Mucho más importante que la  reciente querella por prevaricación, presentada contra el magistrado Pablo Llarena por la Mesa del Parlament, es la participación de las organizaciones catalanas de UGT y CCOO en la manifestación contra la represión, convocada para este domingo en la capital catalana. En un clarificador e interesante comunicado conjunto, los dos sindicatos hegemónicos critican tanto la tipificación desproporcionada de algunos delitos como el abuso de la prisión preventiva de los jueces en los últimos tiempos. Respuesta sindical, afirman, como reacción a una actuación judicial "limitativa de las libertades democráticas", que no debe confundirse con ningún tipo de apoyo a los objetivos políticos ni tampoco a la estrategia de las fuerzas soberanistas, que no comparten.

La coincidencia del grito de UGT-CCOO junto al silencio de PSOE-Podemos es significativo. Cuando estos dos sindicatos asumen funciones políticas, la denuncia de la arbitrariedad jurídica, y los dos partidos políticos, roles sociales, olvidándose de la primordial agenda democrática, algo no marcha bien en la izquierda española. Que en 2018 las centrales sindicales empiecen a recuperar las características de un movimiento sociopolítico, como el que protagonizó Comisiones Obreras bajo el franquismo, cuando los partidos eran ilegales, parece indicar que la sociedad española, bajo la dirección del dúo Rajoy- Rivera, avanza rápidamente hacia el autoritarismo preconstitucional de los años inmediatamente posteriores a la muerte de Franco.

Muy probablemente, los dos sindicatos no estarían mañana en la manifestación de Barcelona si Podemos no hubiese optado, tras comprobar su caída en los sondeos electorales, por hacer mutis por el foro ante  los muy graves problemas democráticos que se derivan del desafío de la Generalitat; además, al sumarse luego a la insoportable levedad del ser del PSOE, han creado un vacío político que hoy lo rellenan estas dos siglas sindicales. No corresponde a UGT ni a CCOO reclamar un diálogo, que exige tanto  la renuncia del inmovilismo de la Moncloa como el cese del unilateralismo de los soberanistas. A pesar de que esta exigencia es más que justa, ya que las conquistas de la transición corren el serio riesgo de verse recortadas por la involución democrática que está en marcha.

La  contrarreforma del artículo 573 del Código Penal vigente- su inconcreción autoriza calificar como actos terroristas meros delitos de alteración de orden público- pone los pelos de punta a cualquier sindicalista. Cuando fue votada esta modificación penal, en febrero de 2015, gracias al pacto de Rajoy con Pedro Sánchez, el diputado Joan Coscubiela, antiguo dirigente sindical de CCOO de Catalunya, advirtió así sobre esta  desaforada definición de terrorismo: "¡Ojo con eso! Igualan desórdenes públicos a terrorismo". El reciente intento de la Fiscalía de aplicar este delito a una activista soberanista ha encendido la alarma sindical.  ¿Quién garantiza que mañana no pueda aplicarse a un activista sindical, en un piquete informativo, o en una acción de protesta social?

Derogar esta reforma es vital para UGT y CCOO, tanto como la derogación del 135 que subordina todo el gasto social al pago de la impagable deuda alemana. Pero, en cambio, la del 573 del Código Penal, al contrario que la del 135,  es viable, ya que el PSOE y Podemos pueden demandar que se retome el texto original de la ley 10/ 1995,  que requería la pertenencia a una banda armada o grupo terrorista para  poder calificar la comisión de este delito de terrorismo. La potencial criminalización de las más simples actividades sindicales está al arbitrio de una Fiscalía General siempre dependiente del Gobierno. Hasta el momento, este peculiar terrorismo subjetivo, no definido objetivamente, era una espada enfundada pero, desde esta semana, hay que tener muy presente que se ha intentado utilizar.

La desvergonzada rivalidad entre Rajoy y Rivera es una útil cortina de humo que utiliza la derecha española para tapar la  creciente desigualdad social. La preocupación de los sindicatos ante la grave situación de Cataluña es fácil de entender, porque el Gobierno no afronta este conflicto políticamente y continúa además ocultando "problemas como los salarios, las pensiones o la precariedad laboral". Nada puede ser más rentable a Rajoy y a Rivera que convertir en estructural el conflicto nacional de Cataluña y , además, extenderlo a Euskadi, con la astuta finalidad  de que los trabajadores traguen con la nueva escalada de recortes que prepara la Merkel tras el cierre de las próximas urnas legislativas.