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Opinión · Dominio público

Lawfare y democracia

Pixabay.

El siglo XXI avanza incansable.

Mientras el porcentaje de pobres sigue creciendo, el mentado 10% de los más ricos y poderosos, dueños de todo en Latinoamérica junto a sus socios trasnacionales, se resisten a soltar las riendas y perder sus privilegios.

La evolución de la desigualdad se manifiesta a través de altas tasas de desempleo, elevados niveles de endeudamiento del sector privado y público, como así también del recorte de políticas públicas de salud y seguridad social, lo cual ha quedado aún mucho más expuesto en tiempos de la pandemia por Coronavirus.

En los últimos años las políticas de reparto de la torta de la economía no sólo no se modificaron en beneficio de los más vulnerables sino que más bien ocurrió todo lo contrario. Lo que el neoliberalismo produjo fue el ensanchamiento de la brecha de desigualdad.

Antes de la gran ofensiva neoliberal de los últimos cinco años el panorama regional era bien diferente. Les líderes del área, Néstor y Cristina Kirchner de Argentina, Lula de Silva y Dilma Roussef de Brasil, Evo Morales y Álvaro García Linera de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, José “Pepe” Mujica de Uruguay y Hugo Chávez de Venezuela, principalmente, crearon una alianza estratégica que reflotó el sueño de Bolívar. Todos ellos, cada uno con su práctica particular y desde su mirada y sello personal, gobernaron convencidos de que en la región era imprescindible elevar el nivel de vida con justicia social, realizando un adecuado aprovechamiento de todos los recursos y riquezas, asegurando la preservación del ambiente, el constante mejoramiento de la infraestructura y la coordinación de las políticas macro-económicas, impulsando los principios de solidaridad, reciprocidad y equidad, en el marco del estado de derecho y del sistema democrático.

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La contraofensiva a esa batería de políticas protectoras de pueblos y ambiente no tardó en manifestarse. Y vale la pena analizar cómo los mecanismos de poder se aggiornaron, prosperando los que se dieron en llamar “golpes blandos”.

Lo llamativo de estos años recientes es la mutación observada en el tipo de instrumentos utilizados por los sectores latinoamericanos trasnacionalizados y conservadores para preservar su poder económico. En el siglo pasado, cuando se veían amenazados por el fortalecimiento de los sectores populares, promovían golpes de estado y daban su apoyo a fuerzas militares que quedaban al frente del aparato del estado, asegurando gobiernos afines a sus intereses. Hoy día lo que buscan prioritariamente es garantizar  seguridad jurídica, para que sigan prosperando los negocios capitalistas de la región, pero sin exponerse a la promoción de políticas de garrote. Como quedó demostrado con la realización de las reuniones de la Cumbre del G-20 en Buenos Aires los pasados 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018.

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Ya no son tiempos de disciplinamiento social a través del uso ejemplificador de la fuerza pública. Han surgido mecanismos más sutiles y sofisticados, igualmente eficientes para evitar el empoderamiento de los sectores populares en el continente, que lo que buscan es impedir que líderes populares sigan en sus puestos de gobierno. Para ello se promueven  acciones jurídicas y demandas que llegan a los tribunales contra dirigentes populares y ex funcionarios, acusados en su inmensa mayoría de corrupción. Seguramente porque desde la óptica patrimonialista nada es más grave que acusar al adversario de haber cometido un delito económico. Cualquier cosa es tolerable menos que a uno le toquen el bolsillo según la lógica neoliberal.

Este instrumento es lo que se ha dado en llamar lawfare: guerra jurídica o guerra judicial. El uso de la expresión inglesa se generalizó para referirse al uso abusivo de procedimientos legales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, con el fin de provocar repudio popular contra un oponente.

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Los activistas del lawfare nunca son las leyes, sino los jueces que las interpretan al servicio de los intereses de la concentración política, económica y mediática tradicional.

Permite obtener diversos resultados, como detener indebidamente a los adversarios políticos, paralizar mecanismos financieros, desprestigiar oponentes y hasta debilitar o deponer gobiernos. ? El lawfare opera como forma de acceso indebido al poder político sin utilizar las fuerzas militares, manipulando las divisiones internas de las sociedades, las redes sociales y los medios de comunicación. Y  también se lo usa para cuestionar la validez de la utilización de instancias judiciales internacionales que protegen los derechos humanos. Estados Unidos ha llegado a valerse de estos principios fundantes del lawfare para desconocer la autoridad de la Corte Penal Internacional, por ejemplo.

Sin embargo, como bien apunta Raúl Zaffaroni, magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «cuando se quiere usar al derecho para hacer la guerra, lo que se está haciendo es la guerra al derecho».

El lawfare no es el control democrático del poder Judicial al Ejecutivo, sino la utilización de instrumentos jurídicos con fines de persecución política. Frente a la Operación Lava Jato en Brasil, las fake news en todo el continente americano y “las causas armadas” -como la de los cuadernos de Argentina con los que se ha acosado al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner-, un sistema democrático corre riesgo por el uso perverso del derecho.

En Latinoamérica, especialmente en Brasil y Argentina, fue el método que se usó para destruir la imagen pública de sus gobiernos progresistas e inhabilitar su normal funcionamiento.

Para Rafael Bielsa, ex Canciller argentino, “el lawfare libra sus batallas contra la generación que encabezó el cambio de clima ideológico continental del siglo XXI. Así consiguieron la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff y el encarcelamiento de (Luis Ignacio) Lula da Silva. Y así lo buscaron, con más encarnizamiento que éxito, con Cristina Fernández de Kirchner.

Al comprender la lógica del Lawfare se consigue entender cómo los medios de comunicación y la justicia atentan contra la vida pública de las democracias latinoamericanas, que es el tipo de régimen político que se impuso y se viene desarrollando en la región durante en el último siglo y en lo que va de este.

Los latinoamericanos vivimos muchas experiencias de avances y retrocesos en el camino hacia el ensanchamiento y disfrute de nuestros derechos, no sólo políticos sino también económicos, sociales y culturales. Y aprendimos que ellos no son tales si no los ejercemos, que para disfrutarlos hay que tener plena conciencia de esos derechos,  a sabiendas de que distan de ser privilegios. Y que en la pugna por el poder los sectores históricamente hegemónicos nunca dieron un paso al costado para que las demandas progresistas ganaran terreno. Al contrario, cada intento de avance de los sectores populares fue resistido, y se desarrollaron desde la compleja trama institucional del establishment acciones para desarticular el surgimiento de gobiernos que tendieran al fortalecimiento del estado social de derecho.  Así se generó una historia de luchas populares, nacionales y regionales, que son un tesoro para la memoria colectiva.

América Latina y el Caribe, como pregona la CEPAL, es zona de paz. Y si lo siguen siendo ganan. Porque en paz los pueblos crecen, se educan, comen, se visten, tienen techo, salud y acceso a la cultura. El lawfare amenaza a la democracia y los logros de la democracia. En América Latina, pero también en Europa, en una lógica compartida.

Para alcanzar ese estado de cosas es necesario preservar la integridad y buen nombre sus dirigentes populares, como así también seguir trabajando día a día para sostener los derechos obtenidos durante las gestiones de los gobiernos progresistas.

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