¿Con la democracia o con el lawfare?

Hay días en que España se nos pone fea. Cuando los que hielan el corazón se imponen no porque tengan la razón, sino porque tienen el poder.

En España, unos militares, junto con banqueros y la cúpula de la iglesia, incumplieron su juramente militar en 1936 y se alzaron contra el gobierno legítimo de la II República.

Cuando recuperamos la democracia, no se pidieron cuentas a ningún militar, y los militares franquistas devolvieron el favor participando de las tramas negras que siguieron asesinando a españoles. En cambio, otros militares , policías y guardias civiles, abrazaron la democracia y se empezó a dar un salto democrático de gigante.

En España, luego, tuvimos el 23F. Después de derrotado el intento de golpe, salió el jefe del Estado emérito, el manirroto de fogosidad insaciable Juan Carlos I, a decirnos que sería un error juzgar a esos guardias civiles y militares que habían traicionado su juramento.

En 1973, ETA le pidió cuentas a Carrero Blanco, el acompañante del genocida Franco, y lo hizo de la misma manera que Franco pedía cuentas a los enemigos del franquismo. Pero Franco se murió y ETA siguió matando. Eso no ha ayudado a librarnos del franquismo residual que siguen añorando los de la bandera del aguilucho y que encontraron en ETA la gran justificación para tratar a España como su finca.

En España, el hijo del golpista Tejero, Antonio Tejero Díez, celebraba en cuarteles de la guardia civil el 23 de febrero, hasta que alguien colgó una foto en las redes y le dijeron lo que decían en el ejército norteamericano a los homosexuales: no preguntes, no lo cuentes. Pero si llega a saberse… Si llega a saberse, pues nada. Porque eso no le impidió ascender en la benemérita. Nadie castigó al hijo de Tejero por celebrar en un cuartel de la Guardia Civil un intento de golpe de Estado. Por mucho menos, eso sí, se ha expulsado a militares que han expresado quejas sobre oficiales del ejército o sobre la conducta poco ética de la jefatura del Estado.

Por cierto, el 23 F, Milans del Bosch, general y padrino del Rey Juan Carlos en la Academia militar, sacó los tanques a Valencia y dictó un bando donde suspendió la Constitución, prohibió las actividades de los partidos y sindicatos y amenazo con la pena de muerte a quienes protestaran. Pablo Casado ha dicho que el Estado de alarma en España ahora es más riguroso que el 23F. Son cosas que dices cuando te regalan los estudios.

En España, el PP puso en marcha una policía política, que llamaron patriótica para decir que la patria es lo que ellos dicen que es la patria, aunque pateen la ley. Se suelen envolver en la bandera para robar, como en Madrid o Valencia. Esa policía política, compuesta por comisarios, se dedicó a inventar pruebas falsas contra Podemos y el independentismo catalán, que luego publicaban los medios basura, como el tabloide de Eduardo Inda. Al que, por cierto, el PP dio 300.000 euros a fondo perdido y le financian empresas que aparecen en los papeles de la corrupción.

Ni el PP ni el PSOE quisieron nunca que Villarejo compareciera en una comisión de investigación. Porque Rubalcaba tenía una concepción de la razón de Estado que no siempre es fácil de explicar para los socialistas.

Los policías o guardias civiles que han hecho trabajos sucios para gobiernos, que parece que no son pocos, siempre han amenazado con tirar de la manta cuando les han pillado pasándose la ley por el forro de su impunidad. Es lo único que explica las tramas mafiosas vinculadas a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado donde el caso Villarejo es su expresión más casposa. Los informes de la Guardia Civil no pueden estar bajo sospecha, y lo están cuando la presencia de VOX en los cuarteles debilita el compromiso con el Estado de derecho. Y esto vale en la lucha contra ETA, en la investigación de partidos políticos o ante un comportamiento desproporcionado o directamente ilegal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. VOX ve en la guardia civil y en la policía guardias pretorianas con derecho a saltarse la ley. Es una tentación terrible, porque entrega una bula a los trabajadores de la policía, la guardia civil o el ejército, pero les quita la legitimidad. En democracia, las fuerzas de seguridad están para hacer cumplir la ley –y es lo que hacen mayoritariamente- no para hacer trampas con la ley en nombre de una ideología o a favor de cualquier ideología.

Grande-Marlaska es juez, muy conservador y pudo haber sido Ministro con el PP. Pero algo parece evidente, a diferencia de lo que ha significado la fiscalía y el Ministerio de justicia de los peperos: ni ha robado ni ha llegado a acuerdos con los ladrones. Por eso no le tiene miedo a ninguna mafia policial ni de la benemérita. Porque no tienen con qué amenazarle.

Es bastante probable que Pérez de los Cobos, un guardia civil al que se le vincula con juvenil ánimo patriotero el 23 F, que fue juzgado en un caso de torturas donde fueron condenados tres de sus compañeros, que desoyó el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de impedir el referéndum del 1-O sin alterar la convivencia ciudadana, que lleva toda su vida pisando moqueta, se haya equivocado al querer contribuir con la derecha en su intento, muy propio del lawfare, hacer del 8 de marzo el epicentro del coronavirus y lograr en los tribunales lo que no logran en las urnas. No otra cosa ha hecho el PP queriendo controlar el poder judicial. Y ahí está el Consejo General del Poder Judicial, con un Presidente ilegítimo, fuera de plazo desde el 4 de diciembre de 2018, que mantiene a Carlos Lesmes como Presidente solo porque el PP lo sabe como una ficha propia (fue un alto cargo en los gobiernos de José María Aznar).

Y por cierto, el director del DAO que ha dimitido, Laurentino Ceña, se jubilaba el 2 de junio. Que el PP, VOX, OK diario y las propagadores de fake news lo conviertan en un héroe dudo que le ayude.

La derecha quiere ocultar que tantas muertes en España tienen que ver en gran medida con la privatización de la sanidad y con la entrega de las residencias de ancianos a fondos buitre y empresas privadas, por ejemplo, de Florentino Pérez. El único agujero que tiene ese ratón de la derecha es el 8M. Pero no es un ratón, sino algo más grande, y se queda atorado.

Hace falta que se clarifique qué ha pasado. La jueza Rodríguez Medel, que juzga el 8M, de familia de guardias civiles, no parece una jueza parcial, aunque, como todo el mundo, tenga sus aspiraciones, filias y fobias. Fue, en cualquier caso, la que dijo que había indicios evidentes de que Pablo Casado se había robado el máster, igual que Cristina Cifuentes. Por lo que sabemos, con el PP no ha tenido connivencias.

Y eso deja preguntas en el aire ¿Y si ha sido el ex Comandante de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, el que no ha hecho lo que ha mandado la jueza?

¿Quién ha filtrado ese informe patético hecho con recortes de la COPE y de OK Diario que ha servido para imputar al delegado del Gobierno, José Manuel Franco? Porque parte de las informaciones falsas de ese informe las han ido colocando la prensa basura, a veces con la ayuda de Televisión Española (que parece confundir el equilibrio informativo permitiendo decir a la extrema derecha que llueve aunque haya un sol de justicia). Al Delegado del Gobierno se le ha imputado con un informe chapucero, que incluye mentiras, tergiversa declaraciones, pone afirmaciones falsas en boca de Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y también de sindicalistas o de convocantes de manifestaciones, que confunde fechas para justificar el señalamiento del 8M e interpreta de manera torticera hecho evidentes, como la prohibición de una reunión de miles de personas de una iglesia evangelista porque venían cientos de personas de países donde el covid-19 ya estaba haciendo estragos.

A defender a Pérez De los Cobos ha salido la extrema derecha y la extrema extrema derecha. Los mismos que salieron a defender al Emérito cuando hasta su hijo dijo que estaba en cosas feas.

Todos estos son los mismos que se envuelven en la bandera, ponen la bandera en el balcón, quieren la bandera a media asta pero, es muy evidente, quieren muy poquito a España. Basta verles cómo se ríen estos días en sus manifestaciones, en el Parlamento, en sus televisiones –que son tantas- en tiempos de luto, donde la España que no hiela el corazón está tan triste. Que cada cual, sea policía, guardia civil, militar o civil, se pregunte dónde está de verdad España.