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Opinión · Otras miradas

Grecia entra en la campaña del 26-J

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Dimitrios Papadimoulis

Vicepresidente del Parlamento Europeo, jefe de la delegación de Syriza

Mucho se ha hablado sobre el efecto de Grecia y Syriza en las próximas elecciones españolas. En el primer debate, los líderes del Partido Popular y de Ciudadanos trataron de arrinconar al secretario general de Podemos con las supuestas ineficiencias del Gobierno griego y la adopción de otro programa de consolidación fiscal. No cabe duda de que existen algunos malentendidos, pero lo cierto es que tanto la Eurozona como la Unión Europea necesitan un modelo social inclusivo que esté orientado al crecimiento.

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Datos de paro disparados, escándalos de corrupción y recortes de gasto en los principales pilares de las políticas públicas —tales como la Educación y la Sanidad— son síntomas que podemos encontrar tanto en España como en Grecia. El desempleo se mantiene por encima del 20%, minando las perspectivas y los sueños de una generación de jóvenes altamente cualificados, restringiendo el pertinente ingreso público, provocando desesperanza y causando empobrecimiento. El aumento del desempleo a niveles sin precedentes es la consecuencia directa de la austeridad extrema que los partidos conservadores en ambos países no sólo han implantado durante años, sino que también han tratado de presentar como un “ejemplo de éxito”.

La segunda área de preocupación mutua son los escándalos de corrupción y soborno que han ido proliferando en política. Las transacciones ilícitas de los políticos conservadores y de los partidos que han gobernado en ambos países, así como los casos de evasión de impuestos se han ido sucediendo uno tras otro. En Grecia, fue el partido Nueva Democracia con un gran número de sus aliados los implicados en escándalos de corrupción y evasión de impuestos, mientras que en España fueron las ramas regionales del Partido Popular en Madrid y Valencia. Ante este problema, el gobierno griego titular ha establecido un vasto mecanismo de lucha contra el fraude, intensificando los controles y la recaudación, poniendo a disposición de la justicia tanto a los influyentes hombres de negocios como a las figuras políticas involucradas en dichas tramas.

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La tercera área se ocupa de las repercusiones de los recortes de gastos en Educación y Sanidad. El gobierno griego ha aprobado leyes que permiten el acceso gratuito a los servicios de salud para los grupos más vulnerables, ha logrado equilibrar la asignación de los ingresos destinados a las zonas que se encuentran en una situación de máxima necesitad, y ha renegociado contratos bilaterales con empresas privadas para bajar el costo del suministro de productos y servicios farmacéuticos y parafarmacéuticos. Los gobiernos conservadores en España han optado por los recortes de gastos por encima del 20% en estos dos sectores, en detrimento tanto de la calidad de los servicios como del acceso a los mismos por parte de todos los sectores de la población.

Desde una perspectiva más amplia, lo que tiene que quedar claro es que desde enero de 2015, cuando Syriza llegó al poder, se ha hecho especial hincapié en dos campos: la renegociación de un acuerdo con los acreedores que permitiría llevar a cabo reformas que ningún otro gobierno jamás afrontó; la posibilidad de gestionar la crisis de un modo más justo prestando especial atención a grandes sectores de la población que han sufrido mucho durante los años anteriores. Por lo tanto, es el momento de apostar por políticas de crecimiento, que generen más puestos de trabajo y mantengan la justicia social. Por todo ello, es evidente que las fuerzas políticas que nos han llevado a esta terrible situación no pueden ser la solución al problema. Esto es aplicable a Grecia, España, Portugal, y a todas aquellas partes de Europa donde las políticas neoliberales se han implementado y han terminado por evidenciar sus catastróficos efectos para la economía y la sociedad.

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Una mayoría progresista en el Parlamento español con una destacada presencia de Unidos Podemos es necesario para dicho España y Europa. A fin de cuentas, España es una de las principales economías de Europa; un cambio político positivo que fortalezca las políticas orientadas al crecimiento en la zona euro y ponerse al día de nuevo con la igualdad social y la justicia es lo que el stablishment europeo necesita para hacer frente al alarmante y creciente apoyo a los partidos de extrema derecha en todo el continente.

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