El archivo de la represión

FÉLIX POBLACIÓN

El Gobierno de España va a solicitar a la Unesco que el archivo de la represión franquista, ubicado en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, sea declarado Memoria de la Humanidad. Conformarían esa memoria los tres millones y medio de fichas policiales que, una vez concluida la Guerra Civil, contribuyeron a generar la dura y masiva represión que caracterizó a la dictadura. Si se tiene en cuenta que la población de nuestro país apenas superaba entonces los 26 millones de habitantes, la magnitud proporcional de ese archivo es ciertamente considerable.

La puesta en marcha de tan exhaustiva, intensa y profusa tarea represora partió de la creación en 1938 de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos por parte del bando rebelde. Su objeto fue apropiarse de la incautación de todo tipo de material documental, verificada por el ejército franquista a medida que avanzaba militarmente y dominaba aquellos territorios conquistados a la República. En su mayor parte pertenecía a instituciones, asociaciones y demás entidades comprometidas con la defensa del régimen legal y democráticamente constituido. Posteriormente (1944), ese órgano administrativo pasó a llamarse Delegación Nacional de Servicios Documentales, dependiente de la Presidencia del Gobierno, encargada de elaborar esos tres millones y medio de fichas en los que constaban los antecedentes políticos de quienes iban a comparecer en los Tribunales de Responsabilidades Políticas, los Tribunales de Depuración de Funcionarios y el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

En ese fichero se encuentran todos aquellos ciudadanos que, con anterioridad al golpe de Estado de 1936 o durante el desarrollo del conflicto armado, estaban afiliados a sindicatos obreros, partidos de izquierda, logias masónicas, asociaciones laicas, ateneos libertarios, casas del pueblo y demás entidades consideradas delictivas a partir de la imposición del régimen franquista. Bastaba una carta, un carné, una fotografía de grupo, una colaboración en un periódico, o hasta la posesión de un boleto en una rifa significada por su carácter ideológico, para ingresar en ese fichero. También se especifica en cada tarjeta el desempeño militar ejercido durante la Guerra Civil.

Tan escrupulosa y concienzuda labor represora contó con el asesoramiento de la Gestapo y las SS, según un acuerdo suscrito en julio de 1938 por el general Martínez Anido y Himmler, algo en lo que Franco estaba muy interesado desde el año anterior. Su objetivo era crear una policía política similar a la impuesta por el nazismo en Alemania, calificada por los Tribunales de Núremberg como “la más perversa y cruel de las conocidas en el siglo XX”. Según cuenta Ros Agudo en su libro La guerra secreta de Franco, Himmler visitó España en 1940 y el Estado franquista reconoció su colaboración con la concesión de la Gran Cruz Imperial del Yugo y las Flechas.

La vida de más de tres millones de españoles y sus respectivas familias quedó marcada en la larga posguerra por la existencia de esas fichas, cuya existencia y significación ignoraron muchos de los afectados. Para no pocos, esa documentación comportó la muerte ante los pelotones de fusilamiento, epílogo funesto que siguió a la resentida y cruel paz proclamada por los vencedores, mientras que para una gran mayoría supuso años de cárcel, destierro e inhabilitación profesional. Bien está, por lo tanto, que un material que tantísimo sufrimiento amordazado gestó en los hogares de los vencidos ocupe por fin el lugar que merece en la Memoria de la Humanidad, pues sólo la memoria de quienes se opusieron a la privación de la democracia y la libertad debe ser reconocida como honroso patrimonio del ser humano.

Sucede, sin embargo, que la declaración del archivo de la represión franquista como Memoria de la Humanidad tendría que soportar una insólita paradoja por su lugar de emplazamiento. Ciertamente, Salamanca y su Centro Documental de la Memoria Histórica son la ciudad y entidad más idóneas para que dicho archivo esté localizado y sea motivo de recordación y difusión. Pero la capital del Tormes es hasta el día de hoy una de las pocas en España que dispensa a Francisco Franco el título de alcalde de honor y medalla de oro de la ciudad, gracias a la resistencia del Partido Popular que la gobierna y que por cuatro veces se opuso con su voto a la propuesta del Partido Socialista para que se le retirara al dictador tal título y concesión, según se acaba de hacer en Ávila con la abstención del PP. Asimismo, la efigie de Franco tallada en piedra figura entre los medallones de reyes y otras figuras eminentes de la historia que caracterizan las arcadas de la Plaza Mayor, sin que el alcalde de la ciudad parezca dispuesto a cumplir con lo estipulado en la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007. (Cada 20-N, el medallón es preservado con un plástico a modo de envase al vacío, para evitar los potenciales botes de pintura/protesta que pueda originar su permanencia).

Estamos, por lo tanto, ante la inconcebible y esperpéntica paradoja de que el archivo de la represión, sito en una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad, pueda ser declarado Memoria de la Humanidad por la Unesco y que el Ayuntamiento del Partido Popular de Salamanca siga dispensando honras al represor, artífice máximo de ese archivo con la colaboración de las agencias de represión “más perversas y crueles del siglo XX”.

Félix Población es Escritor y periodista

Ilustración de Mikel Casal