Consecuencias antidemocráticas de la concentración de riqueza

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Una de las características de la situación a los dos lados del Atlántico Norte ha sido el enorme crecimiento de las desigualdades, con una gran concentración de las rentas y de la propiedad, ligada al gran deterioro de las instituciones democráticas, causado por esta concentración. Las instituciones políticas de los países están muy influenciadas por poderes financieros y económicos y por los sectores con mayor riqueza que configuran las intervenciones públicas que favorecen los intereses de estos poderes y sectores a costa de los intereses de la mayoría de la población.

Esto está creando una pérdida de legitimidad y apoyo popular a las instituciones llamadas representativas, junto con una dilución de la confianza que la ciudadanía tenía en el poder del Estado (dirigido por las autoridades políticas) para garantizar un progreso en el desarrollo económico del país, de tal manera que las generaciones nuevas vivieran mejor que las anteriores. Esta esperanza ha estado desapareciendo. En realidad, grandes sectores de la población, que en algunos países alcanza la mayoría, son conscientes de que “los hijos no vivirán mejor que sus padres”. Tal sentimiento quedó muy bien reflejado en las declaraciones del candidato, más tarde Presidente de Francia, François Hollande, expresadas durante la campaña electoral en aquel país. “Hasta hace poco –dijo Hollande- todos teníamos la convicción de que nuestros hijos tendrían mejores vidas que nosotros. Ya no es así. Esta convicción que respondía a una realidad, está desapareciendo”. Esta situación es paradójica, pues la riqueza de los países (incluyendo Francia) continúa creciendo en la medida que crece su economía, realidad que se ha interrumpido recientemente con la Gran Recesión. Pero esta convicción (y realidad que la sustenta) ya existía antes de la Recesión aunque se ha acentuado todavía más con la crisis actual.

¿Cómo puede ser que la sociedad sea más rica y que en cambio los hijos vivirán peor que sus padres?

La respuesta a esta pregunta es que el crecimiento económico se distribuye muy desigualmente, concentrándose en las rentas superiores, como resultado de las políticas públicas que se han ido aplicando en la mayoría de países del Atlántico Norte. Estas políticas fueron iniciadas por el Presidente Reagan en EEUU y por la Sra. Thatcher en Gran Bretaña, en la década de los ochenta del pasado siglo.

En su artículo “The Rich get Richer. Neo-liberalism and Soaring Inequality in the United States” en la revista de economía estadounidense Challenge (March-April 2013), el autor, Tim Koechlin, detalla la gran concentración de las rentas y de la riqueza en EEUU como consecuencia de la aplicación de estas políticas. En 1979, el 1% de la población con mayores ingresos (los súper ricos) ganaba el 9% de toda la renta estadounidense. En 2007, este porcentaje aumentó a un 24%, el porcentaje más elevado que se haya registrado desde 1920, cuando se inició la Gran Depresión en EEUU.

¿De dónde procede esta concentración de las rentas y de la riqueza? La respuesta radica en la mala distribución de la riqueza creada por el mundo del trabajo. Los datos lo muestran claramente. La productividad del trabajador durante el periodo 1973-2008 prácticamente se duplicó. Es decir, un trabajador producía por hora casi dos veces más en 2008 que lo que producía en 1973. Su salario, sin embargo, creció solo un 10% durante el mismo periodo. Por el contrario, los directivos de las grandes empresas han visto crecer sus ingresos desmesuradamente. Mientras que el CEO (Chief Executive Officer o Consejero Delegado) de una gran empresa ingresaba en 1973 22 veces más que el trabajador medio de su empresa, en 2008 esta relación subió a 231 veces (según  Lawrence Mishel, The State of Working America. A report of the Economic Policy Institute. 2012, table 4.33).

Una situación incluso más acentuada ocurre en cuanto a la distribución de aquellos elementos de la propiedad que generan renta (tales como tierras, acciones, bonos, etc.). Entre 1983 y 2010, el 5% de la población con mayor propiedad la vio crecer un 83%, mientras que el 80% de toda la población (la gran mayoría de la ciudadanía) veía descender su propiedad un 3,2%. En consecuencia, el 1% de la población con mayor riqueza, que tenía el 20% de toda la riqueza en 1971, pasó a tener el 35% en 2007. El 10% de los súper ricos en 2007 tenía el 73% de toda la riqueza, mientras que el 40% de las familias (las clases populares) tenían sólo un 4,2% de toda la propiedad. La concentración de la riqueza alcanzaba niveles incluso más exuberantes en algunos tipos de propiedad. Así el 10% de la población tenía el 98,5% de todos los valores financieros (acciones y otros títulos de crédito), mientras que el 90% restante tenía sólo un 1,5%.

La concentración de poder económico y financiero debilita enormemente a la democracia, hasta el punto de eliminarla en muchos países.

Esta enorme concentración de las rentas y de la riqueza dificulta e imposibilita el desarrollo democrático de un país, pues los sectores ricos y súper ricos de la población ejercen una enorme influencia, podría decirse control, sobre los aparatos de sus Estados y sus ramas ejecutivas, legislativas y judiciales.        Es más, estos grupos y sectores desarrollan sus propias redes, asociaciones y conferencias (en las cuales son incorporados dirigentes políticos de todas las sensibilidades políticas), promoviendo sus ideologías, que cohesionan y defienden sus intereses, presentándolos como los únicos aceptables o respetables, y sus políticas (que favorecen sus intereses) como las únicas posibles.

Las alianzas de estas élites juegan un papel clave en las realidades políticas. El maridaje entre los súper ricos y ricos, por un lado, y los políticos conservadores y liberales (y de una manera creciente algunos personajes de la socialdemocracia), por el otro, es una constante en los sistemas políticos, fuente de continua corrupción. Hay múltiples ejemplos de ello. La influencia de la familia que gobierna un sistema casi feudal, Qatar, en las instituciones políticas europeas no es menor. El presidente Nicolas Sarkozy dio amplias ventajas fiscales a los intereses de dicha familia, que le subvencionó las campañas electorales y más tarde sus actividades post-presidenciales. Tony Blair es uno de los asesores mejor pagados de J.P. Morgan (y es frecuentemente invitado por fundaciones y grupos de reflexión para dar lecciones sobre el futuro de la socialdemocracia). Y estoy escribiendo estas líneas el mismo día en que el Sr. Giuliano Amato ha sido propuesto como Presidente de Italia por el Partido Democrático de la Izquierda italiana, siendo tal político un asesor bien pagado del Deutsche Bank. En España la lista de Presidentes, Ministros y autoridades políticas de los partidos  mayoritarios en España en grandes empresas y sus CEO (Endesa, Telefónica, Repsol, etc.) es enorme. No es casualidad que el precio de la electricidad y de las llamadas telefónicas, así como el del petróleo, sean de los más caros de la UE. Esta complicidad entre los grupos financieros y económicos y la clase política dominante es la característica de estos tiempos. La inmunidad de la banca con sus conocidos paraísos fiscales se basa precisamente en esta complicidad.

Ni que decir tiene que hay muchos políticos que no forman parte de este engranaje de complicidades. Pero las élites gobernantes sí que están plenamente entrelazadas con intereses fácticos que configuran en gran manera sus políticas públicas. De ahí que la gran mayoría de estos súper ricos y ricos no paga impuestos, o paga muchos menos en términos proporcionales, que el ciudadano normal y corriente, lo cual hacen incluso con la ley en su mano, sin necesitar comportamientos ilegales (sin excluir, sin embargo, estas prácticas, que están también generalizadas).

La pérdida de legitimidad del sistema

Este sistema está en profunda crisis. El maridaje del poder financiero-económico con el poder político es el eje del descrédito de las instituciones llamadas democráticas que tiene su origen (causa y consecuencia) en las enormes desigualdades. La excesiva proximidad entre la clase política dominante y las clases sociales dominantes (las élites financieras y empresariales y los sectores afines de rentas superiores) se muestra con toda claridad en la distancia existente entre las élites gobernantes y sus políticas públicas, por un lado, y las clases populares, que constituye la mayoría de la población, por el otro. Estas últimas desean políticas distintas y opuestas a las que las primeras están promoviendo e implementando. Existen múltiples ejemplos de ello. La gran mayoría de las poblaciones del Atlántico Norte consideran que 1) las rentas del capital deberían gravarse en la misma proporción que las rentas del trabajo, sin que ello haya sido aceptado por los gobiernos; 2) la fiscalidad debería ser progresiva, de manera que los súper ricos y ricos pagaran (en realidad, no solo nominalmente) en impuestos tantas veces más de lo que el ciudadano normal y corriente paga como sea la diferencia de rentas y propiedad entre los súper ricos y ricos y el ciudadano normal y corriente; 3) se deberían eliminar los paraísos fiscales; 4) se debería establecer un máximo de riqueza y de nivel de rentas, como mecanismo de reducción de las desigualdades; 5) se deberían reducir las desigualdades que consideran (el 78% de ciudadanos como promedio de la UE) excesivas; 6) se debería eliminar la influencia del dinero en las campañas políticas y en la solvencia de los partidos políticos; 7) se debería romper el maridaje entre instituciones financieras y empresariales y el mundo político; 8) un político no debería poder trabajar en el sector al cual regulaba o vigilaba en la administración pública en los primeros cinco años después de dejar el cargo; 9) el Estado debería intervenir en el sector financiero para garantizar la disponibilidad del crédito a familias, individuos y medianas y pequeñas empresas; 10) debería haber un salario mínimo que permita una vida decente y que se incremente según el incremento de los precios; 11) se deberían garantizar los servicios públicos del Estado del Bienestar, evitando su privatización; y así un largo etcétera. Ninguna de estas políticas se está llevando a cabo en estos países. Y a nivel macroeconómico, la mayoría de la ciudadanía desea el fin de las políticas de austeridad y unas políticas de expansión encaminadas a crear pleno empleo. El hecho de que cada uno de estos puntos no se realice se debe a la excesiva influencia que los grupos que concentran las rentas y la riqueza tienen sobre el Estado. Y aquí está el problema de la democracia. Frente a esta realidad, limitar el debate a la reforma política sobre si deben o no haber listas abiertas, me parece muy, pero que muy insuficiente.