¿Qué ocurre en Catalunya, y en España?

Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas Universidad Pompeu Fabra

Tengo gran respeto por el periodista Iñaki Gabilondo y por su gran profesionalidad. Le considero uno de los mejores periodistas de España. Ahora bien, discrepo de sus comentarios hechos el 17 de septiembre a raíz de la manifestación independentista que tuvo lugar en Barcelona el 11 de septiembre (el día nacional de Cataluña). Sus observaciones indicaron (con todo el respeto que caracteriza siempre la exposición de sus argumentos) que la  nueva situación creada por el enorme tamaño de tal manifestación exigía un posicionamiento claro del partido gobernante en Cataluña, CiU, así como de otros partidos definidos hasta hoy como nacionalistas o catalanistas, sobre su objetivos políticos para Cataluña, criticando una cierta ambigüedad sobre tales objetivos por parte de dichas formaciones políticas, ambigüedad notoria, según él, en los últimos años. Puesto que esta exigencia de claridad es bastante generalizada en círculos mediáticos, académicos y políticos españoles (y muy en particular madrileños)  me veo en la necesidad de responderle, no sin antes agradecerle que haya definido la situación actual en la que se encuentran tales opciones políticas como resultado de una ambivalencia. Otros de diferente talante que Gabilondo han hablado, no tanto de ambigüedad, sino de manipulación, presentando tales partidos como independentistas ocultos que han ido cambiando la presentación de sus argumentos dependiendo del momento y periodo en el que se encontraban. La famosa frase de que “los nacionalistas/catalanistas nunca estarán satisfechos, se les dé lo que se les dé” recoge esta percepción de que los nacionalistas o catalanistas siempre desean, en realidad, llegar a la independencia, y todo lo demás es una mera estrategia de pasos en este sentido.

Este tipo de argumentos ignora, sin embargo, que la gran mayoría de personas que están a favor de la independencia hoy en Cataluña no lo estaba hace sólo unos años. Tengo muchísimos amigos aquí en Cataluña que, no habiendo sentido nunca el deseo de tener un estado propio, separándose de España, hoy así lo desean. Una de las mayores causas de que ello ocurra no se encuentra en Cataluña sino en Madrid y en España. En contra de lo que aducía un reciente artículo en El País (“La lucha final de la burguesía catalana”, de José Luis Álvarez, 21.08.12), en el que se criticaba al establishment español por haber estado demasiado pasivo frente a lo que el autor definía casi como veleidades del nacionalismo o catalanismo, el enorme crecimiento del independentismo se explica, en gran parte, por el comportamiento del establishment español (centrado primordialmente en Madrid), siendo su eje principal el aparato del Estado central y también los mayores medios de información basados en lo que se llama la capital de España.

El rechazo a la plurinacionalidad de España

La falta de reconocimiento de tal plurinacionalidad del Estado español existente en este establishment ha sido la raíz del problema. Solo por un momento, durante la II República, pareció que se abría una posibilidad, que desapareció completamente durante la dictadura fascista que impuso un nacionalismo español (castellano) extremo que, basado en una concepción jacobina del Estado español, ahogó y asfixió cualquier otra visión de España. La Transición inmodélica (que se realizó en términos muy desequilibrados entre unas derechas -herederas del franquismo- que controlaban los aparatos del Estado y unas izquierdas –que lideraron las fuerzas democráticas- que acababan de salir de la clandestinidad) permitió más espacios a las fuerzas nacionalistas/catalanistas, pero sin reconocer la plurinacionalidad de España. En realidad, el Estado de las autonomías (con el “café para todos”) era una manera de negar tal plurinacionalidad. Referirse a los acuerdos que tuvieron lugar entonces como fuente de las exigencias de que se respeten aquellas reglas, sin tener en cuenta el enorme desequilibrio de fuerzas que existía en aquel momento (como hacía Santos Juliá en su artículo del pasado domingo en El País o como hace el Monarca en su carta abierta a los españoles), es permitir que aquel desequilibrio se mantenga.

Este Estado de las autonomías abocará inevitablemente a la disgregación y rotura de España, como algunos hemos ido subrayando (ver mi libro  Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país). Si cada demanda de Cataluña se tiene que traducir en diecisiete demandas iguales, España dejará de existir pues España no puede ser la suma de diecisiete Cataluñas. España no aguanta la suma de diecisiete naciones con historias, culturas e idiomas diferentes.

La falta de resolución de esta articulación Cataluña-España en la España de las Autonomías hizo que surgiera la demanda de un proyecto federal asimétrico que reconociera, dentro de España, la especificidad de la nación catalana. Fue en esta vía que, junto con otras alternativas, surgió el Estatuto de Cataluña que fue aprobado por el Parlamento Catalán, por las Cortes Españolas y refrendado por la población catalana. Y a pesar de ello, el Tribunal Constitucional, parte del aparato del Estado, vetó precisamente algunos de los componentes más estimados por los movimientos que habían generado la necesidad de establecer el Estatuto. Y la torpe respuesta del gobierno Zapatero, definiendo tal veto como un elemento menor del Estatuto, contribuyó a ampliar el enfado de grandes sectores de la población catalana. Más y más personas en Cataluña comenzaron a pensar que con esta España no hay nada que hacer. Algunos firmes seguidores del federalismo asimétrico abandonaron este proyecto, bajo la constatación de que no había posibilidades ni complicidades en España para desarrollarlo. Y se convirtieron en independentistas.

La explosión del independentismo

Pero, ¿por qué ha alcanzado ahora el independentismo el nivel que ha alcanzado? Y la respuesta es la crisis. Hoy, la crisis está afectando muy dolorosamente el bienestar de la población. Y la gran habilidad política de la coalición nacionalista gobernante en Cataluña, CiU, ha consistido en atribuir tales dificultades al famoso “expolio español”. Según este argumento, la aportación no voluntaria de Cataluña a España es equivalente al 8% del PIB de Cataluña. La demanda de un pacto fiscal, con un sistema semejante al concierto vasco, es una lógica respuesta a esta situación, en caso de que el proyecto deseado fuera  mantenerse en España. Tal Pacto Fiscal implicaría un cambio en la gestión de los impuestos y su distribución. Exigiría que fuera el Estado catalán (como parte del Estado español) el que recogiera los impuestos y fuera el Estado catalán el que negociara con el Estado central los fondos para el pago de los servicios comunes y el componente de solidaridad que, por cierto, nadie cuestionaba (al menos hasta ahora).

Pero esta demanda se ve irrealizable en España, gobernada por el establishment español basado en Madrid. Y el punto final de esta frustración ha sido la victoria por gran mayoría del PP, el partido que se opuso al Estatuto con mayor intensidad. Tal partido, heredero del franquismo, muestra la mayor hostilidad a la especificidad catalana y al reconocimiento de Catalunya como una nación. El último detalle, entre muchos otros, es que tal gobierno no sancionó a un militar que hace unos días pedía, una vez más, la invasión militar de Cataluña. El comportamiento del gobierno PP y de la “caverna” que le rodea es el mayor fabricante de independentistas en Cataluña. Los medios públicos de la Generalitat, tanto Cataluña Ràdio como TV3, instrumentalizados abusivamente por el gobierno Mas (recordando los peores momentos del pujolismo), constantemente identifican la ultraderecha, el PP, con España, forzando una imagen falsa de que el PSOE y el PP son lo mismo. Autores de la “caverna” aparecen o son citados mucho más frecuentemente en tales medios que autores españoles de izquierda federalistas, o incluso políticos españoles conocidos que apoyan el derecho de autodeterminación de Catalunya.

La paradójica situación en Catalunya

Resultado de esta situación, incluido el control de la mayoría de medios en Catalunya por parte de las derechas nacionalistas, nos encontramos con la situación casi única en Europa de que uno de los gobiernos que ha ido imponiendo mayores medidas de austeridad a su población (ninguna de ellas existentes en su programa electoral) goza de un amplio apoyo electoral en Catalunya sin que la crisis y la puesta en marcha de tales políticas hayan afectado su popularidad. La gran astucia política del partido gobernante, CiU, ha sido presentar la necesidad de aplicar tales medidas como consecuencia del “expolio” de Cataluña por parte de España. De ahí que haya intentado canalizar, con la ayuda de sus medios, tal enfado hacia el establishment español basado en Madrid, definiéndolo como España.

En este argumento se olvida que el déficit de gasto público (incluyendo el gasto público social) de Cataluña es mayor que el déficit fiscal (que existe y debe eliminarse). Y también se olvida que el País Vasco, con un sistema fiscal semejante al que el gobierno CiU desea, tiene también problemas graves, con una crisis profunda. En realidad, el gasto público social por habitante en el País Vasco es mucho menor de lo que le correspondería por el nivel de desarrollo económico que tiene, y ello como resultado de haber estado gobernado por las derechas en la mayoría del periodo democrático. Tener una Cataluña independiente no es garantía de que Cataluña elimine su enorme déficit de gasto público social. En realidad, algunos de los economistas más visibles en la esfera independentista (incluyendo el economista “oficial” de TV3, que en sus llamadas “lecciones de economía” en tal medio adoctrina a la población catalana con su dogma neoliberal) son ultraliberales que eliminarían gran parte de los servicios públicos, como sanidad y educación, acentuando todavía más el deterioro de los servicios públicos que ha ocurrido bajo el mandato de CiU.

El expolio no es la única causa del déficit social de Catalunya

En realidad, tal como he señalado en otro artículo (“Expolio nacional o expolio social” Público 13.11.11) el gran déficit social de Cataluña se ha acentuado todavía más como resultado de la alianza de CiU con el PP (que fue el partido que se opuso más al Estatut) en las políticas fiscales regresivas, en la reducción de los impuestos que gravan las rentas del capital y rentas superiores, y en la privatización de servicios públicos, además de otras políticas de clara orientación neoliberal. Y ambos, tanto CiU como el PP, han hecho lo opuesto a lo que prometieron. Dijeron mil veces durante la campaña electoral que no recortarían en los servicios públicos como sanidad y educación, donde ha recortado más. Ambos están siguiendo políticas para las cuales no hay ningún mandato popular. De ahí que la demanda de un referéndum sobre si la ciudadanía aprueba tales políticas de austeridad sea tan aplicable al gobierno PP como al gobierno CiU.

El Presidente Mas ha subrayado que, si el pueblo catalán votara a favor de la independencia en un referéndum, las autoridades públicas representativas españolas, por mera coherencia democrática, deberían aceptarla y permitir su desarrollo. Pero la selectividad en la exigida coherencia y su falta de credibilidad aparece claramente cuando el mismo Presidente hace lo contrario de lo que el pueblo catalán votó, desmontando, como lo está haciendo, el Estado del Bienestar catalán. En sanidad, por ejemplo, las políticas que la Generalitat de Catalunya están polarizando todavía más la sanidad en Catalunya, favoreciendo a la sanidad privada (que sirve predominantemente a las rentas de mayores ingresos) a costa de la sanidad pública (que sirve a las clases populares). Y todo ello bajo el liderazgo del Conseller de Salut (que era el jefe de la patronal hospitalaria privada) transformando un servicio universal en un servicio asistencial, justificando tales políticas bajo el lema de que no hay otra alternativa, pues Madrid (España) nos fuerza a hacerlo y así nos lo manda.

De la misma manera que el Presidente Rajoy está desmantelando la España social bajo la excusa de que es lo que le exige Bruselas, el gobierno Mas también señala que tiene que hacerlo porque así se lo pide Madrid. En ambos casos estamos viendo la externalización de responsabilidades. En España, Bruselas se presenta como el problema. En Cataluña, Madrid es el problema. Y aunque en ambos casos hay un componente que sí se corresponde a la realidad, es sólo un componente y no lo es todo pues, ni antes de que hubiera el euro ni ahora con el euro, Bruselas y Madrid han sido los mayores determinantes del subdesarrollo social de Cataluña y de España (ver mi libro El Subdesarrollo Social de España. Causas y Consecuencias). Las relaciones de poder de clase juegan el papel determinante tanto en Cataluña como en España. La alianza de clases, entre las clases dominantes en España y en Cataluña (terminología nunca utilizada en los medios por considerarla interesadamente como anticuada), es la causa mayor del retraso social de ambas, y los datos así lo muestran. Los países que tienen menor gasto social por habitante son aquéllos donde las clases conservadoras han sido más dominantes sobre los aparatos de sus Estados. Y así ocurre tanto en Cataluña como en España, como lo muestra que en la gran mayoría de leyes y presupuestos de austeridad que han afectado negativamente el bienestar de la población (tanto en Catalunya como en España), el PP y CiU han votado juntos (tanto en el Parlament de Catalunya como en las Cortes Españolas). Esto es lo que está ocurriendo en Catalunya y en España, de lo que no se habla en los medios de mayor difusión ni en Catalunya ni en España.

Sería un gran error que las izquierdas permitieran que las derechas catalanas y españolas protagonizaran el desarrollo de los hechos durante este periodo. Las izquierdas catalanas no pueden dejar que el gobierno CiU lidere el proceso de defensa de Catalunya cuando sus políticas públicas han estado dañando de una manera tan acentuada el bienestar del pueblo catalán. Las manifestaciones identitarias y las sociales deben confluir en una protesta generalizada hacia lo que está ocurriendo, no sólo en España, sino también en Catalunya. Y la izquierda española necesita aceptar que la Constitución, fruto de un desequilibrio en el momento de su aprobación, no es un documento sagrado. Debe cambiarse favoreciendo que la plurinacionalidad de España se refleje en que cada nación dentro de tal Estado pueda expresarse y determinar su futuro.