Opinión · Con negritas
Ilusiones y esperanzas sobre la estafa filatélica
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Se cumplen hoy dos años desde la intervención judicial de Fórum Filatélico y Afinsa, que destapó uno de los mayores escándalos fi-nancieros de los últimos tiempos. Desde entonces, más de 460.000 familias luchan por recuperar los 4.600 millones de euros que invirtieron a través de esas dos empresas en sellos que valían mucho menos. Los tribunales, que con tan poca diligencia desarrollan su trabajo en España como acaba de poner de manifiesto la inspección del Poder Judicial, no han dicho aún la última palabra.
Este aniversario coincide con dos hitos en el proceso. Los antiguos clientes de Fórum han sido informados esta misma semana de que la venta de activos permitiría devolverles algo más de la mitad de su dinero. Por otra parte, la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha aceptado a trámite la demanda por supuesta responsabilidad patrimonial del Estado en el fiasco de Arte y Naturaleza, sociedad dedicada también a la inversión en bienes tangibles, lo que sienta un precedente favorable para las iniciativas que en el mismo sentido han tomado las víctimas de la estafa filatélica.
La noticia de la liquidación de los bienes de Fórum conviene tomarla con cautela, porque parece una lastimosa reedición del cuento de la lechera. Según quienes han realizado la tasación, el valor de inmuebles, obras de arte, sellos… puede sumar del orden de 1.200 millones de euros, siempre que se vendan de forma ordenada, en un plazo de cinco años. El problema estriba en que, en la actual situación económica, la enajenación de ese patrimonio no va a ser fácil, por mucho empeño que se ponga en ello.
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Para activarla hay un requisito previo: que los afectados firmen el correspondiente convenio de acreedores. No hace falta que todos den su visto bueno (son casi 270.000): basta con que quienes lo hagan representen al menos el 50% de la deuda de Fórum.
Adherirse al convenio exige un acto de fe, pero no implica renuncia alguna a los derechos adquiridos por aquellos que decidan firmarlo. Podrán seguir pleiteando contra el Estado si lo consideran oportuno, porque mientras no se les resarza por completo del quebranto sufrido tendrán derecho a reclamar una compensación. Otra cosa, por supuesto, es que la justicia les reconozca ese derecho.
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