Soberanía para qué

Cuadro 'La Libertad guiando al pueblo', de Eugène Delacroix (1830)

Preguntaba retóricamente Jean Paul Marat “¿De qué sirve la libertad política para los que no tienen pan? Solo tiene valor para los teorizantes y para los políticos ambiciosos”. Como otros revolucionarios de su tiempo que pusieron punto y final al Antiguo Régimen, hubo de reivindicar la libertad más allá de un valor abstracto solo al alcance de ilustrados potentados y aterrizarla en las miserias y anhelos de un pueblo tomaba conciencia de serlo. Con la revolución francesa se inauguraba un siglo jalonado de revoluciones en el que nación, poder y Estado discurrirían sometidos a las tensiones entre la vieja aristocracia, la nueva plutocracia burguesa y el magma popular. Desde un primer momento, arrebatar el poder a la monarquía absoluta puso encima de la mesa cuál era la fuente del poder y, por ende, para salvaguardar qué. La Constitución francesa de 1791 ya instituyó la soberanía nacional, era la nación la fuente del poder y no “el rey de los franceses” que todavía conservaba la cabeza sobre los hombros y ciertas prerrogativas. Una nación en la que sólo los “ciudadanos activos” tenían plenos derechos políticos. La soberanía nacional se ligaba al sufragio censitario. La burguesía tenía la fórmula para romper los privilegios del Antiguo Régimen y proteger y sacralizar la propiedad privada. Como se preguntaba Marat, quedaba por resolver el pan.  A ese fin se conjuraron los jacobinos para lo que cuestionaron la fuente del poder, la soberanía nacional, y avanzaron en sentido roussoniano. La libertad se habría de ligar a la justicia social. Mejorar las condiciones materiales de las masas populares requería una “soberanía popular” que se instituiría en la Constitución francesa del Año I (1793) encadenada al sufragio universal (huelga decir que hasta el siglo XX en dicha universalidad estaban ausentes las mujeres) y al derecho de rebelión o de resistencia a la opresión.   La insurrección es el “más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes” y “las ayudas públicas son una deuda sagrada” para esta constitución. La propiedad privada seguirá siendo un derecho, pero ya no es “sagrado”. De esta suerte, la Revolución francesa adelantaba la confrontación decimonónica entre la defensa de la propiedad y el sufragio censitario, frente a las mejoras materiales de las masas populares y el sufragio universal.

Tras las oleadas revolucionarias de 1820 y 1830, en 1848, la primavera de los pueblos, se acaba con la Europa de la Restauración. El movimiento obrero, impregnado de socialismo, entra en escena con perfil y programa propio y consolida la fractura definitiva entre burguesía y clase trabajadora. Durante solo unos meses, la revolución de 1848 en Francia da lugar a una efímera “República Social y Democrática” con sufragio universal y adelantadas medidas sociales. Esta primavera de los pueblos floreció en estados italianos, alemanes, imperios austríaco y ruso, y tuvo sus ecos en España. Las “tormentas del 48” para Benito Pérez Galdós y, especialmente, la revolución de 1854. Si bien, será la revolución gloriosa de 1868 la que fuerce unas Cortes constituyentes por sufragio universal. Mientras España vivía el sexenio democrático (1868-1874) en Francia surge la primera experiencia de Estado obrero con la Comuna de París (1871). Supondrá el epílogo revolucionario de aquel siglo y nos sirve para recordar por dónde iban las reivindicaciones populares. La implantación de servicios públicos esenciales, la limitación del precio de los alquileres, el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción (la propiedad privada, de nuevo, en el centro de la diana) y medidas de radicalidad democrática como la revocabilidad de los cargos públicos, se abrían paso junto al sufragio universal. Esta soberanía popular, cada que vez que un proceso revolucionario la hacía cuerpo, se ponía al servicio de las condiciones materiales de las masas populares en las que, progresivamente, los sectores obreros afines a las corrientes socialistas crecían. También en 1871, en la recién nacida Alemania de Bismarck, se conseguía el sufragio universal. Un régimen reaccionario con tintes absolutistas en el que experimentó un espectacular crecimiento el movimiento socialista. Más tiempo tardó en llegar el sufragio universal a Inglaterra, si bien, el cartismo (1836-1848) fue una temprana experiencia de lucha que ayudó a que las masas obreras vinculasen sus demandas laborales a un programa político. En definitiva, la construcción de los Estados-nación durante el siglo diecinueve encontró desde sus estrenos la contradicción entre los intereses de las nuevas aristocracias y las masas populares, las cuales en las diversas experiencias revolucionarias, unieron sus prosaicas y cotidianas necesidades a derechos políticos como el sufragio universal, manifestación y resorte de la soberanía popular. Los intereses populares se sirven de la soberanía popular y por contra, cuanto más se vulnera dicha soberanía, más privado está el pueblo de derechos sociales y políticos y de mejoras en sus condiciones materiales de existencia.

La Gran Guerra (1914-1918) deja una Europa devastada y en condiciones prerrevolucionarias. La aspiración de toma del poder vuelve vigorizada por la revolución rusa y asociada, por el movimiento obrero filo comunista, a un proceso revolucionario demiurgo de nuevas fórmulas de soberanía de base obrera. Por su parte, la socialdemocracia, apostará por el sendero tradicional gradualista dependiente, de manera determinante, de la vía electoral en  los Estados  que no han mutado al autoritarismo o, directamente, al fascismo. En esta línea se entiende la Constitución Weimar de 1919: frenar el bolchevismo a cambio de mejoras sociales y políticas sustentadas en el sufragio universal. Las convulsiones económicas y políticas de postguerra dan al traste con la aspiración de paz social y progreso (el cual no tocaba, en última instancia, la propiedad privada  ni el orden social resultante) contenida en dicha constitución. También en España se frustra el proceso de transformación vislumbrado por la II República. Al igual que en otros procesos observados, el sufragio universal fue palanca para la Constitución de una “República de trabajadores de toda clase” en la que “los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo” y en la que “la propiedad podrá ser socializada”. La crisis de entreguerras produjo una extensión de los autoritarismos y fascismos, según el caso, cuyo fin último era eliminar las organizaciones populares ligadas al movimiento obrero, por tanto, extirpar cualquier forma de contrapoder, y acabar con las garantías democráticas de los propios Estados. El movimiento obrero será un actor fundamental en la Guerra Civil española y en la subsiguiente Segunda Guerra Mundial. Se incorporaba así a los objetivos de la victoria un largo bagaje de reivindicaciones democráticas remolcadas desde un siglo atrás.

De esta forma, el papel de la resistencia partisana en la derrota del nazi fascismo dejará su impronta en las constituciones de postguerra. La Constitución de la República Italiana de 1947 comienza con “Italia es una República democrática fundada en el trabajo”  y  acota el derecho a la propiedad para salvaguardar el interés general. Tanto la constitución italiana como la francesa de 1946 (“Gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”) pondrán énfasis en la protección de la sindicación, la huelga y el bienestar general a través de servicios públicos. La plasmación de la soberanía popular en estos Estados de postguerra había de servir para garantizar el bienestar del pueblo trabajador.  Se iniciaban los años dorados del capitalismo tras la II Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo de 1973, en los que el crecimiento económico, ligado a políticas redistributivas y a un consolidado poder sindical, dieron a luz los Estados del bienestar en Europa. Estados bajo la égida estadounidense, sometidos a las coordenadas de la guerra fría, pero con unas correlaciones de fuerzas entre el capital y el trabajo mucho más favorables al mundo del trabajo que en nuestros días. La política energética, la política monetaria, la intervención en sectores estratégicos de la economía o, incluso en casos como el francés, la no pertenencia a la OTAN, daban sentido –limitado a los condicionantes de la Guerra Fría- al concepto de soberanía. El sufragio universal parecía servir de algo.

España recogió la estela de este proceso en la Transición, también nuestra Constitución de 1978 pone límites al derecho de propiedad en aras satisfacer las condiciones de vida del pueblo trabajador: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” e, incluso, los poderes públicos “también establecerán los medios de faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. Pero ya eran otros tiempos. Efectivamente, España capta una estela, el rastro que deja tras de sí un movimiento ya pasado. Desde la crisis del petróleo se comienzan a implementar las políticas neoliberales que hoy están en su apogeo, cuyo primer y último escollo es una soberanía popular estoicamente batallada desde la Revolución francesa.

En resumidas cuentas, desde los años setenta las políticas neoliberales socavaron la capacidad de intervención de los estados en sus propios asuntos sin, por ello, edificarse nuevos organismos internacionales bajo control democrático. Sin entrar a detallar las causas y condicionantes de este resultado, sí toca indicar que hoy el poder reside más en corporaciones privadas y en organizaciones internacionales (la UE en el caso que nos ocupa) con graves déficits democráticos. No sirven a los intereses de las capas populares y pervierten el valor del sufragio universal en tanto importantes decisiones son tomadas en organismos “independientes”. Véase el Banco Central Europeo, funciona como una sociedad anónima sin obligación de aceptar instrucciones de los organismos o estados de la UE.

Muchos de los problemas actuales de nuestra sociedad y, especialmente,  aquellos que afectan a las condiciones de vida del pueblo trabajador, tienen que ver con las políticas neoliberales impuestas, vulnerando los principios básicos de la soberanía popular: servir a la mejora de las condiciones de vida y ser fruto de la voluntad de la mayoría social.

En España, el Régimen del 78 se ha edificado sobre un perímetro estrecho de soberanía nacional, tal y como la recoge nuestra constitución. La propia Jefatura del Estado es ostentada por una dinastía, la borbónica, cuyo titular disfruta de inviolabilidad absoluta, “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” (Art. 56 de la Constitución) porque es sabido por el derecho ancestral divino que the king can do not wrong. Alberto Lardiés acuña el concepto de democracia borbónica para explicar la limitada extensión de dicho perímetro democrático del Régimen y cómo las camarillas en el poder se han beneficiado de lo que es de todos bajo el paraguas benefactor, y beneficiado, de la Corona. Tenemos, por ende, un grave déficit de partida en la expresión de la soberanía nacional: la Jefatura del Estado no es cosa de todas y todos.

Pero el problema no acaba aquí. Otro hito de este proceso acaece con la aprobación del Tratado de Maastricht. Los europeos y, principalmente, los periféricos como los españoles, tienen menos capacidad de decidir sobre aquello que les afecta directamente. Quienes sí han ganado poder son los lobbies empresariales. No hay duda de que hoy día hay políticas que se han de adoptar a escala internacional y que el espacio europeo es el natural para hacerlo en el caso español. Pero la cuestión primigenia, abordada desde la Revolución francesa, vuelve con contumacia: cuál es la fuente del poder y para salvaguardar qué.

Cohonestando con lo anunciado en Maastricht y recurriendo a las fórmulas de nuestra democracia borbónica, aconteció el golpe a la soberanía de 2011 con la  reforma del artículo 135 de la Constitución. Supuso una ruptura de los consensos alcanzados en la Transición. Se perpetró en contra de la posición de los sindicatos, de IU y de otras fuerzas, y sin someter a referéndum ciudadano. La camarilla, con agosticidad y alevosía, grababa en la ley de leyes hasta dónde llega el poder del voto, hasta donde llega la soberanía con  el voto expresado en unas elecciones municipales o con el emitido en unas autonómicas o generales.  La pregunta de qué ha de salvaguardar el poder quedaba resuelta como en 1791: la propiedad. Pero ahora, en un Estado con sufragio universal. La desafección política paulatina en las últimas décadas y los elevados índices de abstención no son ajenos a este largo proceso de ir pervirtiendo el imperio del sufragio universal.

Con un Estado que hinca la rodilla sobre las espaldas de la mayoría social para salvar a la banca alemana y holandesa no es de extrañar el proceso actual de uberización de la economía. Si hacemos memoria, recordaremos cómo la construcción de los Estados-nación tuvo que resolver la contradicción entre el capital y el trabajo en cuanto a la regulación del mercado laboral. El movimiento obrero obligó a los Estados liberales a reconocer lo que ocurría dentro de la fábrica como ámbito de la soberanía de los Estados y no solo del propietario. Los Estados contemporáneos se construyen reconociendo esa contradicción y poniendo mecanismos para la resolución de la lucha de clases en el ámbito laboral. La uberización implica, en primer término, volver al primer capítulo de esta larga historia: no se reconoce a una de las partes. La ley la marca el propietario, ahora, de plataformas digitales. El capital puede hacer y deshacer a su antojo porque el Estado no llega. Las leyes laborales son papel mojado en este nuevo esquema. Empresas digitales (Uber, Cabify, Facebook, etc.) que evaden impuestos, como las SICAV, a las que este gobierno tampoco mete mano. El Estado ya no es capaz ni de hacer tributar cuando acepta operaciones de empresas con capital en paraísos fiscales. Si el Estado no interviene en las relaciones entre el capital y el trabajo, no hace tributar al capital y abre la puerta a fondos de inversión extranjeros que destruyen sectores económicos ¿quién tiene el poder?, ¿para salvaguardar qué?

Así, no es casualidad que uno de los mayores problemas de nuestro país, el elevado precio de los alquileres, que aqueja a las capas populares (jóvenes, pensionistas y trabajadores) no venga acompañado de soluciones gubernamentales. El fondo de inversión estadounidense, Blackstone, controla un enorme parque de viviendas y ya avisó a la ministra de Economía, Nadia Calviño, sobre lo que no podía hacer. Otra cláusula a nuestra soberanía es que ésta no sirva para controlar los precios del alquiler.

Nuestra economía tiene un déficit comercial entre cuyos motivos se halla el déficit energético. Importamos mucha energía no renovable para que la economía funcione a costa del medio ambiente y en beneficio de oligarquías, como las saudíes. No hace falta extenderse en la relación entre el negocio de los recursos energéticos (petróleo, gas natural) y las guerras de hoy día con los consiguientes fenómenos migratorios. Por el contrario, España tiene condiciones geográficas propicias para producir energía limpia. Nuestro país podría apostar por la soberanía energética y sostenible. Fomentar la producción de energías limpias desde el Estado y promover la auto producción y el auto consumo tendría enormes efectos positivos, como una menor dependencia económica de España y un menor deterioro medioambiental, hasta una bajada de la factura de la luz en los hogares. ¿Quién sale perdiendo en todo esto? Las empresas privadas energéticas, cuyos consejos de administración están trufados por la élite política. Hablar de soberanía energética es tocar los intereses de esos pocos que están cómodos en el perímetro de la democracia borbónica.

Correlato similar encontramos en la dependencia alimentaria de España y, paradójico, ruina escalonada del  sector agro ganadero. Por una parte, importamos alimentos de todas las partes del globo sin atender al impacto medioambiental o social de dicha práctica, cuando muchos de estos alimentos podrían ser producidos en los entornos en los que son consumidos. Por otra parte, los productores están sometidos a las condiciones de las empresas comercializadoras que especulan con los precios y arruinan a los agricultores y ganaderos. Soberanía alimentaria en pro del mantenimiento del sector agro ganadero, en armonía con el medio ambiente y como dique de contención a los fondos de inversión de capital riesgo que se están haciendo con la producción y comercialización mundial de alimentos. Poder para decidir qué comemos y cómo lo producimos.

Un martes de este agosto de 2019 nos enteramos de que un caza F-18, con enseña española, en el marco de una operación de la OTAN, fue interceptado por cazas rusos en el Báltico. ¿Qué hacen las fuerzas armadas españolas integradas en la OTAN? ¿Qué intereses defienden? ¿Ante quién o quiénes rinden cuentas las operaciones de la OTAN? Hace unos meses, el gobierno de Pedro Sánchez autorizó a los EEUU a reforzar el despliegue militar en la base de Rota sin consultar a las Cortes, sede de la soberanía nacional. Ante la nueva escalada armamentística estadounidense, con un presidente, Donald Trump, que ha roto el pacto nuclear con Irán, se ha retirado del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) suscrito con la extinta URSS y mantiene una agresiva política económica y militar contra Venezuela, China, Rusia e Irán, ¿tenemos algo que decir sobre el papel de la OTAN y nuestra pertenencia? ¿Somos soberanos cuando bases militares radicadas en nuestro territorio están al servicio de la política imperialista estadounidense? Bases imprescindibles, en su momento, para los famosos vuelos secretos de la CIA rumbo a Guantánamo. Dolores Ibárruri ya decía, en su informe de septiembre de 1970 al Comité Central del PCE, que las bases estadounidenses eran una “mediatización de la soberanía española y una permanente amenaza contra nuestro pueblo y nuestra patria”. En nuestro país, sin embargo, está vetado hablar de las fuerzas armadas y su papel. La democracia borbónica tiene eso. Las FFAA, entre cuyos cometidos está la defensa de la soberanía española, son un asunto de su mando supremo, Felipe VI, de la industria militar española y de la OTAN, instrumento del militarismo de EEUU y principal amenaza a la paz mundial.

Por todo esto, resulta un chiste de mal gusto la dicotomía sobre la que se divide la política española entre constitucionalistas versus populistas o entre europeístas versus antieuropeístas. Los autodenominados constitucionalistas y europeístas son los primeros que han vaciado de sentido la soberanía nacional recogida en la Constitución y han patrocinado una UE, tutelada por los EEUU, al servicio de las grandes transnacionales. En contraste, cabría hacer distinciones que sí respondieran a los intereses enfrentados que están en juego. De una parte, quienes defienden la soberanía popular como fuente del poder y al servicio del progreso social, de otra, quienes, como en 1791, sacralizan la propiedad y, por ende, anteponen los intereses de las élites extractivas. La distinción entre capital y trabajo, tan clara en siglos pretéritos en cada conflicto, pretende ahora nublarse, difuminarse o, incluso, negarse. El debate nacionalista en nuestro país es el último y bochornoso intento de ello. Toca hablar de un Nuevo Proyecto de País, España, alzado sobre los intereses del pueblo trabajador, fuente de soberanía popular. Un pueblo que a lo largo de la historia ha compartido miserias y aspiraciones a lo largo y ancho de Europa. Las luchas y conquistas democráticas vertebraron un internacionalismo que debe ser inspirador de nuevos espacios de cooperación europeos al servicio de los pueblos y a la altura de la crisis ecológica ya presente. La alternativa del capital, ante el deterioro de los actuales Estados-nación y de la UE, es el estado neoliberal-autoritario, con ejemplos en Hungría, Polonia, referencias como Salvini o Trump y cuyo exponente paradigmático encontramos en Brasil. Bolsonaro es el punto de engarce entre los intereses de las grandes corporaciones multinacionales y la cúpula militar brasileña para cuya consecución se valen de ese estado neoliberal-autoritario. Un Bolsonaro que  recupera los planes de la dictadura brasileña para pavimentar la Amazonía. El neoliberalismo es incompatible con la naturaleza y con el bienestar de la mayoría. Por eso hoy necesita imponerse por la fuerza: su posibilidad pende del autoritarismo. No es casualidad que en estos años de crisis en España las  políticas neoliberales aplicadas sin piedad se hayan acompañado del procesamiento de más de trescientos sindicalistas, de artistas o simples tuiteros.

Igual que en el siglo XIX, el pueblo trabajador ha de trenzar hebras de reivindicaciones democráticas con laborales. Pero, a diferencia del pasado, hoy nos jugamos la propia pervivencia de la humanidad. La crisis ecológica es también civilizatoria. Un Nuevo Proyecto de País debe empezar por cimentar soberanía popular. La fuente del poder tiene que pasar a manos de quienes sí hacen mover el mundo, esgrimiendo fórmulas de radicalidad democrática incompatibles con la democracia borbónica. El término demo, pueblo, proviene del latín demonstratio (demostración) y del griego demos (pueblo). Concibamos la democracia (gobierno del pueblo) como una demostración (acción de demostrar que determinada cosa es verdad o se cumple) de la soberanía popular. El poder debe emanar del pueblo para hablar de democracia, y nuestra democracia debe demostrar eso, no pervertirlo. Hoy el pueblo tiene una composición compleja, con unas condiciones de existencia muy diversas pero con un denominador común: la desposesión. Nos han desposeído de la capacidad de decidir sobre los asuntos públicos, de los recursos naturales, de derechos largamente batallados, del fruto de nuestro trabajo e, incluso, de nuestros lugares de procedencia. Desde jornalero de la hostelería, un teleoperador precario, un autónomo asfixiado por multinacionales, una kelly, un pensionista depauperado, un universitario hipotecado en masters, un desempleado de larga duración, un pequeño  empresario que trabaja para pagar al banco, un repartidor de glovo, un trabajador público…hasta un migrante, el más desposeído, que por no tener no tiene ni adonde volver. Todos estos desposeídos son el nuevo pueblo sobre el que hacer valer la soberanía popular. Pensemos España en estas coordenadas de Nuevo Proyecto de País. Soberanía popular de un demos del siglo XXI. Son varios los desafíos impostergables e irresolubles por el Régimen del 78 y, en su caso, la UE. El desarrollo de un país plurinacional, el terrorismo patriarcal, la desigualdad social, la conformación de espacios de cooperación internacionales democráticos, la crisis ecológica, el poder de las camarillas, la crisis migratoria, la subasta de los servicios públicos al mejor postor, el desmantelamiento del tejido productivo…El sujeto histórico capaz de construir soberanía popular es el llamado a afrontar estos retos.