Apoyo la moción contra la impunidad del franquismo

Esther López Barceló

Responsable de Memoria Democrática de IU

Ayer el grupo parlamentario Unidos Podemos registró una moción de censura contra Mariano Rajoy ante la constatación del parasitismo al que ha sometido su partido político a las instituciones democráticas. Tras los últimos escándalos sobre corrupción que han salido a la luz en las últimas semanas, presentar esta alternativa al gobierno del Partido Popular, era una cuestión de emergencia democrática. Las distintas causas por corrupción que actualmente se encuentran en proceso judicial tienen al partido de gobierno como nexo común. No obstante, sobran razones para impugnar al poder ejecutivo también desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos en materia de memoria democrática.

Es por todos conocido -o debería serlo- que somos el segundo país en desaparecidos forzosos después de Camboya. Por ello, en cualquier democracia que se precie, una de las prioridades del gobierno debería consistir en acabar con nuestro lamentable buen posicionamiento en este ranking de la vergüenza. Todo lo contrario. El gobierno de Rajoy y su partido se vanaglorian de desatender las exigencias de la ONU en materia de memoria democrática garantizando así la continuidad de la impunidad franquista hasta nuestros días. Las cifras hablan por sí solas. A día de hoy nuestro sistema democrático se cimenta sobre 2457 fosas comunes,  de las cuales 1221 se encuentran sin exhumar y 250 fosas han desaparecido debido a la desprotección de las autoridades competentes. Eso sí, sigue en pie el mausoleo que mandó construir el dictador a los propios presos y, por tanto, esclavos. El Valle de los Caídos sigue en pie y custodiando con honores a Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. De hecho, el partido del gobierno ha defendido que ambos se queden donde están, votando en contra de una iniciativa en el Congreso de los Diputados presentada por el PSOE. Es, por tanto, obvio que el talante filofascista del Partido Popular es una auténtica amenaza para la salvaguarda y defensa de los valores democráticos que deben regir la gobernanza de un país. Cuestionar la necesidad de dejar de rendir honores a la figura de un dictador que llevó a la muerte y desaparición a cientos de miles de personas, en lo que Paul Preston denomina el "holocausto español", no puede ser una actitud normalizada en nuestro país. Y, sin embargo, lo es.

Por tanto no es de extrañar que exista una fundación pública para venerar la figura de Francisco Franco a la que se le permite por parte de este gobierno que siga custodiando documentación clasificada como "secreto oficial". Es decir, no solamente es que exista una fundación pública declaradamente franquista sino que después de que Izquierda Unida preguntara al gobierno si era conocedor de que en la misma se custodiaba información clasificada que debería estar protegida por el ministerio, el gobierno reconoció que es así y que eran conocedores de ello pero que iban a mandar un escrito para pedir que la entidad remitiera la información al "organismo competente". Sorprende que tras la constatación de una irregularidad, el gobierno tan sólo considere necesario mandar un escrito para pedir al infractor que deje de cometerla.

No obstante, esta buena relación entre Gobierno/Partido Popular y dicha fundación se materializa en la entrega de premios a la lucha contra la Ley de la Memoria Histórica que otorga esta entidad y que este año fue a recaer en Juan Antonio Morales, secretario provincial del PP de Badajoz y diputado de la Asamblea de Extremadura, a Antonio Pozo, alcalde popular de Guadiana del Caudillo (Badajoz) y a Ana Rivelles, alcaldesa de Alberche del Caudillo (Toledo) y también del PP por su "labor destacada en la defensa de la verdad histórica y de la memoria del Caudillo y su gran obra", según públicó "La Marea". Por supuesto, estos cargos no fueron reprobados por el partido.

Una de las causas por las que se plantea la moción de censura al gobierno es por esa clara injerencia en el poder judicial que se ha ido constatando a través de las últimas noticias sobre corrupción. No es algo nuevo. Ya lo hizo la, por entonces Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, para impedir que la ‘Querella Argentina’ siguiera su curso. Para ello emitió una instrucción el 30 de septiembre de 2016 en la que pedía a los fiscales que informasen en contra de la cumplimentación de las comisiones rogatorias, es decir, de las peticiones a la justicia española por parte de la jueza argentina Servini, un derecho que le asiste merced a los acuerdos que sobre colaboración judicial hay entre ambos países. Entre otras acciones, se solicitaba tomar declaración a víctimas de la represión franquista que por causas de salud no pudieran desplazarse hasta Argentina, como fue el caso de Gerardo Iglesias. Así nos enteramos de esta operación política para garantizar la impunidad, a partir de la suspensión de la declaración al que fuera secretario general del PCE y coordinador de IU que fue duramente torturado durante la dictadura. Algo “inédito” en palabras de la abogada de la querella argentina, Ana Messuti, que en un caso como este, Madrigal pida que se quede sin aplicación un exhorto enviado por la justicia argentina en virtud del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal concertado entre Argentina y España, a pesar de reconocer su vigencia. El propio texto de la fiscal decía así literalmente: “Si bien el art. 28.2 […] reseñado permite que se preste asistencia aunque el hecho no sea punible según las leyes de la parte requerida es necesario que se haga en interés de la Justicia. Difícilmente puede mantenerse que existe un interés de la Justicia dadas las circunstancias”.

Estas últimas palabras de Madrigal son concluyentes, para el Partido Popular -que es, en definitiva, quien hablaba por boca de la fiscal- no hay interés en que se haga justicia a las víctimas del franquismo. Algo evidente también en el proyecto de presupuestos de 2017 del Ejecutivo que vuelve a dejar vacía la hucha -viene haciéndolo desde 2013- para contribuir al desarrollo de los derechos humanos, tal y como el relator de la ONU pide insistentemente en sus informes.

El ejecutivo del Partido Popular no sólo injiere en el poder judicial para obstaculizar la Querella Argentina, no sólo vota en contra de iniciativas y legislación que pide velar por los derechos de las víctimas del franquismo, no sólo permite caprichos a la Fundación Francisco Franco, no sólo defiende la necesidad de un mausoleo para el dictador, sino que también hace ostentación de su talante antidemocrático y exalta a golpistas como Sanjurjo. Tras su exhumación por parte del Ayuntamiento de Pamplona de la cripta del Monumento a los caídos de la ciudad, se supo que sus restos fueron trasladados a Melilla con ceremonia militar incluida. A este hecho que podría constituir una vulneración de la Ley de Memoria Histórica, hemos de sumarle la participación del número 2 de Interior en una jura de bandera con ofrenda floral a la Cruz de los Caídos de Dos Torres en Córdoba, hecho puesto en conocimiento de la fiscalía por parte de Izquierda Unida.

El Gobierno no sólo abandona a las víctimas del franquismo sino que además exalta valores antidemocráticos de forma continuada y consciente sin que eso suponga un verdadero escándalo social.

Todas estas razones que he ido hilvanando en este relato deberían ser suficientes para constituir por sí mismas la exposición de motivos de una moción de censura, pero lamentablemente nuestras instituciones democráticas llevan demasiado tiempo acostumbrándonos a tolerar lo intolerable y han acabado por normalizar la impunidad franquista en nuestro Estado de derecho. Ayer mismo lo expresaba el relator de la ONU sobre España: "la fortaleza de la democracia se mide en la capacidad de atender los reclamos de las víctimas". Juzguen pues, ustedes mismos, en qué estado se encuentra la nuestra y si es necesaria o no esta moción de censura que es también una moción contra quienes garantizan la impunidad del franquismo.