Impuestos, déficit y empleo

VICENÇ NAVARRO

La nueva sabiduría convencional es que, en momentos de recesión como el actual, no hay que subir impuestos, pues ello reduciría la capacidad de compra de los ciudadanos, disminuyendo la demanda de productos y servicios, y con ello la capacidad de estimular el crecimiento económico. Esta postura está ampliamente extendida en España, lo cual explica la reacción negativa que la propuesta del ministro de Fomento, José Blanco, ha tenido en centros financieros y empresariales del país y en los mayores partidos de la oposición conservadora y neoliberal en las Cortes españolas. Ello forzó a la vicepresidenta segunda del Gobierno socialista español, Elena Salgado, a clarificar que el Ejecutivo no piensa subir los impuestos sobre la renta, excepto en pequeñas variaciones, para conseguir mejorar su equidad.

La evidencia existente, tanto en EEUU como en la Unión Europea, no avala, sin embargo, los supuestos que apoyan tal sabiduría convencional. Es cierto que los impuestos sobre el consumo (como el IVA) pueden reducir la demanda. Ahora bien, incluso en este caso, su impacto reductor de tal demanda depende mucho del tipo de consumo que se grave. La experiencia en EEUU muestra que, como resultado de la enorme polarización de las rentas y su gran concentración en unos sectores muy minoritarios de la población, la gravación del consumo de lujo apenas ha afectado a su demanda, lo que demuestra que la crisis apenas ha tocado a las rentas superiores. Es una lástima que el Gobierno no haya sido suficientemente sensible en este punto, al no centrarse más en el consumo de las clases más adineradas.

Pero el mayor problema no es este. Que los impuestos reduzcan la demanda depende no sólo del origen de los fondos públicos, sino del destino de tales fondos. Si el Estado gasta estos fondos en reducir el déficit, por ejemplo, el impacto en el crecimiento económico es menor e indirecto. Se asume que la reducción del déficit aumentará la confianza de los mercados financieros y reducirá los intereses de los pagos de la deuda, lo cual permitirá mayores inversiones y mayor gasto público. Esta es la mayor justificación para reducir el déficit.

Sin desmerecer la importancia de este argumento, el hecho es que se basa en la fe y en la esperanza de que las cosas ocurrirán de esta manera. Pero lo cierto es que las dudas que existen acerca de la economía española radican no tanto en el déficit público, como en su escaso crecimiento económico. Creerse que se reactivará la economía a través de la reducción del déficit (conseguido a través de reducciones de gasto público e impuestos que afectan predominantemente al consumo de las rentas medias y bajas) es un error que se incrementaría todavía más con las propuestas de los partidos conservadores-neoliberales de la oposición, que van incluso más allá y desean reducir también los impuestos sobre la renta.

En realidad, lo que debería hacerse es aumentar la progresividad de los impuestos, tanto los del consumo como los de las rentas, incrementando notablemente los impuestos sobre el consumo de lujo y sobre las rentas superiores, corrigiendo además el enorme fraude fiscal (que beneficia principalmente a tales rentas). El aumento de los ingresos al Estado debería gastarse predominantemente en crear empleo, que es la intervención pública más eficaz para estimular la demanda y el crecimiento económico, corrigiendo los dos mayores problemas que tiene la economía española; es decir, las bajas tasas de ocupación y el elevado desempleo. De ahí la enorme importancia y urgencia de que existan políticas redistributivas que permitan al Estado transferir fondos de las rentas altas a las rentas medias y bajas mediante la creación de empleo por parte del Estado (central, autonómico y local), sobre todo en áreas como en la infraestructura social (en los servicios públicos del Estado del bienestar), en la física (sistemas de transporte público) y nuevas áreas productivas ecológicas, que permitan aumentar la cohesión social y la eficiencia económica del país.

La evidencia de la superioridad de esta estrategia sobre la que se está siguiendo, no sólo en España, sino en la mayoría de países de la UE, es abrumadora. Basta con ver los datos. Los países del norte de Europa, de tradición socialdemócrata, son los países que tienen mayor carga fiscal (la de Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia es equivalente al 47%, 48%, 42% y 42% del PIB, respectivamente). También son los que cuentan con una mayor progresividad de tal carga, de manera que son los que tienen menos desigualdades sociales en Europa. Estos elevados ingresos se invierten en las infraestructuras sociales y físicas, creando ocupación, bien a través de los servicios del Estado del bienestar, bien a través de servicios que faciliten la integración de la mujer al mercado de trabajo (lo que llamé en su día el cuarto pilar del

bienestar; es decir, escuelas de infancia y servicios domiciliarios), aumentando la ocupación. Como consecuencia de ello, son países con elevadísimas tasas de empleo (Suecia, 72,2%; Dinamarca, 75,7%; Noruega, 76,8%, y Finlandia, 68,7%) y bajo desempleo, mucho menor que el promedio de la UE-15 (9%).

Los países del sur de Europa están en el polo opuesto. Son estados que han estado gobernados históricamente por las derechas y cuyas izquierdas gobernantes han tenido en sus áreas económicas una orientación escasamente keynesiana. Como consecuencia, tienen una carga fiscal muy baja (España, Grecia y Portugal tienen una carga fiscal del 33%, 31% y 36% de PIB, respectivamente, habiendo incluso descendido este año al 30% en España, el más bajo de la UE-15), una gran regresividad fiscal, unas enormes

desigualdades (las mayores en la UE-15), un Estado del bienestar subfinanciado, una tasa de ocupación muy baja (España, Portugal y Grecia tienen unas tasas de ocupación del 59%, 61,3% y 66%, respectivamente) y un desempleo elevado, mayor que el promedio de la UE-15. A la luz de tal evidencia, es

preocupante ver que el equipo económico del Gobierno parece resistirse a corregir estos enormes déficits.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy

en The Johns Hopkins University

Ilustración de Javier Olivares