Gaza, la amenaza de una vida sin agua

En 2020 Gaza podría ser inhabitable. Es una dato que venimos repitiendo como un mantra desde 2012, cuando UNRWA publicó el informe Gaza 2020. Un dato que siempre nos ha parecido aterrador pero que ahora, a tan solo un año de que se cumpla el plazo, nos parece insoportable.

En tan solo un año las casi dos millones de personas que viven en la franja de Gaza, entre ellos 1,4 millones de refugiados y refugiadas de Palestina podrían ser incapaces de sobrevivir en esta franja costera de la que difícilmente pueden huir debido al férreo bloqueo por tierra, mar y aire impuesto por Israel.

Una de las razones por las que la Franja se volverá inhabitable es por la grave escasez de agua que sufre. Gaza se queda sin agua. Se calcula que 1,2 millones de habitantes de Gaza no tienen acceso a agua corriente. Para aquellos que lo tienen, hasta un 97% del agua que reciben no es apta para el consumo humano, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El 95% del agua en Gaza proviene del único acuífero de la Franja contaminado debido a la prolongada sobreexplotación. Se saca casi tres veces más agua de la que naturalmente repone la lluvia, lo que da lugar a que se filtre agua de mar. La alta salinidad del agua, sólo alrededor del 22% de los pozos de Gaza producen agua con concentraciones aceptables de sal, pone a los habitantes de Gaza en peligro de sufrir cálculos renales y problemas del tracto urinario.

La crisis del agua en Gaza se ve agravada por el bloqueo israelí y por las frecuentes y destructivas ofensivas militares. Años de conflicto han dañado o destruido gran parte de las instalaciones críticas de agua y saneamiento de Gaza, incluidos pozos, bombas, plantas desalinizadoras y  de tratamiento de aguas residuales. Infraestructura que no se puede reparar, ya que el 70% de los materiales que se necesitan para rehabilitarlas se consideran de “uso-dual” por las autoridades israelíes, lo que les lleva a rechazar o retrasar su entrada alegando problemas de seguridad.

La infraestructura dañada que sobrevive sólo puede utilizarse durante las pocas horas al día en las que Gaza recibe servicio eléctrico. Las plantas desalinizadoras de agua funcionan sólo al 15% de su capacidad, mientras que la reducción o suspensión del tratamiento de las aguas residuales ha dado lugar a un aumento de los niveles de contaminación.

El problema del agua en Gaza nos afecta más de lo que creemos. Al fin y al cabo compartimos el Mediterráneo. Sin instalaciones adecuadas, ni electricidad, cada día se vierten al mar Mediterráneo alrededor de 110 millones de litros de residuos sin tratar, el equivalente a 44 piscinas olímpicas. Más del 60% del Mar Mediterráneo alrededor de Gaza está contaminado con aguas residuales no tratadas.

Para la población allí, la única alternativa al agua contaminada es el agua transportada por camiones, a menudo de poca calidad y que cuesta hasta 20 veces más que el agua corriente. La dependencia de este agua ha dado lugar a un aumento del gasto de los hogares en agua a expensas de otras necesidades. Para los hogares pobres, la falta de alternativas supone un mayor riesgo para su salud. Los casos de diarrea entre los niños y niñas menores de 5 años son cada vez más frecuentes y una de las causas más comunes de mortalidad infantil.

De acuerdo con un reciente informe de la Corporación RAND, si el estado de emergencia crónico en el sector del agua y saneamiento de Gaza continúa, existe un riesgo inminente de que se produzca un brote de enfermedad endémica u otra crisis de salud pública que podría extenderse a países vecinos.

Para paliar esta situación, UNRWA apoya el funcionamiento de instalaciones esenciales de agua y saneamiento, como pozos de agua, en los campamentos de refugiados de la Franja y proporciona agua potable durante emergencias. Sin embargo, esto no es suficiente. Es necesario que se tomen medidas urgentes para acabar con esta situación, en caso contrario la actual crisis del agua de Gaza podría convertirse rápidamente en una catástrofe humanitaria dramática que agravaría aún más la delicada situación de la población del enclave costero y afectaría a la ya frágil estabilidad regional.