La LEMES, una ley contra la universidad pública madrileña

Jorge Martínez Crespo

Profesor titular de Ingeniería Eléctrica de la UC3M

Begoña Marugán Pintos

Profesora asociada de Análisis Social de la UC3M y presidenta del Comité de Empresa Laboral

A mediados del pasado 2016 el gobierno autonómico de Cristina Cifuentes lanzó a la opinión pública un borrador de Ley del Espacio de Educación Superior de la Comunidad de Madrid (LEMES) que desde diciembre pasado sigue su recorrido como anteproyecto de ley. Desde entonces se ha publicado algún artículo, organizado algunos -aunque insuficientes- debates y articulado la posibilidad, durante 15 días en febrero, de “opinar, comentar y aportar” propuestas sobre este proyecto a través del portal de participación ciudadana de la Comunidad de Madrid. Apenas se han recibido una docena de opiniones en el portal, lo que da muestras de la inutilidad de esta herramienta de participación y del desconocimiento del hacer del gobierno de Cifuentes, además de la poca confianza de la ciudadanía en que su opinión  sea tenida en cuenta.

Sin embargo, quizás lo más relevante de este período de tramitación está siendo el recorrido del Director General de Universidades de la CAM, José Manuel Torralba, por algunas de las universidades madrileñas para explicar el Proyecto. Destacaríamos tres aspectos preocupantes del modelo de universidad que Éste propone: el modelo de financiación, la importancia concedida a los rankings y la justificación de la razón de ser de la ley por la situación relativa de la I+D madrileña respecto a la de otras comunidades autónomas.

Entre los modelos de financiación europeos –del finlandés o alemán (de práctica financiación pública) al británico (en el que la financiación pública apenas cubre un 40% de los costes)–,  España ocuparía una posición intermedia, un 80% financiación pública y un 5/15 adicional o por tasas de los estudiantes (esas con las que el Gobierno del PP está convirtiendo a las universidades de la CAM en un lugar de élite casi prohibido para las clases populares). En ese camino de tránsito hacia el anhelado modelo británico, la LEMES da un paso más hasta el punto de no comprometerse a cubrir siquiera el capítulo 1 (gastos de personal), en una tendencia progresiva a la búsqueda de financiación adicional y a establecer un esquema competitivo de financiación entre universidades por dos vías: contratos-programa y objetivos. Con este sistema no sólo se pone la universidad al servicio del mercado al reducirse la financiación pública, sino que además se fomenta la competitividad por los recursos entre universidades, imponiendo una progresiva fragmentación -agudizada por este diseño financiero neoliberal de reducción progresiva del peso de lo público- para crear una universidad pública de dos velocidades y, en definitiva, universidades de primera y de segunda.

La LEMES plantea el control e intervención de las universidades por parte de la Comunidad de Madrid a través de sus presupuestos y contratos-programa, con los que se incentivan, por ejemplo, la utilización de la lengua inglesa o los sistemas de dedicación preferente -que provocarán una discriminación progresiva de la carrera docente respecto de la investigadora-. Las universidades públicas se tendrán que buscar el sustento como puedan, eso sí, en “uso de su autonomía” y desde su “libertad de elección y decisión”.

Siguiendo la lógica competitiva, el argumento para otorgar mayor o menor financiación se basa en la posición que cada universidad ocupa en el ranking de investigación (preferentemente), de docencia e incluso de empleabilidad. La idea que se transmite es la de que los “malos estudiantes” no pueden frenar el progreso de los buenos y por ello, el gobierno de la CAM decide dedicar los recursos a las buenas universidades –que entrarán en competencia por los buenos y buenas estudiantes-; utilizando para ello el mantra de la “excelencia” que sirve para premiar al excelente y castigar al que no lo es.

La pelea entre universidades por conseguir los escasos recursos está servida. El objetivo será aparecer en el primer puesto de los rankings, olvidando que la universidad es una institución pública educativa para el aprendizaje colectivo y el conocimiento crítico necesario para hacer frente a los enormes desafíos socio ambientales actuales.

Y para continuar en la lógica competitiva sobre la que cimienta la LEMES, el otro marco de referencia que la justifica es la comparación del Espacio de Educación Superior Madrileño con el de otras comunidades. En las exposiciones públicas el Director General afirma que la ausencia de una norma legal autonómica es uno de los problemas de que la investigación en la CAM haya perdido “nivel competitivo” respecto a comunidades como la vasca o la catalana. No parece relevante en esta situación la caída del 16% en las dotaciones presupuestarias, la pérdida de casi 3.000 empleos, la masiva precarización y falta de futuro laboral del PDI. Tampoco parece serlo la reducción del número de estudiantes de la universidad pública como consecuencia de la subida de las tasas académicas por un lado, y por el desplazamiento progresivo de estudiantes de máster hacia las universidades privadas por otro.

Por último, lejos de integrar la labor docente e investigadora -que se precisan mutuamente-, se  potencia una doble vía en la que se prima la investigación frente a la docencia. Además se conciben nuevas figuras contractuales (profesor Visitante Doctor), y asignan nuevos conceptos retributivos discriminatorios. Eso sí, el PDI, en su interminable carrera de obstáculos por lograr la “quimérica” estabilidad laboral, podrá ser evaluado por una nueva agencia, la Fundación para el Conocimiento Madri+d, que obviamente tendrá carácter privado. Asimismo, se crean nuevas entidades como los grupos o centros de alto rendimiento, nuevas estructuras organizativas “de excelencia” que solo provocan confusión y no garantizan ninguna eficacia en sus resultados. La coexistencia de Departamentos, Institutos Universitarios, Centros de Alto Rendimiento genera un sistema confuso y caótico que solo beneficiará a determinadas estructuras o grupos académicos de poder.

En definitiva, bajo el mantra de la excelencia y el manido discurso de la modernización de nuestro sistema de educación superior y su adaptación a un entorno internacional competitivo, la nueva ley no resuelve ninguno de los problemas reales del sistema universitario: la cuantía de la financiación pública; la precariedad y falta de perspectiva de sus trabajadoras y trabajadores; el encarecimiento de las tasas, la disminución de las becas de estudio y la consiguiente expulsión progresiva de las clases populares del sistema universitario; la falta de democracia interna –se profundiza aún más por la incremento del peso político y empresarial a los Consejos Sociales–; la elitización progresiva vía costes de los estudios de máster; la competencia desleal de las universidades privadas. Ante esta situación hacemos un llamamiento a la comunidad universitaria y la ciudadanía en general para que suscriba el manifiesto publicado en http://lemes.info/ y se sume a los distintos foros de debate y movilización ante la LEMES. En el modelo de universidad nos jugamos también nuestro futuro como sociedad. Esta ley se puede y se debe parar.