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Los trabajadores de la sanidad protestan contra la privatización y el plan de "médicos empresarios"

Concentraciones en los hospitales públicos madrileños para denunciar la derivación de servicios a centros privados y la nueva 'gestión clínica'de los presupuestos, aprobada por el Ministerio de Sanidad

SABINA ORTEGA

'En Sanidad, ni empresas, ni médicos empresarios'. Con este lema diversas concentraciones se han presenciado en algunos de los hospitales madrileños para denunciar dos cuestiones que están afectando gravemente al sector: las derivaciones de citas a clínicas privadas y el plan de gestión clínica, aprobado por el Ministerio de Sanidad.

Cientos de pacientes han vivido esta situación: llaman a un Hospital para una cita y acaban siendo derivados a un centro privado. Esta situación es la que denuncia Antonio Gómez, miembro de la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública (CAS), 'es un sistema de planificación para desmontar lo público, dejando en los hospitales sólo aquellos servicios que no son rentables'.

'Ayer mismo, me llamaron ofreciéndome siete u ocho clínicas privadas para operarme de cataratas porque había una lista de espera muy grande. Mentira, sólo quieren que me vaya a un médico privado', denunciaba Mariano, un paciente del Hospital Gregorio Marañón. Este es uno de los centros que ha realizado concentraciones, junto con otros seis hospitales más.

El Hospital Universitario de la Princesa fue uno de los primeros en movilizarse y hoy también ha realizado concentraciones en su puerta principal. Los manifestantes han protestado frente a la puerta del edificio, entre cánticos como ' Mariano Rajoy, no le des más vueltas, robando a los de abajo, no te saldrán las cuentas' o 'González, ahora sí tendrás que dimitir porque has engañado al pueblo de Madrid'. 

Los asistentes denuncian que en este centro se está procediendo a la restricción de muchos servicios como aparatos de diapositivas, la derivación de pruebas de diagnósticos y la reducción de camas y personal. Marta Hidalgo, una usuaria de estas prestaciones, es crítica con la derivación a consultas privadas 'nos mandan fuera, pero debemos negarnos y manifestar que queremos que nos atiendan por la pública, es nuestro derecho'. 

Una 'privatización encubierta' en la que las listas de espera y agendas 'están mermadas' y las plantillas ' se disminuyen, lo que supone una justificación perfecta para poderlos derivar' incide Franciso Javier Montero, portavoz del sindicato FESITESS. 'Mientras, seguimos asistiendo al desmantelamiento de los hospitales, como el Carlos III, que una parte se trasladará a la Paz pero muchos ámbitos se quedarán sin atender a sus competencias básicas', asevera Montero.

Otra de las denuncias que destacan desde CAS es la transformación de los médicos en empresarios. Desde esta organización aseguran que el Ministerio de Salud está llevando a cabo un plan mediante el cual 'los centros sanitarios se transformen en unidades de gestión clínica'.

 

La concentración realizada esta martes en el hospital madrileño Gregorio Marañón

El pasado julio, el Ministerio firmó un pacto junto al Foro de la profesión médica, sindicatos y sociedades científicas, denominado 'Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Nacional'. Este documento contempla la posibilidad de que los médicos gestionen la Sanidad, lo que supone la propia organización de los beneficios y el presupuesto, ganando incentivos si se consigue un ahorro del presupuesto. 

Para ello, 'los profesionales de este sector, siguen siendo funcionarios pero ganan incentivos en el caso de que se reduzca el presupuesto. Mediante la eliminación de servicios, menos material, menos trabajadores...', afirma Antonio Gómez, miembro de la CAS. 

'Ahora llegará la segunda fase, en la que el médico pide una excedencia y deja de ser funcionario', asegura, 'para luego crear una sociedad profesional externa que gestione el presupuesto público, de manera privada'. Un presupuesto de 70.000 millones que el Ministerio de Sanidad contempla dejarlo a manos de una 'gestión clínica', modificando el Estatuto Marco para ello y permitiendo la entrada de las empresas privadas, según denuncia CAS.

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