La calle y la ley

Augusto Klappenbach

Escritor y filósofo

Describiendo los problemas que presenta el intento de pacto entre el PSOE y Podemos, decía Antonio Avendaño en un artículo de Público que mientras el PSOE se siente cómodo en las instituciones, Podemos se siente cómodo en la calle. Y que ambos temen a aquello en lo que el otro se encuentra a gusto.

Nada más cierto. El PSOE tiene detrás una larga experiencia de gobierno y conoce los recursos que se necesitan para moverse en los despachos. Podemos sabe de asambleas y movimientos callejeros y también conoce los recursos para traducir algunas de sus aspiraciones en propuestas políticas. Una interpretación apresurada de este conflicto sería aquella que atribuye a la calle la honradez y la pureza mientras reserva a los despachos la hipocresía y la corrupción. No es así. Ambos espacios tienen sus propias miserias. No cabe duda de la existencia de maniobras poco éticas en las moquetas oficiales; basta abrir cualquier periódico para encontrar cientos de ejemplos. Pero la supuesta pureza de la calle tampoco resiste a un análisis: abundan en ella declamaciones reivindicativas fáciles de pronunciar y sectarismos que evitan la difícil tarea de comprometerse en su realización mientras se tranquiliza la propia conciencia.

El mundo de las leyes tiene muy mala prensa entre la izquierda. Se supone que son el resultado de los poderes reales que no necesitan presentarse a las elecciones y ni siquiera dar la cara. Ya Marx había denunciado al poder político como representante de las clases dominantes, de modo que las leyes que surgen de sus instituciones están lejos de favorecer los intereses de  la clase trabajadora. Otra vez, más de un ejemplo puede aducirse para confirmarlo: basta con preguntarle a quienes hayan sido víctimas de leyes pensadas para justificar privilegios, que son muchas.

Pero esto no agota el papel de las leyes ni puede extenderse a toda la actividad legislativa. Si retrocedemos un poco en la historia encontramos que en muchas civilizaciones totalitarias no eran necesarias las leyes: los poderosos imponían su voluntad sin necesidad de tomarse el trabajo de redactarlas. “El Estado soy yo”, decía Luis XIV, que no hubiera aceptado que ninguna ley se hubiera opuesto a su voluntad o su capricho. Las monarquías absolutas se consideraban la ley suprema, sin necesidad de fastidiosas negociaciones y acuerdos.

La aparición de los Estados modernos introduce progresivamente un cuerpo legal al que están sometidos también los gobernantes. Y el Estado democrático pone en marcha un sistema que va a requerir la intervención de la gente de a pie, aunque esa intervención sea modesta y no esté libre de otros procedimientos de manipulación. Y hoy, en unos momentos en que las posibilidades de tomar decisiones políticas sin ningún tipo de sujeción a las leyes  están aumentando de modo preocupante, parece suicida despreciar la acción política legislativa para limitarse a la presión en la calle. Porque aunque ya no se trata de monarcas absolutos sino de bancos, fondos de inversión y empresas multinacionales que no están sujetos a ninguna regulación legal y que operan desde paraísos fiscales, las leyes se están utilizando no para limitar esos poderes anónimos sino para legitimarlos en nombre de la globalización. El tratado de “libre comercio” con los Estados Unidos – el TTIP- es un buen ejemplo del peligro que implica dejar en manos de los gestores la tarea legislativa. Y ante estos poderes anónimos la única defensa que le queda al ciudadano es el Estado y sus leyes, es decir, la única instancia institucional en la que puede intervenir. De modo que abandonar el destino del Estado a quienes lo utilizan para su propio provecho es la mejor manera de renunciar a un instrumento necesario para que las leyes respeten el interés de las mayorías.

La presencia en la calle es necesaria pero no basta. Es evidente que resulta indispensable para que los políticos tengan en cuenta algo más que sus propios intereses personales y de partido, aunque más no sea porque están sujetos a una –insuficiente- confrontación electoral. Y si alguna novedad se ha producido en el aburrido mapa político del bipartidismo español es fruto de ese 15M tan heterogéneo pero que tuvo el mérito de conseguir que miles de jóvenes se asomaran –en la calle- a una política de la que hasta entonces solo conocían sus consecuencias y limitar la presencia de los movimientos racistas y xenófobos que pululan por nuestros países vecinos. No es necesario idealizar ese movimiento, que cargó también con sus propios límites y miserias, para reconocer que tuvo bastante importancia en la modificación del mapa político español. Pero la clase política no fue capaz de traducir ese lenguaje al lenguaje de las leyes. Recuerdo que algún político se quejaba de que el movimiento del 15M no presentaba programas y propuestas concretas, sin darse cuenta de ese era precisamente el trabajo de los políticos y no de la calle. Como dijo alguien, en España hay mucha democracia pero falta política.

Y eso se nota en la situación actual, en que los sectores de izquierda siguen sin conseguir acuerdos mínimos para una acción común. El sectarismo sigue siendo la señal de identidad de buena parte de nuestra izquierda, olvidando que el mérito de ese movimiento y sus secuelas fue precisamente la posibilidad de reunir en tareas comunes a gente de diferentes edades, profesiones e ideologías. El PSOE se apresura a cerrar un pacto con un partido de derechas que dificulta los acuerdos con grupos supuestamente afines; Podemos pone por delante su reparto de sillones a los posibles acuerdos de programas y utiliza un lenguaje incompatible con la voluntad de pactar; la izquierda catalana sigue obsesionada con la idea fija de su independencia, mientras Izquierda Unida clama en el vacío. Lo que no falta es la atribución de culpas a los demás. Y no se intenta aprender algo de esos movimientos que surgieron a partir del 15M, como los grupos antidesahucios, de sanidad universal, las mareas de varios colores, que consiguieron conservar su casa a muchas familias, atención médica para muchos inmigrantes, ayuda a muchos parados, sin pedir nunca carné de afiliados a sus participantes. Pero que no podrán hacer mucho más si sus propuestas no superan los límites de la calle y no logran entrar por la puerta del Congreso.

Todavía queda una oportunidad, aunque no haya muchas señales de que se quiera aprovecharla. Parecen difíciles de reeditar a nivel nacional los acuerdos  que se han conseguido en algunas comunidades y ayuntamientos. Pero si los políticos dejan pasar esta oportunidad y no son capaces de comprender que es necesario recorrer parte del camino con quienes no comparten el destino último del viaje, deberán pagar el precio en los resultados del apoyo de la gente a la que dicen representar. Porque no es totalmente cierto que cada pueblo tenga los políticos que se merece.