Un testigo llamado 'Rocío'

?

Ricard Vinyes

Historiador

Ilustración de Jordi Duró

En algún día de 1976 un hombre y una mujer cruzaron la frontera que divide Portugal y Andalucía. Llevaban consigo algo del dinero recaudado en el Centro de Intervenção Cultural de Lisboa con la programación de cine político prohibido que organizaban regularmente para los españoles que, desde las zonas cercanas a Portugal, se desplazaban a su capital para conocer la filmografía que la dictadura excluía en las salas de su país. Hombre y mujer cruzaron la frontera porque llevaban en la cabeza diversos proyectos de intervención cultural que deseaban desarrollar en el contexto efervescente de aquel 1976. Entre esos proyectos habitaba una estrella: realizar un documental sobre la romería mariana del Rocío. El resultado marcó sus vidas, nos orienta hoy en la comprensión de los procesos sociales relativos a la memoria pública, y testifica sobre las zonas grises de nuestro Estado de derecho. Todo eso ha generado Rocío, el documental que Fernando Ruiz Vergara construyó con el guión y la gestión de Ana Vila, con la recaudación derivada de aquellos ciclos de cine político prohibido, y con la aportación de amigos diversos en su papel de humildes y entusiastas mecenas de a pie.

Averiguaron las raíces de la romería, su razón y su vida sostenida por la actividad militante de sus Hermandades, la relación que estas habían mantenido, por medio de la religiosidad popular, con los mecanismos de poder social, cultural y político locales, su función en la República, en la guerra.

Almonte. Allí se instalaron en busca de testigos diversos. Las pesquisas levantaron incomodidades porque cruzaban la omertá. Anduvieron caminos que rebasaron silencios llevados de la mano de informantes generosos; fueron al lugar y el momento más sagrado donde la comunidad se encuentra siempre, un entierro, y allí les mostraron, uno a uno, el rostro y el nombre de los que habían participado en la represión directa de la localidad aprovechando la sublevación militar de 1936, que conllevó un centenar de asesinatos fraguados en la cólera de la élite agraria local por la pérdida de poder político y autoridad, y por su rechazo a la redistribución de la tierra preparada por la legislación republicana. A pesar de ello, esta élite, con don José María Reales Carrasco al frente –su alcalde en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, y fundador de la Hermandad del Rocío de Jerez– siempre habló de agravios a la virgen, de humillaciones en forma de azulejos retirados del Salón de Plenos del Ayuntamiento. Banderas marianas y voces devotas alzadas para encubrir conflictos de intereses.

El documental de Ruiz Vergara y Ana Vila creció aunque José María Reales Cala –alcalde franquista en tiempos e hijo de Reales Carrasco– les advirtió que tuvieran cuidado con lo que hacían.

Rodaron a lo largo de 1977, y al año siguiente montaban la cinta con una escena donde un testigo, Pedro López Gómez, evocaba a Reales Carrasco como uno de los responsables de los asesinatos políticos en Almonte. Ruiz Vergara, consciente del problema que podía acarrear aquella información, omitió el nombre en la banda sonora y colocó una cinta negra sobre los ojos de Reales Carrasco cuando aparecía la fotografía de su rostro en pantalla.

En 1980 la cinta estaba lista, y el 18 de julio el cine Astoria, de Alicante, la ofrecía al mundo. La andadura fue mal, nadie quería exhibirla en Andalucía. Sin embargo, en octubre, el I Festival Internacional de Cine de Sevilla galardonaba Rocío. Fue entonces cuando las amenazas se tornaron realidad. El 23 de febrero de 1981, 19 días más tarde de la exhibición de Rocío en el cine Bellas Artes, de Madrid, José Mª Reales Cala interponía una querella por injurias graves a la memoria de su padre, ya que aparecía como un instigador al asesinato político. El juez ordenaba el secuestro de la película.

El juicio se celebró el 15 de junio de 1983. Durante el proceso, el tribunal desestimó la declaración directa de 17 testigos dispuestos a ratificar las palabras de Gómez Clavijo. Tras sendos recursos, la condena dispuso dos meses de arresto, 50.000 pesetas de multa, más diez millones en concepto de responsabilidad civil a entregar a la familia por injurias graves y la prohibición de exhibir el documental si no era suprimido el fragmento donde aparecía la fotografía de Reales Carrasco. Los detalles los cuenta Alejandro Alvarado en un excelente trabajo académico de la Universidad de Málaga para quien quiera conocerlos. De esta investigación de Alvarado saco la cita de los considerandos con los que Luis Marzal Vivas, ponente del Tribunal Supremo, argumentó la ratificación de la condena: “Es indispensable inhumar y olvidar si se quiere que los sobrevivientes y las generaciones posteriores a la contienda, convivan pacífica, armónica y conciliadamente, no siendo atinado avivar los rescoldos de esa lucha para despertar rencores, odios y resentimientos adormecidos por el paso del tiempo”.

Como es habitual en todo lo relativo a la memoria de la violencia política, el conflicto no reside en el acto cometido, sino en rememorar al perpetrador de lo acontecido e incorporarlo a la memoria pública. Eso es lo que testifican Rocío y su castigo. Fernando Ruiz Vergara falleció el pasado 12 de octubre en Escalos de Baixo. Entretanto, Rocío vive, y en el relato de su peripecia enseña la dureza de los conflictos derivados de la evocación memorial y la coincidencia de la Justicia en la aplicación de una doctrina oficial no escrita que hiere la memoria democrática. Rocío testifica el modelo de impunidad establecido desde la instauración del Estado de derecho: salvaguardar la reputación de los perpetradores, no sus actos, históricamente asumibles.