Demandas de Ecologistas en Acción al nuevo Gobierno, en relación a la gestión del agua

Santiago Martín Barajas

A continuación os indicamos cuáles son las demandas de Ecologistas en Acción en relación a la gestión del agua, que hemos planteado al Ministerio para la Transición Ecológica. En su mayoría son medidas que puede adoptar directamente el Gobierno o incluso el mismo Ministerio, sin pasar por el Congreso de los Diputados.

Estas son las demandas:

1. Planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas y planes especiales de sequía. Caudales ambientales. Solicitamos la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas actualmente en vigor, en el siguiente sentido:

• Eliminación de nuevas obras de regulación.
• Eliminación de nuevos regadíos (700.000 nuevas hectáreas previstas).
• Fijación de caudales ambientales en el 100 % de las masas de agua.
• Revisión al alza de los caudales ambientales actualmente fijados de forma que permita, de acuerdo a la normativa vigente, mantener la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados (conservación de hábitats y especies, transporte de sólidos, contribución al buen estado ecológico de los ríos, etc).

En cuanto a los planes especiales de sequía, solicitamos:

• Su retirada por haberse elaborado con criterios erróneos, y en algunos puntos contrarios a la legislación vigente.
• El reinicio del proceso de elaboración de estos planes dentro de los trabajos preparatorios del tercer ciclo de planificación. Para ello, es necesario establecer índices de sequía que activen protocolos de gestión de recursos hídricos disponibles a nivel de demarcación, que permita revisar las demandas, que las medidas tengan coherencia con el resto del plan hidrológico, etc.

2. Embalses. Los embalses son una de las infraestructuras que más impacto ambiental y social generan. Los más de mil embalses existentes en nuestro país han supuesto la destrucción de otros tantos valles. En España, más de quinientos pueblos fueron inundados por las aguas de los embalses.

En ese sentido, con las infraestructuras actualmente existentes, se ha alcanzado un nivel de regulación elevado, que apenas se incrementaría con la construcción de otras nuevas. Por ello, no es aceptable que se planifiquen más, ni tampoco lo es que se mantengan aquellas que, por diferentes circunstancias, carecen actualmente de utilidad. Por ello, solicitamos:

• Abandono definitivo de los proyectos de embalses de Biscarrúes y Almudévar (Huesca) y Barrón (Alava).
• Paralización de las obras de los embalses: recrecimiento de Yesa (Huesca), Mularroya (Zaragoza) y Alcolea (Huelva).
• Desmantelamiento de aquellos embalses de alto impacto ambiental y social, y que actualmente carecen de utilidad (hay detectados al menos 15 embalses en esa situación). Como, por ejemplo, el de Finisterre (Toledo), Los Morales (Madrid), Isbert (Alicante) o Montearagón (Huesca).

3. Trasvases. El impacto ambiental y social de los trasvases es innegable. En las cuencas cedentes, siempre conduce a una situación de escasez, pues precisamente cuando más se les requiere, es cuando hay sequía en las cuencas receptoras, situación que en nuestro país suele darse también a la vez en las cedentes.

De esta manera, a éstas últimas se les tiene sometidas siempre a un estrés hídrico, que dificulta cualquier desarrollo socioeconómico. Prueba de ello son los efectos que han tenido los trasvases existentes en España sobre las cuencas cedentes.

Asimismo, en las receptoras, la existencia de los trasvases crea grandes expectativas de desarrollo, muy superiores a lo que permitiría el agua trasvasada. Esto lleva, en la mayoría de los casos, a situaciones de déficit, a veces, incluso mayores a los existentes con anterioridad al trasvase. Por ello, solicitamos:

• Abandono definitivo de la pretensión de establecimiento de nuevos trasvases entre diferentes demarcaciones.
• Cierre progresivo del Trasvase Tajo-Segura, con el fin de adaptar a la cuenca receptora al nuevo escenario de cambio climático y obligaciones ambientales. Se debe establecer una hoja de ruta para la desconexión progresiva de ambas cuencas, en el marco del tercer ciclo de planificación hidrológica.
• Clausura del trasvase Siurana-Riudecanyes (Tarragona) y puesta en marcha de lasalternativas existentes, que son totalmente viables y además de aplicación casi inmediata.
• Revisión de los otros 19 trasvases existentes entre diferentes demarcaciones hidrográficas.
• Paralización de las obras del trasvase del río Castril (Granada) y abandono definitivodel proyecto.

4. Aguas subterráneas. Se estima que existen actualmente del orden de 510.000 pozos ilegales en España, que extraen alrededor de 3.600 hm3 anuales de agua, incrementando en un 10-15 % el consumo “legal” de agua del regadío. Asimismo, una buena parte de los acuíferos se encuentran muy dañados: sobreexplotación, intrusión marina y contaminación difusa por el empleo masivo de abonos y pesticidas. La contaminación difusa es la más difícil de eliminar y sus consecuencias ambientales y sociales son más graves.

Por ello, solicitamos:

• Clausura, en un plazo de 5 años, de los 510.000 pozos ilegales que actualmente existen en España.
• Revisión sistemática del estado de cada uno de los acuíferos, con el fin de detectar posible sobreexplotaciones, de cara a la adopción de restricciones a la extracción.
• Establecimiento de medidas concretas para frenar y corregir la contaminación difusa derivada del uso de abonos y pesticidas.
• Revisión de la delimitación de las masas de agua dentro de los acuíferos, que deberán establecerse únicamente en función de las alteraciones geológicas que impidan su continuidad, y no por criterios puramente administrativos, que en algunos casos están encaminados a permitir incrementos en la extracción de agua.

5. Regadíos.La superficie de regadío ha crecido en España más del 20 % en los últimos 18 años, además se trata de una tendencia que continúa e incluso se acentúa, con la puesta en riego de viñedos y olivares.

Actualmente el regadío es el principal consumidor de agua en nuestro país. Del orden del 84,3 % (INE 2015), pero, si tenemos en cuenta los retornos, el consumo neto del regadío se eleva hasta el 93 %.

Este crecimiento continuado de la superficie regada hace que la mayor parte del agua que se retiene en los embalses se derive al poco tiempo a los campos. Así pues, nos hace mucho más vulnerables a los periodos de sequía y además pone en serio riesgo el mantenimiento de los caudales ambientales.

• Moratoria a la creación de nuevos regadíos en cualquier lugar del Estado.
• Eliminación progresiva de los regadíos ilegales existentes.
• Establecimiento de restricciones previas a las campañas de riego, de tal manera que el volumen de agua almacenada en los embalses, para el principio del siguiente año hidrológico, no se sitúe por debajo del 40 %.

6. Depuración de aguas residuales. A pesar de que en las últimas dos décadas se ha realizado un esfuerzo en lo que a la depuración de aguas residuales se refiere, lo cierto es que todavía el 20 % de las aguas residuales urbanas se vierten a nuestros cauces sin ningún tipo de depuración. Además, del 80 % restante que se depura, una tercera parte se vierte con un nivel de depuración deficiente, por debajo de los parámetros establecidos por la normativa vigente. A consecuencia de ello, nuestro país acumula ya cinco procedimientos sancionadores, abiertos por parte de la Comisión Europea.

• Realización de las inversiones económicas necesarias para alcanzar un 100 % de depuración.
• Establecimiento de mecanismos eficaces para poder controlar y garantizar el buen funcionamiento de las depuradoras de aguas residuales.
• Establecimiento de órganos supramunicipales para la gestión adecuada de las depuradoras de los pequeños municipios.
• Creación de pequeños humedales anejos a las depuradoras y abastecidos por éstas.
• Con independencia del régimen sancionador, repercusión de todos los costes económicos de descontaminación sobre las entidades que la producen, incluyendo la contaminación difusa.

7. Legislación. Ley de Aguas. Revisión de la Ley de Aguas en el sentido expresado en los documentos de Ecologistas en Acción, prestando especial atención a lo referente a caudales ambientales, el establecimiento de la prohibición de la venta de derechos entre particulares, así como la inclusión expresa del derecho humano al agua potable y al saneamiento, estableciendo un mínimo de 100 litros por habitante y día, al que toda persona tendría derecho, con independencia de que pueda o no pagarlo.
8. Reservas naturales fluviales. Las reservas naturales fluviales tienen como finalidad garantizar la conservación de aquellos tramos de ríos que todavía se mantienen apenas alterados por la acción humana. Se trata de una figura de protección que, cada año que pasa, resulta aún más imprescindible para la preservación de los valores naturales de estos tramos de ríos, dado el incremento continuado de las demandas, y la reducción de los recursos hídricos que se están produciendo a causa del cambio climático.

• Creación de nuevas reservas naturales fluviales, de cara a complementar el Catálogo Nacional de Reservas Naturales Fluviales, con todos aquellos tramos de ríos que merezcan esa clasificación, y recogiendo el mayor número posible de tipologías de ríos existentes.

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• Dotación de los recursos humanos y económicos necesarios para una adecuada gestión de las reservas naturales fluviales, de acuerdo con los objetivos ambientales de las mismas.

9. Tramos urbanos de los ríos. La renaturalización de los tramos urbanos de los ríos es una práctica cada vez más frecuente en Europa, no solo por su indudable interés ambiental, sino también por su gran importancia social, al interaccionar con esos tramos urbanos de los ríos, decenas de miles de personas casi a diario. En España ya se han realizado renaturalizaciones de tramos urbanos de ríos bastante exitosas, en general. Como ocurre con el Arlanzón, en Burgos, o el Manzanares, en Madrid. Pero existen bastantes casos en los que esta renaturalización todavía no se ha realizado.

• Renaturalización urgente del Río de Oro, en Melilla, cuyas obras está previsto que empiecen próximamente, y del río Genil, a su paso por la ciudad de Granada.
• Realización de un plan para la renaturalización, en la medida de lo posible, del resto de tramos urbanos de ríos de nuestro país, que todavía no hayan sido renaturalizados.

10. Adaptación al cambio climático. El cambio climático está teniendo efectos directos sobre las temperaturas, el nivel de precipitaciones y su distribución en el tiempo y, a consecuencia de todo ello, sobre los recursos hídricos aprovechables.

• Se realice un plan estratégico a nivel estatal de adaptación y monitorización ante el cambio climático, basado en la producción de material científico de calidad. Además debe estar orientado a comprender los procesos de evolución de las precipitaciones, mejora en los modelos de predicción climática, así como los efectos del cambio climático en los modelos y tipos de cultivo, degradación de suelos y contaminación de acuíferos.
• Revisión y mejora de la red de estaciones de aforos, ampliando su número y estableciendo planes de mantenimiento para todas las existentes.
• Determinación de cómo están evolucionando las aportaciones en régimen natural en las diferentes cuencas y subcuencas, actualizando los datos hasta el año anterior al que esté en curso.
• En función de la evolución de los recursos disponibles en cada demarcación, redimensionamiento de las superficies de regadío en cada una de ellas. Garantizar el acceso libre a la totalidad de los datos actualizados hasta el año anterior al que esté en curso

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