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Opinión · Dominio público

A qué nos confronta el Coronavirus. Escudos protectores ante el colapso económico

El Covid19 ha llegado a nuestras vidas arrasando las rutinas de la vida cotidiana y poniendo en evidencia el colapso del sistema económico. La rápida expansión de la pandemia afecta a cientos de miles de personas y es la causa directa esgrimida para la excepcionalidad que representa la declaración de Estado de alerta vigente y el paquete de medidas económicas extraordinarias que se acaba de aprobar y que movilizará 200.000 millones de euros, cerca del 20% del PIB.

Aún en shock por la emergencia sanitaria y ante la tremenda dificultad de gestionar el riesgo global de contagio hemos incorporado a nuestra vida cotidiana los efectos de una relativa tiranía de la urgencia como mal menor; de ello da cuenta la aceptación de medidas como la del confinamiento generalizado, las restricciones de movilidad, la recentralización, militarización de las vías públicas e incluso el cierre de fronteras. Es entendible, ante una situación excepcional se requieren medidas también excepcionales así como la previsión de su carácter temporal; se trata de evitar que este nuevo contexto sirva de excusa a un nuevo escenario de delirio neoliberal que deje en los márgenes a quienes padecen las condiciones de mayor precariedad.

El Covid19 nos pone a prueba, ante la gravedad de la emergencia ecosocial y la crisis de reproducción social de la que insistentemente venimos alertando desde movimientos altermundistas, feministas y ecologistas. Por ello, una vez focalizada la emergencia sanitaria, urge atender los efectos sociales de la pandemia y decidir qué dirección va a tomar la economía para reconducir la atención no tanto al concepto abstracto de ‘demanda’ si no a las necesidades sociales del mayor número de personas. Hay una oportunidad única de dar sentido al discurso de las personas primero y al de cuidados y sostenibilidad de la vida en el corazón de la agenda política y económica. ¿Seremos capaces de aprovecharla?

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La pandemia ha hecho aflorar debilidades y heridas abiertas por la gestión austericida neoliberal de la pasada década. Si existe temor al colapso del sistema sanitario es debido a los duros recortes y privatizaciones que afectaron al sistema público de salud y de protección social. Dicho desmantelamiento ha cronificado la desigualdad, la precariedad y el riesgo de pobreza por lo que miles y miles de personas ni siquiera podrán estar en cuarentena o hacerse la prueba para saber si están infectadas. La mayor precarización atraviesa las vidas de las mujeres (menores tasas de actividad, mayores tasas de temporalidad, parcialidad y subempleo, mayor afectación de empleo atípico con mayor desprotección laboral, brecha salarial, brecha de pensiones) y pone sobre la mesa la urgente necesidad de hacer frente a la crisis de reproducción social (brecha de cuidados, sobreexplotación de las cuidadoras familiares e informales, neoliberalismo sexual, feminización de los colectivos profesionales fuertemente precarizados,como trabajadoras del hogar, ayuda a domicilio, cuidadoras de residencias, kellys, etc.) Tendríamos que preguntarnos qué está pasando con las trabajadoras del hogar, y aún más con las que están en régimen de internas, con las cuidadoras a domicilio, con las limpiadoras de los centros sanitarios, de las empresas que aún están en funcionamiento, con las cajeras de los supermercados; qué medidas de protección sanitaria y laboral les están facilitando a quienes realizan estos trabajos de reproducción social imprescindibles, siempre, y más en el momento actual. ¿Se les está facilitando que puedan parar para cuidarse y cuidar; y de ser así, en qué condiciones, cobrando o sin cobrar?

La pandemia nos confronta con el delirio neoliberal y patriarcal, y hay que hacer frente a sus efectos sociales reorientando la política de gasto público; no es momento de economicismos ni reglas presupuestarias, urge un plan de acción social que propicie salir de esta situación. Así lo han entendido ya países como Alemania, Francia e Italia. Y ese parece ser también el sentido de las medidas económicas aprobadas por el gobierno español.

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Son muchas las expectativas que estaban puestas en el plan de medidas económicas y sociales que acaba de aprobar el gobierno de España; algunas se han visto refrendadas satisfactoriamente; otras, sin embargo, siguen pendientes de abordaje, quizás a la espera de una posible ampliación o incluso matización en el desarrollo reglamentario.

Es incuestionable que ante la parada de la actividad económica se agudizarán los problemas de liquidez de las empresas y de quienes perderán su empleo; el escudo económico y social aprobado focaliza en esta necesidad una parte importante del estímulo económico. Hasta 100.000 millones se han previsto para inyectar liquidez a las empresas y autónomos/as, a través de líneas de avales, agilizando los expedientes de ERTE y liberando del pago de las cuotas de seguridad social de las empresas durante ese tiempo. También se ha previsto dar cobertura de protección social a quienes pierdan su empleo, por un ERTE, garantizando el derecho a cobrar la prestación por desempleo aunque no se alcance al periodo de cotización mínimo y sin que ello reduzca el tiempo acumulado propio. Se trata de una medida de muchísimo calado para el sistema productivo; intenta evitar el cierre de empresas, así como dar seguridad y tranquilidad a una parte importante de personas ya afectadas por los anuncios de despidos temporales. Aún reconociendo su importancia, sin embargo, se queda corta, ya que no alcanzará a una parte importante de la población afectada por las precariedades y expulsiones derivadas de las últimas reformas laborales.

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La intención de proteger a las personas ha de posibilitar la inclusión de las diversas casuísticas que existen en un mercado laboral fragmentado y precarizado en el que sobran evidencias de las desigualdades de género existentes. Es imprescindible que los programas de gasto público inmediato se dirijan también a los grupos poblacionales que se encuentran ya fuera de los circuitos oficiales del mercado de trabajo: quienes están en subempleos o empleos atípicos hiperprecarizados, quienes están en algunos de los regímenes especiales de la seguridad social, como las trabajadoras del hogar o autónomas agrarias o del régimen del mar y también quienes están fuera completamente del trabajo remunerado. Hay necesidades de liquidez  que afectan a la vida cotidiana de todas las personas, la capacidad de responder a las mismas no debería ser solo una responsabilidad individual. Cómo hacer frente a los pagos básicos de subsistencia cuando se carece de ingresos, o se han reducido de tal manera que no alcanzan: pagos de las hipotecas, de créditos de consumo, alquileres de vivienda, alimentación, tratamientos médicos, facturas de luz, gas, agua, teléfono. Y también a la necesidad de hacer frente a los pagos inmediatos de autónomas/os y pequeñas empresas: seguridad social, alquileres, impuestos. Hay dos posibles mecanismos para atender a estas situaciones; por una parte, la suspensión temporal o aplazamiento del pago de determinadas obligaciones, como las de hipotecas, facturas de suministros, cuotas de la seguridad social (fundamentalmente cotizaciones del régimen de autónomos) e impuestos (como el IVA) y, por otra parte, la concesión de una prestación monetaria directa, a modo de renta básica de ciudadanía, llámese ingreso vital, renta garantizada o renta de cuarentena que se abone a las personas afectadas por falta de ingresos para poder atender a las necesidades de subsistencia. El paquete de medidas económicas aprobada por el gobierno contempla algunas de estas situaciones, como la moratoria del pago de hipoteca o la garantía de que no se cortará el suministro de luz, agua o gas, al menos durante un mes, a quienes estén en situaciones de vulnerabilidad grave. Sin embargo, el decreto no recoge la posibilidad de aplazar el pago de alquiler; tampoco el aplazamiento de cuotas de las seguridad social o de impuestos (sin recargos) para quienes trabajan como autónomas, salvo para quienes acrediten reducción importante de sus ingresos o pérdidas severas, a quienes se les facilitará una prestación por cese de actividad. Sería lógico que quienes, en muchas situaciones, han creado su propio empleo a través del régimen especial de trabajo autónomo tuvieran facilidades para aplazar el pago de las cotizaciones sociales sin necesidad de llegar al cese de la actividad, algo similar al criterio de flexibilidad facilitado a las empresas en ERTE.

Será necesario conocer la letra pequeña e identificar qué se entiende por pérdidas severas y qué diferentes casuísiticas pueden tener cabida en ella. Hay muchas situaciones que se escapan de la estandarización que prima en el mercado laboral y se les podría haber dado respuesta contemplando una renta garantizada, de ciudadanía, o básica, aún cuando fuese temporal, para extender la protección social y garantizar condiciones materiales de vida mínimamente dignas.

Otra de las necesidades básicas que también requiere de una respuesta inmediata se refiere a la alternativa habitacional. Es un gran avance que se haya incluido en el decreto la paralización de los expedientes de desahucio durante esta situación excepcional derivada de la pandemia, una vindicación de gran respaldo social sobre al derecho básico de vivienda y que requería una respuesta contundente. También urge concretar los recursos públicos para dar respuesta rápida de alojamiento a la población sin techo, a esto podrá dar cobertura parte de los 600 millones aprobados para atender a grupos poblacionales expuestos a mayor vulnerabilidad social y la flexibilización de la regla de gasto para la Administración Local con superávit para invertirlo en refuerzo de los servicios sociales y de ayuda a domicilio; no hay duda que será un balón de oxígeno para atender las necesidades básicas a través de servicios de proximidad. En esta misma línea, es importante considerar la alerta de género activada y reforzar la red de servicios públicos de atención ante situaciones de violencia de género, ampliando el límite de tiempo que las mujeres sobrevivientes puedan estar con sus hijas e hijos en dichos centros integrales de atención, casas de acogida o pisos de transición a vida autónoma.

Tras las medidas de inmediatez, hay que dar forma al sistema público de provisión de bienestar, reordenar las prioridades de gasto y reorientar el mismo para hacer efectiva una respuesta política y colectiva a los cuidados y su centralidad para la vida. Sin más dilación, hay que reforzar el servicio público de atención sanitaria de manera estable, a través del empleo público de calidad y reforzando la investigación médica de prevención y tratamiento -parte de dichos cometidos aparecen recogidos entre las medidas económicas aprobadas-; y es imprescindible ya articular un sistema público de cuidados y atención a la dependencia, garantista, focalizado en las etapas de mayor vulnerabilidad.  La pandemia también nos ha confrontado con que el recurso de las abuelas y abuelos cuidadores no es sostenible por más tiempo, en una sociedad atomizada, el confinamiento actual muestra las costuras abiertas de un sistema de bienestar débil construido en gran medida a costa del malestar de las mujeres.

Sin duda hay que valorar positivamente gran parte de lo que se ha anunciado como contenido del decreto de medidas de escudo social y económico y de la misma manera creo que hay que señalar la insuficiencia del mismo y la conveniencia de futuras medidas que complementen las ya aprobadas. Esta situación excepcional representa el momento más que oportuno para que los bancos realicen también su contraprestación a la colectivización social de sus pérdidas que hemos pagado toda la ciudadanía. Un posible mecanismo puede ser la creación de un fondo solidario para que las empresas y quienes trabajan como autónomas no se vean abocadas al cierre de la actividad, que pueda ser devuelto en un plazo asumible y sin intereses. Y junto a esto, creo que no se debería seguir evitando hacer frente al clamor la justicia fiscal y justicia social y rediseñar el sistema de impuestos eliminando los privilegios de clase y de género que tiene actualmente.

Así pues, insisto, es el momento de repensar los criterios economicistas que rigen la reglas de gasto, déficit y deuda pública y exigirle a la Unión Europea que sepa atender las necesidades de esta crisis sistémica; creo que el paso dado por Francia, Alemania e Italia marcan una tendencia de actuación pública a la que, en parte, parece sumarse también el gobierno español. Es tiempo de contemplar incluso la posibilidad de suspender temporalmente la actividad de las bolsas, y que su dinámica de incertidumbre no siga depreciando las posibilidades de atender a lo realmente importante.

El reto es convertir esta crisis sistémica en una oportunidad excepcional para darle un giro importante a nuestra organización de las formas y tiempos de vida; el coronavirus está mostrando las fisuras de un sistema económico que no es sostenible por más tiempo y el paquete de medidas aprobadas, si bien es importante, no es suficiente. Un plan de choque social a este capitalismo patriarcal desaforado es cada vez más urgente y así lo estamos reclamando desde las redes de solidaridad ciudadana y movimientos de acción política por la transformación ecosocial y feminista. El momento es ahora, antes que la ficción distópica llegue a apoderarse de nuestras vidas.

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