Auditar los contratos de armas

Pere Ortega, Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Los presupuestos del Ministerio de Defensa respecto a los compromisos de pago por la adquisición de armamentos del año 2014 han seguido la misma tónica de años anteriores, no consignar las cantidades comprometidas para posteriormente habilitar créditos extraordinarios para poder hacer frente a los pagos. De este modo, tanto la opinión pública como la oposición política en el Parlamento veían como se recortaba el gasto en defensa, cuando, en realidad, se les estaba engañando, pues el gasto real en Defensa era muy superior.

Esas armas, los denominados Programas Especiales de Armamentos (PEA), tenían unos compromisos de pago que según las empresas ascendían entre los 1.600 y los 2.000 millones de euros anuales. Para hacer frente a esos compromisos, el Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, en la Comisión de Defensa del Congreso de Diputados (23/05/2013) afirmó que el pago se iría acomodando a las posibilidades de tesorería y a tal efecto, se negociaría con el sector industrial. En esa Comisión anunció un cambio de estrategia respecto de los PEA: reprogramar las entregas y los pagos con cargo a ejercicios futuros fijando el año 2030 como horizonte, y que los programas se reducirían por valor de 3.850 millones, fijando su coste en 29.479 millones.

Esos PEA, en el año 2012 ascendían a 33.345 millones. Para llegar a la reducción anunciada la cúpula de Defensa propuso una reducción de costes sobre variables poco realistas: la venta de 15 aviones EF-2000 y 13 aviones A-400; reducir algunos equipos del helicóptero Tigre para abaratar su coste; reducir 23 unidades de los 45 helicópteros NH-90 valorados en 1.260  millones, pero en este caso, en lugar de disminuir su coste aumentaría en 190 millones, debido a que los NH-90 no tenían incorporados los equipos para hacerlos operativos y tan solo se había presupuestado la carcasa. Pero la pregunta del millón seguía siendo: ¿Quién va a comprar esos costosísimos aparatos? Han pasado dos años desde entonces y no se ha producido ninguna operación de venta y difícilmente se va a producir, por lo tanto aquella propuesta era un brindis al sol y Defensa se tendrá que hacer cargo de los pagos, pues la empresa, la transnacional Airbus Military tiene contratos blindados que exige que se cumplan.

Por lo tanto, diga lo que diga el Ministro y su secretario, los compromisos de los pagos de los PEA seguirán vigentes e irán al alza, y al final no sabremos si serán 30 o 35.000 millones que se deberán pagar en 2030, pues se deberá incorporar los intereses de demora y no sabemos que cifras alcanzarán. Por ejemplo, este año 2014, los PEA tienen una dotación en los PGE de 6,84 M€ y la previsión de pago desde el Ministerio de Defensa es de 1.032 millones y de 1.606 para 2015. Con lo cual, en breves días vamos a conocer que se aprueba un crédito extraordinario para hacer frente a esos pagos.

Es decir, que a pesar de los problemas que han ocasionado los PEA, se persiste en ellos y lejos de reducirse o anularse, cada año aparecen nuevos grandes proyectos de armamentos. Así, en diciembre de 2013 se suscribía un contrato con Airbus Helicopters para adquirir 8 helicópteros EC-135 por 49 millones; en junio de 2014 el gobierno anunciaba la adquisición de dos Buques de Acción Marítima a Navantia por 400 millones; se anunciaba la adquisición 734 camiones todo terreno a Iveco por 154 millones. Mas otros que se mantienen en cartera: 300 unidades de blindados 8x8 de un importe que rondará los 3.000 millones; aviones no tripulados (UAV); una nueva Fragata F-110 y otros navíos para la armada.

Esta es la situación a fecha de hoy y las cifras van aumentando de año en año sin que nadie sepa a ciencia cierta cómo acabará ese enorme agujero negro de miles de millones y sin fondo que son los PEA que han sumido al Ministerio de Defensa en el colapso financiero. Burbuja armamentista que ha acarreado un grave problema de endeudamiento en las cuentas públicas y que se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno actual, y futuros, del que no sabe, ni se sabrá cómo salir sin acrecentar el déficit público.

Llegados a este punto es hora de pedir explicaciones a los organismos competentes (Tribunal de Cuentas), y se investigue si esos Programas responden a la legalidad vigente. En el sentido, de conocer si ha habido prevaricación, falsedad documental, alzas de precios no reguladas, sobre costes indebidos, transparencia, irregularidades contables. También si respondían a intereses espurios, es decir ajenos a los intereses de la Defensa que tan solo beneficiaban a las empresas. Y sobre todo, si los sobre costes existentes obedecen a una falta de control, de programación, a intereses financieros sobredimensionados, y por qué no, a comisiones indebidas tan frecuentes en los contratos y el comercio de armas.