".

Gago no hizo ninguna comprobación adicional porque, según ha repetido una y otra vez, él no verificaba debido a que, siempre según sus palabras, no era el encargo encomendado. Sin embargo, una simple comprobación en registros públicos (registro de la propiedad y registro mercantil) le hubiera desvelado que las empresas de Villarejo eran las propietarias y las que mantenían los inmuebles en los que el comisario residía, así como de los vehículos, sus líneas privadas de teléfono, etc.

Gago habla de un informe "privado" que los medios dieron por bueno

Gago se siente "utilizado" y declara no entender la razón por la que los medios de comunicación dieron tanta credibilidad a un informe "que ha dado la vuelta al mundo", ya que, según sus palabras, "no tenía validez puesto que –ha recalcado– el entonces director general de la policía (en referencia a Cosidó) no había emitido ningún tipo de resolución tras su recepción ni validándolo, "cerrando la 'información reservada'", o rechazándolo, "incoando un expediente" a Villarejo.

Según su relato, Cosidó se lo encarga de forma "privada" y él se lo entrega de forma "privada" en presencia del subdirector de Recursos Humanos.

Acusa a Javier Ayuso de El País de publicar una filtración y saca a colación un informe del Sepblac fantasma

Fuentes Gago ha aprovechado su declaración para apoyar una de las principales estrategias de defensa del comisario que no es otra que la de solicitar la anulación de la causa Tándem alegando que toda ella tiene su origen en una investigación prospectiva que no ha lugar puesto que las actividades del comisario ya fueron tratadas anteriormente y fueron objeto de archivo en 2016.

Así y tras decir que es Ignacio Cosidó quien le encarga la "información reservada" porque entra dentro de "sus funciones", Fuentes Gago relata al fiscal que es su jefe directo, el entonces DAO Eugenio Pino, quien le da directrices y quién le indica que, debido a la urgencia, lo redacte hasta donde sepa y que "estuviera tranquilo" porque ya él (Pino) había encargado por otro lado una serie de acciones sobre el asunto de Villarejo en el ámbito penal a raíz de un supuesto informe del Sepblac del que la DAO había tenido conocimiento o habría recibido.

Este supuesto informe del "Sepblac" al que, según Gago, Pino hace referencia y que hasta ahora nadie ha visto ni ha sido incorporado a ningún procedimiento (ni en Tándem ni en el caso Nicolás), es el que Villarejo menciona una y otra en sus agendas y al que se vienen refiriendo las defensas de los imputados del caso Villarejo como la base documental sobre la que descansaría el informe específico de 7 de abril de 2016 sobre Villarejo firmado y emitido por Asuntos Internos ya bajo el mando de Francisco Migueláñez y que defienden que fue "archivado" en dicho año y, por tanto, no ha lugar nuevas investigaciones.

Pero la realidad es muy diferente. El citado informe de asuntos internos se emite el 7 de abril de 2016 y tras ser 'peloteado' por tres instancias fiscales (que no archivado) se guardó en un cajón hasta que Público lo sacó a la luz en exclusiva en febrero de 2017.

De acuerdo con su capítulo introductorio, este informe fue elaborado por la unidad que ya dirigía Francisco Migueláñez a raíz de darse "traslado a esta Unidad de concretas informaciones que ponen de manifiesto la posible implicación de un funcionario policial en operaciones relacionadas con actividades de blanqueo de capitales", citando expresamente como origen de dichas informaciones a la Comisaría General de Policía Judicial tras acometer un análisis preliminar.

De la lectura pausada y minuciosa de este informe de 7 de abril de 2015 que tiene 148 folios de extensión no se infiere que dato alguno proceda del Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac). Todos los datos que se consignan proceden de bases abiertas o de otras de acceso restringido, pero con acceso permitido a la policía judicial o la unidad de Asuntos Internos que elabora el informe. En ninguna hoja se cita el Sepblac como fuente. Como mucho, solo un dato incluido en una frase, que además es vago y difuso, pudiera proceder, hipotéticamente, de algún informe del Sepblac y no necesariamente centrado en Villarejo.

Para reforzar la idea de una actuación torticera contra Villarejo, en no menos de cinco ocasiones Gago ha atribuido a una filtración procedente el Juzgado de Instrucción nº 2 de Madrid que instruía el caso Nicolás, la fuente de las informaciones de El País de marzo, abril y junio de 2015 sobre las empresas y trasvases opacos de capitales del comisario Villarejo y que firmaba el periodista Javier Ayuso.

Es falso. Los miles de ciudadanos españoles familiarizados con bases de datos del registro mercantil y de la propiedad y con conocimientos básicos de análisis financiero pueden verificar fácilmente que el primer artículo reproducía las pantallas que ofrecía a la fecha una conocida base de datos del registro mercantil (a la que está suscrita el diario El País y también Público) sobre los cargos presentes y pasados del comisario Villarejo en empresas con sede en España.

No es difícil deducir, si se tienen nociones de finanzas, que el resto de artículos están elaborados mediante técnicas financieras forenses con base en los depósitos de cuentas y notas literales de la mayoría de sus empresas españolas, documentos, todos ellos, de libre disposición en el registro mercantil para cualquier ciudadano. Pero es que, además, cuando el comisario demandó al periodista Javier Ayuso por las informaciones publicadas, la justicia falló que la información publicada procedía de un minucioso trabajo de análisis y recopilación de datos de fuentes abiertas y fidedignas (información mercantil y financiera del registro mercantil) y que lo publicado no solo era "veraz" sino cierto.

Por último, y con relación a la declaración del jefe de gabinete del DAO en la Audiencia Nacional, cabe destacar que Fuentes Gago fue premiado por con una agregaduría de interior en la embajada de España en Holanda, retribuido con más de 10.000 euros mensuales. Su mujer también funcionaria de policía tenía un destino en dicho país. 

Informe del inspector José Ángel Fuentes Gago con fecha 20 de abril de 2015:
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