Ni un 20N más de impunidad franquista

Tengo una imagen clavada en la garganta: la imagen de una mujer semidesnuda apaleada por varios hombres. La vi ayer, al despertarme, y desde entones no me la despego de la memoria. Se trata de la imagen de una activista de Femen apaleada por varios fascistas miembros de Falange. El fascismo persiguiendo al feminismo. Nada nuevo, pero no por ello menos duro.

Las imágenes posteriores mostraban a policías llevándose a las mujeres del lugar, desconozco si las protegían o las detenían porque no he podido mantener la mirada del vídeo. Necesitaba olvidar las imágenes porque son insoportables. Ahora, sin embargo, he vuelto a ellas para comenzar este artículo que escribo, un año más, para ser publicado un 20 de noviembre. Porque de nuevo sigue siendo necesario escribir un 20N, desde el antifascismo, en esta efeméride maldita que nos recuerda que el dictador murió bendecido en su cama mientras miles de víctimas yacían arrojadas en la tierra como insectos.

Este año además es especialmente doloroso para la democracia, ya que la anunciada exhumación de los restos de Franco del infame Valle de los Caídos ha generado una suerte de "efecto llamada fascista" que ha evidenciado algo que ya sabíamos: que el franquismo se ha mantenido impune durante más de 40 años de democracia. Las víctimas de la dictadura organizadas en asociaciones memorialistas llevan defendiendo, prácticamente en solitario y al margen de las instituciones, la necesidad de perseguir los crímenes de lesa humanidad en nuestro país y, por tanto, de aplicar los Derechos Humanos a las víctimas de, lo que Paul Preston denominó, el "holocausto español".

Un PSOE timorato y necesitado de gestos puso encima de la mesa, después de 21 años de otros tantos gobiernos socialistas, la necesidad de sacar del lugar sagrado y preeminente del Valle de Cuelgamuros los restos del dictador. Para ello redactó un Real Decreto que ahora mismo se está debatiéndose en forma de Proyecto de Ley en el Congreso, permitiendo así que pueda ser enmendado para introducir todas aquellas ausencias y errores que conformaron la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2006. Como Izquierda Unida, desde Unidos Podemos, y junto a trabajo de decenas de asociaciones, ya en junio habíamos registrado una Proposición de Ley de Víctimas del Franquismo y la Transición que, cinco meses después de su registro, aún no ha podido debatirse en el Parlamento, pero cuyos artículos hemos transformado en enmiendas para que, finalmente, su contenido pueda ser tomado en consideración.

Nuestras exigencias no son sólo de sentido común sino también de sentido democrático. ¿Cómo podemos considerarnos un Estado de Derecho si mantenemos vigentes las sentencias que condenaron a Miguel Hernández, a Julián Grimau o a las Trece Rosas? ¿Cómo considerarnos demócratas si las víctimas del franquismo han tenido que cruzar el charco hasta Argentina para que un tribunal les garantizara el derecho a la Justicia? ¿Cómo podemos hablar de Derechos Humanos cuando mantenemos cientos de miles de víctimas bajo las cunetas de todo el país y necesitamos que los familiares se asocien para poder reclamar subvenciones graciables que les permitan sacar de la tierra a sus muertos para que puedan descansar en paz?

Es por toda esta infamia que nuestras enmiendas van a tratar de atajar el problema de raíz exigiendo al Estado que, de una vez por todas, persiga los crímenes contra la Humanidad que promovieron las autoridades e instituciones franquistas durante 40 años de dictadura.

Entre las reivindicaciones más importantes se encuentran las siguientes:

1) El impulso de  las exhumaciones y la investigación eficaz para esclarecer los crímenes de desaparición forzosa y sustracción forzada de menores a través de la creación de una Fiscalía especializada en la materia.

2) Denunciar y derogar el Concordato firmado en 1953 entre la dictadura franquista y la Santa Sede, renovados por los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede en 1976 y 1979. No podemos permitirnos tener en vigor un acuerdo cuyo origen está en aquel firmado por una sanguinaria dictadura militar con el Estado del Vaticano.

3) Garantizar la obligación de los órganos judiciales de impulsar la investigación de las personas desaparecidas forzosamente, impulso que estará guiado por los principios de verdad, reparación, justicia, dignidad de las víctimas y garantía de no repetición.

4) Siguiendo el principio de imprescriptibilidad de los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario, establecidos de los Principios de Nüremberg adoptados por Naciones Unidas en 1946, exigimos la obligación de los órganos judiciales competentes en el orden penal de proceder a la localización, búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos, según los criterios establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

5) Declarar la nulidad de los apartados e) y f) del art. 2 de la Ley de Amnistía para despejar el camino a las peticiones de investigación, persecución y reparación de los crímenes del franquismo que sistemáticamente quedan frustradas en los tribunales por la aplicación de la Ley de Amnistía. Se trata de delitos de lesa humanidad que, por su naturaleza, no prescriben tal y como remarca también el criterio mantenido por Naciones Unidas.

6) Implantar un régimen sancionador acorde con la realidad social de nuestro país, estableciéndose un catálogo de conductas sancionables.  En lo relativo a las conductas más graves, se sancionará amparar o permitir actos que justifiquen los crímenes de la dictadura franquista, o donde se incite directamente a la violencia, persecución u hostilidad contra grupos o colectivos vulnerables por cuestión de género, ideología, orientación sexual, origen étnico y nacional, así como a las víctimas del franquismo y del nazismo.

7) Resignificar todo el complejo del Valle de los Caídos para convertirlo en un lugar de memoria donde se expliquen los crímenes del franquismo, con especial atención al sistema concentracionario español, al Patronato de Redención de Penas del Trabajo y su relación con las grandes empresas o el papel de la Iglesia católica en la dictadura.

En lo que se refiere a la exhumación de los restos mortales del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, estos serán ubicados en un emplazamiento de carácter privado, sin que en ningún caso puedan depositarse los restos en espacios de uso público o en aquellos lugares que por su singular ubicación puedan convertir el emplazamiento en lugar de conmemoración, homenaje o  enaltecimiento de la dictadura o el fascismo, siendo potestad del Estado designar el lugar de ubicación de los restos mortales en caso de que los familiares no designen un emplazamiento acorde con lo establecido en el texto del artículo propuesto.

El envalentonamiento de la extrema derecha es fruto de la impunidad del franquismo. No podemos permitirnos como democracia ni un paso atrás. Todas las medidas propuestas y muchas más, que no caben en estas páginas, constituyen el avance que nuestra sociedad necesita para defendernos del fascismo, para que nunca más sea necesario un artículo de denuncia un 20N. Para que en 2019 empecemos a construir un país nuevo que nunca más hable de reconciliación sin justicia, ni de democracia sin antifascismo.