La reforma electoral es un magnifico termómetro para medir la voluntad de los partidos en mejorar la calidad de nuestra democracia, que muchas veces ha sido calificada como de baja intensidad. La proporcionalidad y la cercanía a los votantes no son temas que tienen que ver con los "beneficios" que obtiene cada fuerza política sino con la confianza y legitimización que nuestros sistema logra entre los ciudadanos.

El sistema electoral y la ley que lo sostiene, junto a la Constitución, ha sido cuestionada a lo largo de décadas especialmente por los partidos más pequeños, especialmente por IU y UPyD.  Sin embargo la perspectiva de cambio hasta el 2012 era muy pequeña. El Consejo de Estado en el estudio de los profesores Jose Ramon Moreno y Pedro Riera presentado en diciembre de 2008 concluía: "Las probabilidades de que se produzca una modificación del sistema electoral son escasas o nulas. Los dos partidos con capacidad para emprender una reforma de esas características no tienen incentivos para hacerlo".

Lo que era una demanda secundaria se transformó con la crisis y el 15-M en un clamor muy mayoritario (reflejado en cualquier consulta de opinión) y una presión creciente sobre los dos partidos mayoritarios, a la vez la quiebra del bipartidismo puso aún más sobre el tapete la necesaria reforma. La inmutabilidad del sistema electoral ha sido uno de los axiomas en los que se ha concentrado la indignación ciudadana con dos referencias esenciales: proporcionalidad y apertura.

La apertura de negociaciones de los dos partidos emergentes Cs y Podemos para la reforma del sistema ha puesto en tensión al resto de fuerzas políticas. El PSOE que en este como en otros temas se mueve en la oscilación entre cambio e inmovilismo, ha sacado su cara más conservadora cerrándose con argumentos formales por un lado (ya existe una subcomisión por la reforma ) y de fondo por otro ( el acuerdo con el PP como condición ), sorprendentemente se ha descolgado defendiendo la circunscripción provincial que es la más inmovilista de las propuestas, porque esa es la verdadera madre del cordero de la no proporcionalidad del sistema y no las fórmulas de atribución de escaños.

El PSOE bajo la dirección de Rubalcaba y ante la presión social por el cambio del sistema electoral (uno de los elementos más reiterados por el 15-M), avanzo en el 2012 una propuesta de cambio de las reglas electorales tomando como modelo el sistema alemán (mixto entre proporcional y mayoritario), ello implicaba lógicamente una reforma constitucional pero eso no fue óbice para que se adelántese una propuesta de cambio de gran calado. Sin embargo en los procesos electorales del 20-D y el 26-J, la propuesta socialista ya iba descafeinada, limitándose a las manifestaciones más groseras de inequidad pero dejando intacto la esencial del sistema. Así en el acuerdo de gobierno PSOE-Ciudadanos, dicho acuerdo retiraba todas las propuestas de del partido de Rivera para una reforma más profunda y se quedaba en las propuestas electorales mínimas del PSOE. Aún más cuando en el interregno de legislaturas se propuso una reforma express de la LOREG para que no coincidiese una repetición electoral con las fiestas navideñas, el PSOE voto en contra de las propuestas para reformas de mayor calado cuando estas fueron propuestas por Podemos o por diversos expertos en el sistema electoral. Y ahora ante la iniciativa de Ciudadanos y Podemos se coloca en la senda del inmovilismo o el blanqueo de una minireforma junto al PP. No hay que olvidar que las minireformas acordadas con el PP en el 2011 son la base del voto rogado (que ahora se quiere eliminar) y un mayor cierre del sistema dificultando la participación de fuerzas minoritarias.

Una reforma del sistema electoral en profundidad requiere una reforma constitucional (sobre todo porque la Constitución fija la provincia como unidad electoral, lo que provoca una clara tendencia a favorecer a los mayoritarios y a los sectores mas conservadores del electorado). Como han señalado recientemente Juan Ramon Capella y Jaime Miquel, y confesado Oscar Alzaga fue una ley ideada para derrotar a la izquierda en 1977. Por eso el cambio constitucional es el que abre la via a una legislación electoral mas proporcional y por ende mas democrática. Sin embargo, como ya señalaron en su momento los profesores Montero y Riera, hay muchas posibilidades de mejora sin realizar la reformar de la Constitución. En primer lugar señalar como ha hecho Jose Luis de Zarraga que el problema no son ni D´Hont (aunque popularmente se le atribuya el mal) ni otros sistemas alternativos como el Saint Lague que propone Politikon o el Hare de + Democracia, los problemas surgen de la circunscripción, las barreras mínimas de acceso y el mínimo de diputados por provincia, y sobre ellos sin necesidad de reforma constitucional se pueden abordar cambios importantes como los que ha venido señalando + democracia desde 2015:

• Reducción del minimo de representación por circunscripción de 2 a 1. Con esos 50 diputados se puede mejorar la proporcionalidad del sistema. Jaime Miquel ha señalado que en las negociaciones Podemos-Ciudadanos no lo han introducido en su negociación.
• Ampliación de 350 a 400 escaños (permitido por la constitución) mejorando la proporcionalidad política. Aquí a todos les da miedo que se considere que esto significa gastar mas dinero en "políticos" Pero alguna vez habrá que atender a los problemas de fondo y no al populismo
• Supresión del voto rogado, incorporar el voto del exterior con igualdad de derechos.
• Elecciones primarias en los partidos
• Limitación de mandatos por Ley
• Garantizar la representación paritaria en el Congreso de Diputados
• Extender el ejercicio del derecho al voto para personas con discapacidad
• Avanzar hacia la implantación del voto electrónico, con seguridad y garantias

Antes de abordar las medidas (ninguna es mágica en sí, y menos el sistema de atribución de escaños), es fundamental es abordar los principios que deben informar las medidas nunca lo trasladan a propuestas operativas: democratizacion de los partidos, conexión entre electores y representantes, mejorar la proporcionalidad global del sistema,  garantizar la representación paritaria mediante correcciones de género,  extensión del derecho de voto a toda la ciudadanía (voto exterior y personas con discapacidad).  Sin embargo estos principios básicos,  se olvidan en cuanto se empieza con la calculadora de los beneficios inducidos por el sistema,  rebajando el debate político y los derechos de representación de la ciudadanía a meras operaciones cosméticas.