Crisis de supervivencia de la sociedad rural

Nuestro hábitat rural continúa sufriendo un proceso de despoblación que es estructural y parece irreversible, precipitando a la sociedad rural a una grave crisis de supervivencia en España. En la última Revisión del Padrón Municipal de Habitantes de 1 de enero de 2017, el conjunto de los municipios de hasta 5.000 residentes sufrió un decremento de -0,8% con respecto a la población empadronada en el año anterior en ese mismo agregado municipal: en términos absolutos, sus residentes menguaron en 48.557 efectivos, desde 5.794.057 a 5.745.500.

Si consideramos la evolución de la población entre 1 de enero de 2001 y 2017, observamos que la población residente en el Estado español se incrementó un 13,3%, mientras la empadronada en los municipios de hasta 5.000 habitantes disminuyó un -6,9% durante el mismo período. Por el contrario, los municipios que superaron los 5.000 habitantes crecieron un 16,8% en el número de vecinos registrados, aumentando en cada uno de los seis estratos en los que el INE desagrega los municipios que superan dicho umbral, tal como podemos observar en el Gráfico 1. En todo caso, entre los municipios que por su tamaño suponemos rurales (hasta 5.000 residentes) se manifiesta una única excepción con respecto a la pauta regresiva dominante: la población sí aumentó entre los de menos de 101 habitantes (+31,7%), aunque más bien se debe a que creció el número de municipios que se abocaron a ese pequeño tamaño debido al intenso proceso de despoblación en curso.

En un escenario estatal de significativo crecimiento demográfico, la despoblación de los municipios de hasta 5.000 habitantes ha implicado que éstos perdieran representación relativa entre el total de la población española, menguando en casi tres puntos porcentuales: del 15% en 2001 al 12,3% en 2017. Sin embargo, sabemos que no es un proceso sociodemográfico que se circunscriba al tiempo transcurrido del presente siglo, ya que la despoblación de nuestro hábitat rural es una consecuencia de factores macro-estructurales que actúan primordialmente desde que las políticas de la Dictadura franquista, especialmente las del llamado Según franquismo (1959-1975), provocaron un «éxodo rural» sin precedentes hacia las ciudades y áreas metropolitanas, principalmente las situadas en el trapecio geográfico formado por las provincias de Madrid, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Valencia y Alicante.

En concreto, entre 1950 y 1981, los municipios de hasta 5.000 habitantes menguaron un -30% en sus residentes, mientras los que superaron ese tamaño aumentaron un 66,6%. Estas tendencias demográficas opuestas han continuado entre 1981 y 2017, ya que la población de los municipios de hasta 5.000 habitantes retrocedió -12,8%, a diferencia de la residente en los municipios de más de 5.000 habitantes que creció un 31%. En principio, los Gobiernos autonómicos y estatal del actual régimen democrático de Monarquía parlamentaria parecían que eran conscientes y más sensibles a las carencias, abandono y marginación a las que fue sometido el hábitat rural durante la Dictadura franquista. Pero las políticas aplicadas desde las Administraciones autonómicas y central, con el apoyo financiero de la PAC y los fondos estructurales, las iniciativas y los programas de la CEE (1986) y Unión Europea (1992), para corregir la desigualdad e injusta relación entre el campo y la ciudad, han sido claramente insuficientes para resolver la crisis sociodemográfica que sufre el mundo rural. No han logrado mantener la población y mucho menos rejuvenecerla, por lo contrario continuaron las corrientes de envejecimiento y despoblación.

En la actualidad, ¿cuántos municipios tienen hasta 5.000 habitantes?: al comenzar el año 2017, de los 8.124 municipios españoles existentes, 6.826 no superaron ese umbral de poblamiento que, en términos relativos, constituyen el 84% del total. Casi dos tercios de los municipios del Estado español -concretamente 4.983, que representan el 61,3% del total- no logran superar los 1.000 habitantes. Prácticamente la mitad de nuestro universo municipal - exactamente 3.975 municipios, que simbolizan el 48,9% del total- no consiguen rebasar los 500 residentes. Por lo demás, entre 2001 y 2017, se produjo un notorio desplazamiento de municipios hacia el estrato de menor poblamiento: el número de términos municipales con menos de 101 vecinos aumentó en 387 unidades (de 934 a 1.321), un incremento del 41,4% durante el tiempo transcurrido del siglo XXI, en el que únicamente se crearon 17 nuevos municipios en el Estado español (+0,2%).

Indaguemos sobre el grado de despoblación del territorio rural mediante el indicador de la densidad de población: a 1 de enero de 2017, conocemos que los municipios de hasta 100 habitantes tienen una densidad media de 2,3 habitantes por km2 y los de 101 a 500 habitantes de 6,1 residentes por km2. Observamos en el Gráfico 2 que, ambos estratos municipales, tienen densidades medias inferiores a 10 habitantes por km2, el nivel de poblamiento de un territorio que en geografía y sociología de la población consideramos propio de un «desierto demográfico».

Además, el siguiente estrato municipal de 501 a 1.000 habitantes concretiza una densidad media de 11,8 residentes por km2, muy cercana a esa frontera que da paso al «desierto humano», donde seguramente se situará este estrato municipal en una próxima revisión anual del Padrón Municipal.

Resaltar que, a 1 de enero de 2017, en 3.493 municipios el valor de este indicador no logró superar los 10 habitantes por km2: con respecto al total de municipios españoles (8.124) representan el 43% de todos ellos y, en cuanto a la superficie de España, significan nada menos que el 42,8% del territorio estatal, sumando una población de 1.004.744 habitantes (2,2% del total español), con una densidad media de 4,7 residentes por km2. Un extenso «desierto demográfico» que se concentra en el interior peninsular: casi la mitad de los municipios con menos de 10 habitantes por km2 pertenecen a Castilla y León (1.563  términos que significan el 44,7% del total estatal), despuntando en segundo lugar, si bien a cierta distancia, los de Castilla-La Mancha (578 que representan el 16,5%) y Aragón (521 que simbolizan el 14,9%). Las tres Comunidades Autónomas suman el 76,2% de los municipios españoles que se distinguen por un nivel de poblamiento propio del «desierto humano».

En definitiva, unos datos estadísticos que nos informan del imparable proceso de despoblación y desertización de los municipios rurales que no son periurbanos, se encuentran distantes de las ciudades y áreas metropolitanas o que no están insertos en las redes económicas de la globalización capitalista. Un proceso estructural que está exacerbando el problema de la atomización municipal española, pues empeora las debilidades, carencias, costes e ineficacias que caracterizan un modelo de Administración local de «gestión minifundista» del extenso y abandonado territorio rural. A su vez, nos advierten del fracaso de las políticas económicas, agrarias y de desarrollo rural que se han implementado hasta la fecha en cuanto a su objetivo estratégico de fijar y rejuvenecer la población rural.  A la luz de los datos anteriores, más bien parece que han provocado el efecto contrario.

No queremos que nuestros pueblos y aldeas se vean abocados, como si fuera su destino inexorable, a la distopía de la desertización demográfica y el abandono final, como si todos ellos repitiesen maquinalmente la historia de Ainielle, recreada por Julio Llamazares en su extraordinaria novela La lluvia amarilla (1988). Pensamos que es urgente diseñar e implementar unas políticas alternativas que -promovidas desde abajo hacia arriba por la sociedad rural, mediante el empoderamiento de las y los ruralitas y sus asociaciones- posibiliten una reordenación y requilibrio entre hábitats en el Estado español. Unas políticas alternativas que pretendan superar el modelo neocolonialista que domina en las relaciones entre el campo y la ciudad, que tanto perjudican al primer tipo de hábitat. Que frente al productivismo, las híper competitividad, especialización y flexibilidad que imponen los actores capitalistas dominantes en los mercados mundiales se prime la calidad y la sostenibilidad ambiental, el buen vivir de los pobladores y demás seres vivos, así como la biodiversidad en el hábitat rural.

Unas políticas alternativas que impulsen la desconcentración y accesibilidad democrática de la población rural a las diferentes formas de capital, la descentralización, pluralidad y participación social, las relaciones directas y cooperativas entre asociaciones de productores y consumidores.  Que apoyen realmente el retorno de las y los emigrantes y, a su vez, la inmigración de «neorrurales» de las cohortes económicamente activas. Es decir, de urbanitas que sufren un malestar psicosocial por verse obligados a mal vivir en unas urbes más artificiosas y contaminantes, donde la pobreza y la precariedad, la segregación y la deshumanización proliferan. Un movimiento neorrural que podrá focalizar sus deseos y necesidades personales y grupales, buscar y construir en el hábitat rural, con mayor libertad e igualdad, unos estilos de vida más satisfactorios y saludables, a la vez que realizará importantes aportaciones demográficas, económicas y socioculturales a un mundo rural que quiere y lucha por sobrevivir.