Un gallego y un islandés fueron a votar...

Víctor Sampedro

Catedrático de Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos

Quizás no sepan que el pasado sábado 20 de octubre Islandia refrendó unos principios constitucionales redactados por la ciudadanía. Pero seguro que desde el domingo vienen oyendo que Galicia, tras las elecciones autonómicas, es todo un ejemplo del respaldo al PP (o de la impotencia de sus adversarios) en el resto de España. Los medios ignoraron a Islandia o cuestionaron el proceso constituyente más innovador en lo que va de s.XXI. Mientras, difundieron la falsa versión gubernamental sobre Galicia. El triunfo de la ciudadanía vikinga fue, en todo caso, presentada como derrota. Y con cánticos a la victoria pírrica del PP se acalla la democracia que viene y que se exige en la calle.

Los medios no contextualizaron la escasa participación de los islandeses (48.9%) y no recogieron el enorme respaldo que dieron a varios principios constitucionales. La sociedad española lleva reclamándolos desde el 15M. Servirían de magnífica inspiración al referéndum que los sindicatos exigieron el 15S y que reiterarán en la huelga general que se convoca para el 14N, también en Portugal y Grecia. Si ese referéndum se centra en parar los recortes, el próximo bien podría ser sobre el proceso constituyente que otros muchos reclaman desde el 25S.

Veamos los resultados en ISLANDIA que nos han sido escamoteados. Para empezar se plantearon seis preguntas para que el texto elaborado por la ciudadanía - primer caso de crowdsourcing constitucional - fuese el borrador de la nueva constitución. El 66% de los votantes afimaron que el Parlamento debiera debatir dicho texto para redactar otra constitución antes de las próximas elecciones (abril de 2013). El 83% de los votantes exigieron que los recursos naturales sin propietario fuesen declarados propiedad nacional. El 78%, que pudiesen presentarse candidatos individuales, sin partido, al Parlamento y siempre con listas abiertas. El 66% de los votos respaldaron otra reforma electoral: que todos los votos tuviesen igual peso en todas las regiones del país. El 73% apoyó incluir la iniciativa legislativa popular y realizar referéndums nacionales a petición del 10% la ciudadanía. El único rechazo (57%) fue a que no se mencionase a la "iglesia Nacional Islandesa" en la nueva constitución.

Imagínenselo. Un referéndum mediante el cual los españoles exigen al Congreso y al Senado que, antes de volver a presentarse a las elecciones, redacten una constitución que nacionalice los recursos naturales aún no privatizados, que acabe con las listas cerradas y la disciplina de partido, que implante una ley electoral proporcional y legisle por iniciativa popular, combinando la democracia representativa y la directa, para casos de excepcional importancia nacional. Como quizás también ocurriría aquí, además de apoyar todas esas medidas, la mayoría de la población pediría que la Iglesia católica permaneciese nombrada en la constitución. En suma, demasiados paralelismos como para no devaluar a los islandeses dicendo que apenas acudió a votar el 48.9% del censo. La abstención desacreditaba la primera constitución ciudadana del siglo XXI.

No es esta la impresión de la Primera Ministra, que dio acuse de "haber recibido de la nación un mensaje claro para completar el proceso". La tasa de participación se explica por la campaña en contra que lanzaron los dos partidos hegemómicos hasta la crisis de 2008 (como si aquí PP y PSOE se hubieran opuesto a la consulta). Y no es baja: resulta muy superior al 20%-30% de participación que suelen recabar los refereréndums en países como Suiza. De hecho, los partidarios del proceso están exultantes. Han doblado sus expectativas. La participación fue enorme porque, además de lo dicho, se consultaba no una, sino seis cuestiones muy abstractas y controvertidas.

Islandia marca el horizonte de una democracia de código abierto. Nuevas reglas de juego escritas y refrendadas por los ciudadanos comunes. En defensa de los bienes comunes, salvaguardados de la rapiña financiera y/o del monopolio de los políticos profesionales.

En España, el horizonte que se nos presenta es otro: Feijoó, presentado como ganador absoluto, es ejemplo de y para el resto de España. Solo resultaba creíble ocultando que los votos nulos (37.472) superaron a los contabilizados en las elecciones de 2001, 2005 y 2009 juntas (en total, 33.624). Este silencio se suma al que pesa sobre los verdaderos ganadores (AGE, de la nada a 9 diputados, desbancando al BNG) con el fin de minusvalorar el voto de protesta al sistema de partidos actuales. Aunque la abstención aumentó un 6,6% entre los residentes en España, el Gobierno la rebajó presentando una tasa de participación manipulada, sin considerar el censo de votos en el extranjero (unos 400.000 en Galicia).

Los resultados tras la abtención "real", arrojan que, el PP gobernará con mayoría absolutísima, tras haber caído sus votantes en más del 15% y representando apenas al 25% de los gallegos. El total de las fuerzas parlamentarias en Galicia ni siquiera reúnen el voto de la mitad de los gallegos (48%), menos aún que quienes votaron a favor en el referéndum islandés.

Sería de chiste, si la provinciana cultura política de quienes nos (des)gobiernan y la mano dura que aplican no indujese al llanto. El apenas ganador de una elección autonómica maquilló su derrota para seguir copando un palmarés parlamentario más cuestionado, si cabe, que el del Tour. Un referéndum constitucional en Europa se silenció o menospreció. Cuando el gallego volvió de votar escuchó del Gobierno y el principal partido de la oposición: "Confórmese. Esto es lo que hay... y lo que aún le queda". Al islandés, en cambio, quien le gobierna (y representa) le dijo: "Oído, nos ponemos a la obra". Ya se sabe que Islandia es muy pequeña y allí todos se escuchan. Y que no es ejemplo de nada. Excepto para los pueblos que se saben soberanos y, más en concreto, para toda ciudad y entidad administrativa con tantos habitantes como islandeses (unos 320.000).