Elecciones en Catalunya: el derecho a decidir cómo salimos de esta crisis

Hemiciclo del Parlament de Catalunya durante una sesión plenaria, en Barcelona. E.P./David Zorrakino

Catalunya pasa por instantes muy complicados. Hoy empezamos a ver la luz al final del túnel, pero no tenemos que olvidar que en el momento de escribir estas líneas, la crisis de la covid-19 ha acabado con la vida de casi 6.000 catalanes y catalanas y con más de 27.000 personas en todo el Estado. La gestión de esta crisis sanitaria ha puesto a prueba la capacidad de las diferentes administraciones que, con menos o más aciertos, han dedicado todos sus recursos a hacer frente a una situación inédita que hoy empezamos a superar gracias al esfuerzo colectivo que ha protagonizado la ciudadanía.

Por si no fuera suficiente, la pandemia ha irrumpido en nuestra casa cuando todavía no nos habíamos librado de las consecuencias de la crisis de 2008. Aquella crisis financiera nos enseñó que, para buscar una salida equitativa, había que rescatar a la ciudadanía y no a las entidades financieras. De aquella lección bebe hoy el gobierno de coalición que ha fundamentado la salida progresista a la actual situación en tres patas: los ERTOs y el Ingreso Mínimo Vital como herramientas indispensables para que las familias trabajadoras puedan llegar a final de mes; las ayudas a PYMES y autónomos como principal motor para poner la economía en marcha de nuevo; y la solidaridad como principio rector por un nuevo modelo de fiscalidad y en la negociación con la Unión Europa.

En este contexto, el presidente Torra ha anunciado en un artículo en La Vanguardia que se desdice definitivamente de su palabra de convocar elecciones una vez aprobados los presupuestos. Su argumento es que no se puede abocar el país a unas elecciones en un momento en el que hay que superar partidismos y hacer frente a la crisis sanitaria. Y tiene razón. Por este motivo, desde En Comú Podem aceptamos que se pospusiera el compromiso que JxCat había adquirido con todos los catalanes y catalanas. Pero una cosa es la crisis sanitaria y otra muy diferente, la crisis económica. La crisis sanitaria necesita estabilidad, grandes consensos transversales y cooperación entre las diferentes administraciones públicas. Pero la crisis socioeconómica requiere un gobierno progresista para que nadie se quede atrás. Catalunya tiene derecho a decidir si quiere una salida diferente a la que lideró Artur Mas en 2010.

Afirma el presidente que el cambio social tiene que ser un motor republicano. Y tiene razón. Una razón que le recuerdan sus compañeros de JxCat cuando nos ponemos a hablar de propuestas y obra de Gobierno. Propuestas como la de David Bonvehí, que en un artículo reciente abogaba por suprimir el impuesto de sucesiones siguiendo la estela del portavoz de JxCat, Eduard Pujol, que durante la votación de presupuestos afirmaba que su partido había aceptado a regañadientes la reforma de este tributo pactado con En Comú Podem. Obra de Gobierno como la de la Renta Garantizada sobre la que el grupo impulsor ha denunciado “graves incumplimientos” por parte del Gobierno de la Generalitat que provocan que este ingreso solo llegue a una cuarta parte de las personas en situación de pobreza. Hablamos también de lo que no se ha hecho. Mientras Quim Torra centraba sus críticas en el Gobierno del Estado, otras comunidades autónomas como el País Valenciano exoneraban del pago del alquiler a los inquilinos de su parque público con dificultades económicas o modificaban el impuesto de patrimonio para hacerlo más solidario. Como decía recientemente el presidente de PIMEC, Josep González, “la Generalitat tiene margen”.

Por todos estos motivos, entendemos que la salida de la crisis a la que aspiramos las fuerzas de izquierdas catalanas es incompatible con un Gobierno con JxCat y pedimos al Govern que haga pública una fecha electoral que tenga lugar cuando la emergencia sanitaria esté controlada. El principio de prudencia y responsabilidad se tiene que hacer compatible con dar a Catalunya la oportunidad de votar por un Gobierno valiente que toque privilegios y blinde derechos.