El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha emitido dos recientes informes que cuestionan la autorización ambiental que el Gobierno de Mariano Rajoy concedió a Gas Natural el año pasado para almacenar gas en el subsuelo próximo al Parque Nacional de Doñana (Huelva). Ambos informes, a los que ha tenido acceso Público, coinciden en subrayar que no se realizó una evaluación geológica del proyecto del gasoducto y denuncian que “se infravaloraron los riesgos sísmicos” que comporta para el entorno natural. Uno de los informes pertenece al Instituto Geológico y Minero de España y el otro fue redactado por técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ambos órganos dependientes del ministro Luis de Guindos.

La explotación de yacimientos de gas en Doñana se viene realizando desde hace más de 30 años, sin que ni el Gobierno central ni la Junta de Andalucía hayan detectado hasta ahora efectos adversos. La multinacional Gas Natural logró en 2010 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Ejecutivo de Zapatero, así como la autorización ambiental unificada de la Junta de Andalucía para explotar el primer tramo del gasoducto (desatando grandes protestas de los ecologistas).

El gasoducto completo prevé alcanzar los 72 kilómetros, pero el proyecto se subdividió en cuatro tramos, que se tramitaron por separado para esquivar una evaluación conjunta de los riesgos y que la posibilidad de un veto administrativo afectase al proyecto en su totalidad. Esa es una de las conclusiones del informe del CSIC: “Debido a que los cuatro proyectos actúan sobre el mismo acuífero y el mismo sistema de placas y fallas, consideramos que el riesgo sísmico que representa este proyecto es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener su aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto (incluyendo los cuatro subproyectos en que se subdividió) sea valorado adecuadamente por un equipo científico independiente y multidisciplinar, tal como se ha procedido en el pasado con otros proyectos o problemas que podían afectar a la conservación de Doñana, por ejemplo las actuaciones tras el vertido tóxico de Aznalcóllar o el estudio realizado sobre los impactos esperados del dragado del Guadalquivir”, reza el informe.

Ahora sólo existe autorización ambiental del Gobierno para el tramo más pequeño del gasoducto, el que ya existía, aunque los dos informes mencionados no sólo desaconsejan continuar con los otros tres tramos, sino que cuestionan que se le diera luz verde al primer almacenamiento de gas. Tanto el Instituto Geológico como el CSIC coinciden en que las administraciones debieron tener en cuenta el efecto que causaría el gaseoducto en su conjunto, y no por separado. “En lugar de presentar un único proyecto se dividió en cuatro proyectos aparentemente independientes (que se identifican según cuatro áreas de aplicación: Saladillo, Marisma Occidental, Marisma Oriental y Aznalcázar), sin tener en cuenta que los cuatro afectan al mismo acuífero (subsistema acuífero AImonte-Marisma) y los cuatro se desarrollarían sobre el mismo sistema de placas y fallas”, avisa el CSIC sobre el proyecto de Gas Natural en Doñana.

Los dos informes concluyen que el Ejecutivo central “infravaloró” los riesgos sísmicos del gasoducto próximo a Doñana -similares a los seísmos que provocó el almacén de gas de la plataforma Castor en Castellón en 2013- y advierten de que no se tuvieron en cuenta las “afecciones negativas” cuando se le concedió la autorización definitiva al proyecto gasístico en marzo de 2016. “Los hechos acaecidos con la puesta en marcha de la inyección de gas en la plataforma Castor demuestran que el proceso de inyección de gas puede provocar movimientos sísmicos y que su valoración debería haberse incluido en la declaración de impacto ambiental”, reza el informe del CSIC.

El antecedente de Castor

La plataforma Castor, situada a 21 kilómetros de las costas de Vinaròs (Castellón), se erigió para explotar un antiguo depósito natural de petróleo bajo el mar. El proyecto, autorizado por el Gobierno de Zapatero en 2008, era muy similar al que ese mismo año inició sus trámites en las proximidades de Doñana: inyectar gas natural al subsuelo para almacenarlo y así poder disponer de él en épocas de escasez, cuando los precios del mercado fluctúan al alza. En 2013, los pueblos de la costa más cercana a Castor sintieron temblores de magnitud 4 en la escala de Richter. El Ejecutivo de Rajoy ordenó paralizar los trabajos de la plataforma basándose en un dictamen científico del Instituto Geológico y Minero de España, que años antes había emitido otro informe favorable sobre el mismo proyecto.

Uno de los científicos que advirtió de los riesgos sísmicos de Castor antes de que se produjeran los terremotos fue el doctor Miguel de las Doblas, investigador del CSIC en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Sus conclusiones cuestionaban la decisión del entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, de seguir adelante con el almacenamiento de gas en las costas de Vinaròs. Cuando estas advertencias salieron a la luz, sus superiores en el CSIC amagaron con expedientarle. “Me dijeron que no se me ocurriera hablar con la prensa en nombre del CSIC, que el CSIC no se moja en estos temas”, recuerda. Por eso, Doblas se ha “quedado a cuadros” cuando hace dos días vio que su nombre aparece en un informe oficial, con membrete del CSIC en Andalucía, alertando sobre los riesgos sísmicos del gasoducto de Doñana.

El delegado territorial del CSIC en Andalucía y Extremadura ha cogido partes de un escrito que Doblas elaboró hace un año comparando la situación sísmica de Castor con la de Doñana. Esta vez el científico firmó aquel informe a título personal, sin mencionar su puesto como investigador del CSIC para evitar otra reprimenda. El documento también está firmado por José Manuel Cantó Romera, doctor en Geología y exalto cargo de Medio Ambiente en el Gobierno andaluz, y Julio Barea, portavoz de Greenpeace. “Lo que contamos allí es que los temblores en Castor fueron un juguete comparado con lo que puede pasar en Doñana. Esa zona del Parque Natural representa un riesgo extremo, porque la corteza de Doñana es un polvorín sísmico. Inyectar gas ahí debajo es una absoluta aberración”, explica a Público.

El informe oficial que el CSIC ha elaborado sobre el gasoducto de Doñana cita a Doblas vinculándolo, esta vez sí, a la institución para la que trabaja: “La Estación Biológica de Doñana no cuenta con geólogos entre su personal, pero el riesgo sísmico que representa el Proyecto Gaseoducto de Doñana ha sido analizado por el Dr. Miguel de las Doblas Lavigne (investigador del CSIC en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid) y colaboradores”, dice el documento. Y continúa: “En su informe, el Dr. Doblas indica claramente que “las zonas costeras españolas y portuguesas del Golfo de Cádiz presentan una neotectónica activa con abundantes evidencias de terremotos y tsunamis recurrentes” y se señala la necesidad de que el estudio de impacto ambiental del proyecto Gaseoducto de Doñana incluya un minucioso estudio geofísico/tectónico que evalúe el riesgo sísmico debido a las plataformas de extracción/inyección de gas natural”.

El autor de dichas palabras, “perplejo” porque nadie le haya consultado, cree que este informe “enmienda por completo” la autorización ambiental que el Gobierno concedió al proyecto de Gas Natural hace un año. Desde el Ejecutivo andaluz sugieren que “se está buscando una excusa” para “dar carpetazo” al proyecto e indemnizar a la compañía.

La inspección de los geólogos

Pero el CSIC no es el único organismo oficial que ha evaluado la situación sobre el terreno. Un equipo de diez técnicos del Instituto Geológico y Minero de España, liderados por el jefe de la unidad de Sevilla, Carlos Mediavilla, ha inspeccionado el entorno del gaseoducto de Doñana planteando riesgos similares a los sucesos de Castor. “El hecho de no incluir en la Declaración de Impacto Ambiental los riesgos sísmicos que la inyección de gas podría implicar en esta zona indica que la valoración del riesgo de contaminación del acuífero se ha realizado ignorando el efecto de dicho riesgo sísmico; esto es, asumiendo unas condiciones de estabilidad geológica que podrían haber llevado a infravalorar el riesgo de contaminación del acuífero. Esta omisión es muy preocupante, pues sugiere que los riesgos no se han estudiado en profundidad”, reza su informe.

Consultado al respecto, Mediavilla resta gravedad a esta evaluación y asegura ahora que “la situación de Castor no se parece a la de Doñana”. Su equipo evaluó los riesgos desde distintas variables, y sí advirtió de que “las consecuencias geológicas del proyecto completo de almacenamiento no se habían estudiado bien”, pero afirma que “la empresa [Gas Natural] ya está solventando el riesgo sísmico”.

El CSIC elaboró este informe a petición del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que recibió las conclusiones el mes pasado y decidió ponerlas en conocimiento de la oficina del Defensor del Defensor del Pueblo Español, para que ésta elevara una queja formal a los ministerios de Industria y de Medio Ambiente, alertándoles de los riesgos detectados en el Parque Nacional de Doñana. Son los mismos responsables del CSIC, autores de este informe, quienes invitan a Maeztu a ponerse en contacto con los compañeros del Instituto Geológico y Minero para conocer de primera mano sus conclusiones. Mediavilla ha recibido esta misma semana la solicitud del Defensor del Pueblo Andaluz pidiéndole una copia de su evaluación, y éste ha elevado la consulta a la oficina central en Madrid.