Estos días se inician los juicios contra los copresidentes del HDP (Partido Democrático de los Pueblos)  Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdağ.  En el caso de Demirtas habrán pasado 399 días de arresto, desde que el pasado 4 de noviembre de 2016 fue detenido y encausado con más de 30 cargos, entre los que destacan cargos criminales, como consecuencia de la aplicación de la ley antiterrorista. Son los mismos cargos que les aplican de manera sistemática a todas las personas detenidas desde el golpe de estado fallido en verano de 2016. Sin embargo, el proceso de involución democrático y recorte de derechos y libertades se lleva fraguando desde mucho antes.

No hay que olvidar que estas detenciones no hubieran sido posibles sin antes anular la inmunidad a 138 diputadas y diputados, de los cuales 101 representan a las dos principales formaciones de la oposición, el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y el Partido Republicano del Pueblo (CHP), de centroizquierda. El 8 de junio del 2016, Erdoğan aprobó las enmiendas a la constitución que abrieron la puerta para someter a juicio a los legisladores de la oposición. Más de un mes antes del intento de Golpe de Estado en Turquía.

Las detenciones arbitrarias no son un fenómeno aislado sino que se inscriben en un proceso de autoritarismo, represión y regresión democrática que lleva varios años produciéndose en Turquía bajo la dirección de Recep Tayyip Erdoğan. Sirva como ejemplo, la situación que vivimos el pasado mes de septiembre cuando una delegación de PODEMOS y En Marea estuvimos en Turquía y Kurdistán, de cara a reunirnos con organizaciones políticas, sindicales, sociales, ONGs, feministas, académicas y de periodistas con la intención estrechar lazos, pero también de conocer de primera mano la situación política del país después del referéndum constitucional de abril de este año.

Teníamos una reunión con el vicepresidente del Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal partido de la oposición turca y miembro de la internacional socialista, que al poco de comenzar la reunión en el local del CHP, la cara de nuestro interlocutor cambió, fruncía el ceño y compartía sensiblemente nervioso unas palabras con el traductor, acto después nos comunicaban que la reunión tenía que concluir. Nuestro interlocutor se había enterado en directo por los medios de comunicación que se abría una investigación judicial contra él por unos Tweets sobre unos ataques con drones en el Kurdistán turco. El propio dirigente del CHP señalaba que el modus operandi en su caso estaba siendo muy similar al proceso que terminó con las detenciones hacía más de un año de Demirtas y Yüksekdag

El populismo autoritario de Erdogan ha remodelado el escenario político turco desde la victoria en el 2002 del AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo) utilizando primero un discurso de "democracia pluralista" que mezclaba reivindicaciones populares con la exaltación de su figura como representante de la nación ante la burocracia militar. Y desde el comienzo de esta década con una deriva autoritaria y militarista con una reconfiguración de su política exterior marcada por un acercamiento a Arabia Saudí y Rusia, por la reactivación de la guerra contra el PKK, los constantes ataques a la libertad de información y los derechos fundamentales, así como por la modificación del bloque de poder con la expulsión de los "Gulenistas" y la incorporación de los ultranacionalistas del Partido de Acción Nacionalista de extrema derecha.

La lógica de la guerra, dentro y fuera de Turquía, ha sido clave para convertir el estado de emergencia en la norma, estableciendo un nuevo paradigma de la "normalidad" basado en la violencia. El AKP superó la crisis más grave de su historia, provocada por las elecciones de junio de 2015, por medio de la guerra. De esta forma, la guerra se ha convertido en la palanca fundamental para el fomento del régimen, un régimen de partido dirigido por un hombre fuerte y dominado por la lógica extrema "amigo / enemigo".

Las instituciones y gobiernos de la Unión Europea no pueden seguir mirando hacia otro lado o, peor, siendo cómplices de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del Derecho Internacional por parte del Estado turco. También hay que denunciar alto y claro la complicidad del gobierno español. Como ejemplo las detenciones el pasado verano de los escritores y periodistas, Dogan Akhanli y Hamza Yalçin, teniendo que intervenir incluso la diplomacia alemana para que dejaran en libertad a uno de sus conciudadanos.

En los últimos tiempos, la relación entre la UE y Turquía se está convirtiendo en una recurrente arma propagandística tanto para Erdogan como para los mandatarios europeos, pero que no ha modificado un ápice la relación de socio preferencial de la UE. Los casos más sonados fueron las prohibiciones de los mítines del régimen turco a favor del SÍ por parte de los gobiernos holandés y alemán, durante la campaña del referéndum del pasado abril. Una prohibición que tenía poco que ver con la preocupación por la democracia en Turquía sino más bien constituían maniobras prelectorales en un contexto creciente de islamofobia por la presión de la pujanza electoral de la extrema derecha. Podemos decir que las instituciones internacionales, sobre todo la Unión Europea, le han fallado al pueblo turco y en especial al pueblo kurdo por no solo por no parar la deriva autoritaria de Erdoğan sino muchas veces por auspiciarla.

No podía terminar este artículo sin mostrar mi solidaridad internacional con el pueblo kurdo, y principalmente con Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdağ que siguen injustamente encarcelados y son juzgados estos días. Pedimos la inmediata puesta en libertad, no sólo de los co-presidentes del HDP, sino del resto de diputados y diputadas, concejales, profesores, periodistas, escritores o académicos que han sido detenidos arbitrariamente.