El éxito de un gobernante suele ser inversamente proporcional al número de ciudadanos a los que es capaz de tocar las narices. En esto no hay medias tintas ni lecturas en positivo. Ocurre un poco lo mismo que lo que decía Woody Allen del sexo, que sólo es sucio si se hace bien. Lo de gobernar para todos es una falacia. Se gobierna contra alguien, ya que cualquier medida por inocente que parezca acarreará una legión de detractores y de ofendidos.

Como alguna vez se ha explicado aquí, ni siquiera cabe esperar de los favorecidos un agradecimiento eterno porque los ciudadanos tienden a pensar que aquello que les beneficia les correspondía por derecho y olvidarán rápidamente que se les concedió algo que anteriormente les estaba vetado. Por el contrario, no pasará un momento sin que se acuerden del árbol genealógico de quien le fastidió por mucho tiempo que transcurra.

Las primeras decisiones del Ejecutivo o, al menos, sus intenciones declaradas se están ajustando a este patrón, que es la manera de ganar elecciones si se hace bien y la de granjearse enemigos feroces, lo que es adecuado y hasta necesario ya que significa que no se ha llegado al poder sólo para tocar la lira. El buen gobernante causa pequeños incendios; el malo reduce todo a cenizas por acción o, en la mayoría de los casos, por encogimiento de hombros.

No hay que tener miedo, por ejemplo, a que la banca amenace con el infierno si les exige con una tasa para que contribuyan al mantenimiento de las pensiones o a que las grandes empresas se rasguen las vestiduras porque se les anuncie que el impuesto de sociedades dejará de ser la limosna que entregaban al cepillo de Hacienda y que tendrán que cotizar sin topes por sus trabajadores mejor pagados. De nada vale que  el Ibex te dé palmaditas en la espalda por tu sentido de Estado si ello implica dejar de financiar las urgencias y necesidades de quien se supone que integra tu base social.

Si en algo tenía razón Rajoy es en la necesidad de ser predecible, cada uno a su manera. De un Gobierno que se califica de izquierdas se espera que modifique la reforma laboral y equilibre las relaciones de empresa para que los representantes de los trabajadores dejen de ser convidados de piedra. Se descuenta que abrirá las puertas de la Sanidad a los inmigrantes, eliminará los copagos farmacéuticos y atenderá a los dependientes. Se confía en que privilegiará la educación pública, subirá las becas y reducirá las tasas. Y hasta se presume que no enviará los tanques a la Diagonal contra el independentismo. No caben esos disfraces que nunca son de la talla adecuada y dejan habitualmente al descubierto el final de la espalda.

Cada acción origina una reacción y hasta las medidas con mayor consenso aparente originan pequeños seísmos. Ha ocurrido incluso con el anuncio de modificar el Código Penal para castigar como violación toda relación sexual que no cuente con el consentimiento expreso de la mujer, propuesta que ha dado pie a sesudos análisis de juristas que alertan de que la futura tipificación acabará con la presunción de inocencia y alterará la carga de la prueba. Como si fuera una ocurrencia fruto de una noche de insomnio, se critica algo que ya rige en países como Suecia, Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Irlanda o Luxemburgo, y que está recogido en el Convenio de Estambul para la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres.

La misión de un Gobierno no es almohadillar las calles sino pisar callos. El ejercicio del poder es una cuenta de pérdidas y ganancias, una pugna entre el debe y el haber. Finalmente, los electores sumarán y restarán según les haya ido la fiesta. No se les engaña fácilmente anunciando con el intermitente giros que nunca se producen. Quieren ver y hasta tocar. Téngase en cuenta.