La batalla de Chile, nuestra batalla

Un hombre ejerce su voto en el Estadio Nacional en Santiago (Chile), en el histórico plebiscito constitucional. EFE/ Alberto Valdés

“Un niño jugará en una alameda, y cantará con

sus amigos nuevos; y ese canto será el canto de

un pueblo, a una vida segada en La Moneda”

(Yo pisaré las calles nuevamente, Pablo Milanés)

El 10 de septiembre de 1973 por la noche, en su residencia de Tomás Moro, Salvador Allende reunía a sus colaboradores más estrechos para comunicarles una decisión sobre la que llevaba tiempo cavilando. Había decidido convocar un referéndum para dotar a Chile de una nueva Constitución. Una Constitución que permitiera hacer algunos cambios estructurales inviables en el marco legal hasta entonces vigente. Pensaba hacer el anuncio en la Universidad Técnica de Santiago, al día siguiente, y acompañarlo de medidas de democratización económica, de reforma de la gran propiedad. No llegó a tiempo. A las 6:30 de la madrugada del 11 de septiembre, la Marina se sublevó en Valparaíso y se puso en marcha un Golpe de Estado que acabaría con la vida de Allende y aplastaría por medio del crimen sus planes constituyentes.

Casi medio siglo después, sobreponiéndose a la represión y a la pandemia, el pueblo chileno decidió reconstituir el proyecto truncado del presidente socialista. Por abrumadora mayoría, hizo saltar en referéndum los cerrojos de la Carta otorgada por el dictador Augusto Pinochet en 1980. Ahora se apresta a escribir una nueva Constitución para Chile. Y lo hará en la primera Convención Constituyente de la historia con paridad mujeres-hombres y representación de los pueblos originarios. La batalla por un proceso constituyente realmente soberano no estará exenta de obstáculos. Pero su sola conquista heroica en calles y plazas ya ha lanzado al mundo un mensaje de una inconmensurable potencia democrática: que lo que a veces se considera imposible, solo es algo que tarda un poco más en llegar.

Franco y Pinochet: una historia común de sabotaje de la legalidad republicana

Desde 2008, el capitalismo global vive su mayor crisis sistémica desde inicios del siglo XX. Esta crisis –social, económica, ambiental– se ha agravado notablemente con el estallido de la pandemia. Las principales respuestas que se le oponen, al menos en Europa y América, oscilan entre un neoliberalismo con tintes neofascistas y apelaciones a algún tipo de regulación social, democratizadora, como la que puso en marcha F.D. Roosevelt con el New Deal a partir de 1933.

La República de Chile fue pionera en este tipo de iniciativas. La mayoría fue aplicada en el marco de la Constitución de 1925, aprobada tras la reincorporación a la presidencia de Arturo Alessandri y vigente hasta el Golpe de 1973. Se trataba de un texto avanzado para su época. Y no era del todo sorprendente si se tiene en cuenta que Chile había conquistado el voto masculino, universal y secreto en 1874, con anterioridad a otros como Bélgica, Dinamarca, Noruega o Francia. Y no solo eso. En 1932 llegó a proclamar una efímera República socialista y seis años más tarde, en 1938, vio surgir un gobierno de Frente Popular presidido por el radical Pedro Aguirre Cerda y con el joven médico Salvador Allende como Ministro de Salud.

En realidad, ese constitucionalismo social chileno de inicios del siglo XX coincidió con el puesto en marcha en la II República española con la Constitución de 1931. La diferencia está en que la incipiente institucionalidad republicana española fue liquidada entre 1936 y 1939, con la inestimable intervención de Alemania e Italia, dando lugar a la oprobiosa dictadura de Francisco Franco. La chilena, en cambio, aguantó hasta 1973 y fue depuesta con la intervención deliberada de la Administración de Richard Nixon, que movilizó para su causa a la CIA, a la ITT, y aliados de todo tipo en Europa y América Latina.

Franco y Pinochet no solo compartieron una historia común de sabotaje de la legalidad republicana. También se profesaron mutua admiración. El 12 de septiembre de 1973, al día siguiente del Golpe, Pinochet envió una carta a Franco para comunicarle el relevo del embajador de Chile en España y transmitirle su admiración: “Os ruego que aceptéis –le decía– los sinceros votos que formulamos por el bienestar de Vuestra Excelencia y por la grandeza de España”. Poco después, Emilio Villaescusa, un veterano franquista que había participado en la invasión nazi a la Unión Soviética, le devolvía el favor e imponía a Pinochet, en Santiago de Chile, la condecoración de la Gran Cruz al Mérito Militar, concedida por el propio Franco.

Los elogios recíprocos se mantendrían hasta los últimos días de vida del dictador de Ferrol. Una vez muerto este, la admiración se prolongó en la figura de su sucesor en la Jefatura del Estado, Juan Carlos I de Borbón. De hecho, cuando Pinochet se desplazó a Madrid, en 1975, a rendir homenaje “a un caudillo que nos ha mostrado el camino a seguir en la lucha contra el comunismo”, quien lo recibió entusiasmado y con abrazos a Pinochet en la escalerilla del avión fue el mismísimo Juan Carlos, quien unos meses antes le había reconocido que si por él fuera “viajaría a Chile de inmediato”.

La transición española como modelo para la transición chilena

Cuando la dictadura se hizo insoportable, la España y el Chile que se habían levantado contra la legalidad republicana buscaron compartir un “relato” que facilitara una transición democrática “moderada y sin revanchas”.

En el espejo chileno, la transición española y su Constitución de 1978 aparecieron durante mucho tiempo como modelo de lo que debía ser una democracia tutelada. A diferencia del Reino de España, Chile no contaba con una Monarquía encargada garantizar la “permanencia del Estado” y de moderar los “excesos democráticos”. Aún así, la Constitución pinochetista de 1980 intentó imitar algunos rasgos de la Constitución española de 1978. Era una Constitución rígida, que facilitaba una cierta transición democrática pero que hacía difícil, por no decir imposible, la introducción de reformas estructurales. Era, asimismo, una Constitución que aseguraba a los sectores vinculados al Antiguo Régimen un papel importante en órganos clave como el Poder Judicial, el Ejército o el propio Parlamento.

Había, sin embargo, una diferencia importante. En España, la Jefatura de Estado de Juan Carlos de Borbón había conseguido legitimarse parcialmente colándose en el referéndum que sometió a consulta la Constitución como un todo en diciembre de 1978. En Chile, Pinochet convocó un plebiscito con el único objetivo de someter a la consideración pública su continuidad en el poder. Contra pronóstico, sufrió una derrota categórica. Un 55,5% votó en contra.

El plebiscito de 1988 marcó el principio del fin de Pinochet. Diez años más tarde, el dictador viajó a Londres siendo senador vitalicio para someterse a una operación de columna. Convencido de que tenía inmunidad diplomática, no  dio crédito cuando recibió una orden de detención dictada por el entonces juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón. Las acusaciones también lo dejaron atónito: presunta implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas en Chile durante la dictadura militar. El arresto duró 503 días, y aunque el Reino Unido finalmente no autorizó el traslado a España, el caso marcó jurisprudencia global sobre los crímenes de lesa humanidad. Cuando Pinochet regresó a Chile, la justicia aprobó su desafuero como senador vitalicio y pudo ser investigado y procesado. Y a pesar de que tanto la llamada Comisión Valech como el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile habían registrado más de 40.000 víctimas de sus crímenes, al final fue sobreseído por supuestas dolencias mentales.

De una democracia restringida a un proceso constituyente

La orden de arresto de Pinochet por parte de la justicia española no solo fue un golpe para el régimen heredado de la Constitución chilena de 1980. También sacudió las bases del régimen en el que había cristalizado la Constitución española de 1978, incapaz, entre otras cosas, de juzgar los crímenes del franquismo.

Esta percepción crítica de la Constitución, o mejor, del régimen constitucional, se vio agravada durante el segundo mandato de José María Aznar. Ya en plena crisis, en 2011, se profundizó con la reforma subrepticia, alevosa, del artículo 135, que en plena crisis convirtió el pago de la deuda a los grandes bancos como un objetivo constitucional prioritario. Esta (contra)reforma, en realidad, desactivó los aspectos más sociales y garantistas de la Constitución de 1978, acercándola, en cierto modo, al espíritu neoliberal que Jaime Guzmán y los llamados Chicago Boys habían impreso a la Constitución pinochetista de 1980.

Como reacción a esta realidad, mareas ciudadanas, nuevos colectivos republicanos, generaciones jóvenes ligadas al 15-M, e incluso diferentes propuestas soberanistas catalanas, vascas o gallegas, asumieron la consigna del proceso constituyente -en singular o en plural- como una alternativa a la crisis económica, social y territorial que se había desatado. Una y otra vez, sin embargo, se encontraron, al igual que en Chile, bien con los límites de sus propias fuerzas, bien con la férrea oposición del Tribunal Constitucional y otras instituciones del Estado. Para estos, el único horizonte de cambio admisible pasaba por la reforma constitucional que, de uno y otro lado del océano, era prácticamente imposible cuando se trataba de abordar cambios estructurales.

En este escenario de crisis constitucional, el estallido social chileno de octubre de 2019 inauguraría una nueva etapa. El detonante del levantamiento fue el alza abusiva del precio del transporte público. E involucró a miles de estudiantes a lo largo de todo el país. Pero las razones de fondo de las protestas apuntaban mucho más alto. Por un lado, implicaban una crítica descarnada, no exenta de cólera, contra el supuesto “milagro chileno”, que tras décadas en vigor, había aumentado la obscenamente la exclusión y las desigualdades, haciendo inaccesibles fármacos básicos y tratamientos de salud elementales, privatizando el sistema de pensiones o forzando a sectores amplios de la sociedad a endeudarse para poder estudiar. Por otra parte, expresaban una impugnación, también rabiosa, de la clase política, tanto en las derechas como en las izquierdas, a las que a menudo se veían demasiado implicada en componendas con aquellas.

La reacción del presidente Sebastián Piñera –un empresario millonario y conservador– fue combustible lanzado al fuego. En lugar de reconocer algunas de las razones que había detrás los disturbios, dijo que el país estaba “en guerra ante un enemigo poderoso” y anunció duras medidas represivas para combatirlo. Su mujer, Cecilia Morel, directamente comparó las protestas con “una invasión alienígena”, aunque luego rectificó y admitió que lo que hacía falta era “trabajar por disminuir la desigualdad” y “por disminuir nuestros privilegios”.

La actitud del Gobierno no hizo sino escalar el conflicto. Centenares de manifestaciones inundaron diferentes ciudades y pueblos del país. En muchas de ellas se produjeron enfrentamientos con la policía que se saldaron con muertes, heridos y centenares de manifestantes que perdieron la vista como consecuencia de los perdigones lanzados por la policía. Junto a los bloqueos, marchas y protestas convencionales, se organizaron ollas populares y “cabildos abiertos” para discutir los problemas de la ciudadanía.  A medida que las movilizaciones fueron madurando, crecieron reivindicaciones como las del colectivo feminista de Valparaíso, Las Tesis, que lanzaron una performance participativa de protesta –“Un violador en tu camino”- que dio la vuelta al mundo. Igualmente, la represión del Estado hizo que la bandera oficial chilena se viera desplazada u obligada a convivir con símbolos mapuches, que pasaron a ocupar un lugar central en marchas y concentraciones.

La masividad de las manifestaciones y la desmedida represión utilizada contra ellas hundió la aceptación de Piñera. En un momento determinado, esta llegó a caer unos 15 puntos porcentuales por semana, mientras que la desaprobación se disparó a casi el 80%. La persistencia ciudadana, popular, se tradujo por su parte en actos multitudinarios como el del 25 de octubre de 2019, que reunió a casi un millón y medio de personas en Plaza Baquedano, rebautizada como “Plaza de la Dignidad”.

Finalmente, el Gobierno se vio obligado a mover ficha. Primero, prometió una “Nueva Agenda Social”, con medidas de mejora en materia de pensiones, salud, salarios, energía, o fiscales. Luego, aceptó lo que parecía imposible: una reforma de la Constitución que dejaba en manos del pueblo chileno la redacción de una nueva Carta Magna en reemplazo de la Pinochet. No se trataba, pues, de debatir cambios concretos en base a los procedimientos de reforma establecidos en la Constitución de 1980. Lo que la movilización social había conquistado era algo mucho más ambicioso: una reforma constitucional que habilitara un nuevo proceso constituyente.

Ciertamente, los sectores conservadores cedieron, pero solo a medias. Se vieron obligados a aceptar un hecho inédito en el derecho constitucional comparado: que la eventual Convención Constituyente observara en su composición la paridad absoluta entre mujeres y hombres. Igualmente, se comprometieron a dar representación y voz en ella a los pueblos indígenas originarios. Sin embargo, para evitar que el cambio llegara demasiado lejos, también adoptaron sus resguardos. Obligaron al resto de fuerzas políticas a aceptar un quorum de 2/3 para el funcionamiento de la Convención encargada de redactar la nueva Carta Magna. De este modo, se reservaban un poder veto, de bloqueo, cuya activación exigía una simple minoría de 1/3. Asimismo, se aseguraron que los nuevos contenidos constitucionales no afectaran a “tratados internacionales vigentes”, una cláusula que rápidamente se interpretó como destinada a proteger los tratados de libre comercio y los derechos de los grandes inversores.

Se pasaba, en definitiva, de una democracia restringida, condicionada, a un proceso constituyente. Pero con un riesgo: que el propio proceso constituyente naciera maniatado, para evitar justamente que alcanzara a áreas económicas “delicadas”, como el control de las inversiones extranjeras, o que produjera “excesos” democráticos indeseables. Los sectores conservadores admitían el fin de la Constitución de Pinochet. Pero desplegaban toda su fuerza para que ninguna Constitución nueva supusiera el quebranto de ciertos pilares políticos y económicos que consideraban irrenunciables.

El voto del 25 de octubre: primera victoria constituyente

Todos estos intereses contrapuestos entraron en disputa durante el plebiscito del pasado 25 de octubre. Y a pesar del cansancio, de la represión, de la emergencia social y económica, del miedo a la pandemia, la respuesta popular fue admirable. Con una participación superior a la de las últimas elecciones previas al Covid-19, un aplastante 78,2 % de los votantes se pronunció a favor de acabar con la Constitución de Pinochet mediante una Convención Constituyente paritaria. Apenas un exiguo 21,7% rechazó esta posibilidad, atrincherándose en el pasado.

Obviamente, tanto el voto del “rechazo”, como una parte del voto del “apruebo”, expresan a sectores conservadores que harán lo imposible para que la nueva Constitución sea un texto de mínimos, sin ambición ni capacidad transformadora. Para ello, intentarán que la calle se enfríe y que la pasión constituyente se desactive o se canalice exclusivamente a través de los partidos convencionales y la clase política de siempre. Igualmente, pondrán todo su esfuerzo en que entre los 155 miembros de la Convención que se elegirá en abril haya, al menos, una minoría con fuerza suficiente como para bloquear cualquier medida “excesiva”, “populista”, tanto en el orden político como en el económico.

La única forma de evitar que esto ocurra es que los movimientos sociales, populares, entiendan que el 25 de octubre solo se ha ganado una primera batalla constituyente. Pero que aún quedan muchas otras, que solo podrán materializarse en la medida en que la autoorganización y la autoilustración ciudadana mantengan viva la llama y la encomiable creatividad constituyente de estos meses. Desde luego, enfrentarse a poderes fácticos arraigados no es nada fácil, y menos en un contexto de pandemia. Pero si algo ha mostrado tener la gente, el pueblo chileno en toda su pluralidad, ha sido un coraje y una imaginación increíbles, capaces de sortear los obstáculos más férreos. Que la Convención Constituyente nazca sin mordazas, soberana, no dependerá de compromisos institucionales previos o de cuestiones técnicas. Dependerá de la fuerza constituyente que la preceda. En la calle y en las urnas. Así fue en Bolivia, el 18 de octubre. Así acaba de ser en Chile, el 25. Así ha sido en la historia reciente de la humanidad.

Sea como fuere, pase lo que pase del otro lado del océano, el impacto que tendrá en la península será enorme. Tanto Chile como el Reino de España tienen constituciones que se elaboraron bajo la vigilancia severa de viejas dictaduras. Ambas facilitaron una cierta transición democrática. Ambas están atravesadas de candados que impiden ciertos cambios constitucionales de fondo.

Este domingo 25 de octubre Chile ha demostrado que una voluntad constituyente, popular, organizada y decidida, puede hacer saltar por los aires los antiguos cerrojos jurídicos y dar paso a reglas nuevas. O sea que no es imposible. No hay un destino escrito. Hay alternativas. Y si las grandes alamedas se han abierto en Chile, como quería Allende, bien podrían abrirse también entre nosotros. Por eso la batalla y los sueños de Chile son, más que nunca, nuestra batalla, nuestros sueños.