La toma del Palacio de Justicia, la herida que sigue abierta en Colombia tras 35 años

Lucía Franco / David Vázquez (Bogotá / Madrid)

Cuatro de cada cinco migrantes en situación irregular en España proceden de América Latina, siendo la comunidad colombiana la más numerosa, según un informe reciente de Fundación por Causa y la Universidad Carlos III. Estos días, los colombianos viven un aniversario traumático y convulso: se cumplen 35 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

Durante 30 años, Fabiola Hernández, viuda de Libardo Durán, llevó flores a la tumba de su difunto marido todos los días al Cementerio del Sur, en Bogotá, capital colombiana. Hace cinco años recibió una llamada: la Fiscalía le comunica que en el lugar donde ha ido a rezar todo este tiempo no descansan los restos de su esposo, sino los de sus asesinos, dos guerrilleros del M-19 que el 6 de noviembre de 1985 tomaron el Palacio de Justicia. Lo hicieron para protestar contra unas instituciones que, entendían, estaban incumpliendo los acuerdos de paz alcanzados entre el Gobierno y la guerrilla. Aquello, sin embargo, derivó con las horas en una masacre, con el ejército entrando a sangre y fuego en el edificio. Durán tan solo era el escolta del magistrado Reyes Echandía: dos de las muchas víctimas inocentes que aún tiñen de negro el horizonte del país.

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Dolor, tristeza y rabia. Eso es lo que aún despierta en Colombia la cuestión de la toma del Palacio de Justicia entre el 6 y el 7 de noviembre de aquel 1985 más cercano ahora que nunca. Ocupado por guerrilleros del M-19, estos creyeron que, al tener rehenes, el Gobierno del entonces presidente Belisario Betancur no se atrevería a entrar por la fuerza y se vería obligado a negociar tras haber incumplido, según su versión, los acuerdos de cese bilateral del fuego de 1984. Se equivocaron. El ejército recuperó el edificio disparando con todo lo que tenía, tanques incluidos. El resultado, un incendio, 98 muertos y 11 desaparecidos. Son las familias de estos últimos quienes han librado desde entonces otra encarnizada batalla por saber qué pasó con ellos. Su lucha es hoy más controvertida que nunca.

Todo se desató a finales de agosto del año pasado. Jorge Ricardo Sarmiento, uno de los fiscales encargados del caso, salió a decir a los medios locales que habían identificado a seis de los 11 desaparecidos. Lo hizo contento, explica el fiscal, que pensó que, tras tantos años de dolor e incertidumbre, por fin la Justicia colombiana podría arrojar algo de luz a los angustiados familiares. “No me esperaba tantas reacciones de rechazo”, comenta Sarmiento.

A su juicio, el hallazgo de estos cuerpos descartaba, al menos en estos casos, una idea defendida durante todos estos años por muchos de los familiares de los desaparecidos: que en mitad de las explosiones, del incendio, del ir y venir de balas y explosiones, estos salieron vivos del Palacio y que fueron conducidos por las autoridades a uno de los edificios colindantes, donde, confundidos con guerrilleros del M-19, fueron fusilados por los militares. 

La desaparición forzosa de inocentes en el Palacio de Justicia en 1985 es algo más que una hipótesis. En los infinitos procesos judiciales que ha habido en el país sobre la tragedia, los familiares de los 11 desaparecidos del Palacio y sus abogados han presentado todo tipo de pruebas para sustentar esta versión, desde testimonios de testigos que vieron abandonar el Palacio a sus familiares por su propio pie hasta grabaciones de cámaras de televisión de medios extranjeros donde aparecen corriendo de un lado a otro del edificio algunos de los que luego desaparecerían. Tal fue el aluvión de evidencias presentadas que la misma la Corte Suprema de Colombia se vio obligada a considerar probado que, al menos, un grupo de supervivientes fueron llevados a la Casa del Florero, en la esquina del Palacio de Justicia, y que allí se produjeron torturas y desapariciones por parte de un ejército que confundió a funcionarios inocentes con la guerrilla. Como consecuencia, por ello fueron condenados el general Jesús Armando Arias Cabrales, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano y el mayor William Vásquez.

"En todos estos años, he sentido mucho dolor, pero el día que la Fiscalía salió a los medios descartando la idea de la desaparición forzosa, sentí como si mi madre se hubiese vuelto a morir", dice Rosa Milena Cárdenas, hija de Luz Mary Portela, una de las desaparecidas. En el juicio a Arias Cabrales, cuatro testigos afirmaron haber visto a Portela salir con vida del Palacio. "Mi madre estaba sustituyendo a mi abuela, no tenía que estar ahí. Creo que corrió la misma suerte que el resto de los desaparecidos forzosos", apunta Cárdenas.

Una investigación llena de errores

Visto el revuelo causado, fuentes de la Fiscalía se apresuraron entonces a matizar, contra la impresión de los familiares, que ellos no descartan aún ninguna idea. “Nosotros solo somos culpables de querer enderezar los errores del pasado”, aseguran. 

Los errores de los que habla la Fiscalía son precisamente los que han dado lugar a situaciones como la de Hernández, que rezó durante tres décadas en la tumba de los verdugos de su marido. La investigación de lo ocurrido realmente en el Palacio de Justicia se torció desde el principio, algo que los expertos ya alertaron en varios informes encargados por el Gobierno a finales de los 80 y principios de los 90. Para empezar, los propios militares dificultaron el trabajo de identificación de los cadáveres: retiraron todas las armas de los cuerpos, los acumularon en el primer piso y los despojaron a todos de sus ropas y sus pertenencias. El resultado fue que, desde el comienzo, se hizo casi imposible distinguir a víctimas y verdugos.

La confusión entre los cuerpos, muchos de ellos carbonizados a causa del incendio provocado por los bombazos de los tanques, fue total. La voz de alarma llegó en el año 2001, cuando se terminó de identificar el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, la primera desaparecida en ser encontrada. “El día en que me entregaron a mi mamá, sentí que se volvió todo real y ella murió al fin”, dice su hija, Carmen Castiblanco. 

En 2005, fue encontrada Cristina Guarín en la tumba de Isabel Ferrer; en 2015 sucede el caso de Portela; y este mismo año, en la tumba de Emiro Sandoval se identificaron a dos personas, pero ninguna de ellas corresponde a su ADN, que finalmente ha sido hallado en el Cementerio Sur de Bogotá. Y suma y sigue.

Uno de los últimos casos ha sido el de Bernardo Beltrán, identificado en la tumba del magistrado Jorge Alberto Echeverry. "Este es un tema que me parte el alma y me crea angustia y desolación, y más ahora que mi hermano ha quedado desaparecido después de 34 años de resignación. Ni la guerrilla, ni el ejército, ni el estado, ni Medicina Legal se hacen responsables, y nosotros fuimos engañados vilmente", afirma Carlos Eduardo Echeverry, hermano de Jorge Alberto. 

Los desmanes cometidos en el Palacio de Justicia cristalizaron en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2014 instó a Colombia a dar respuestas concluyentes a las familias de los 11 desaparecidos. 

Como consecuencia, el Gobierno colombiano puso a trabajar a sus fiscales y a los forenses de Medicina Legal. Entre ellos destaca Claudia García, directora de esta última institución hasta hace un año. Pocos saben mejor que ella lo complejo del caso: “A medida que investigamos, encontramos más desaparecidos. No creo que vayamos a tener un final próximo a esta historia. Para los investigadores y científicos, no se trata solo de cumplir una sentencia y encontrar a los 11 iniciales, para nosotros se trata de reparar a todas las víctimas”.

Hoy, miles de turistas y bogotanos desfilan cada día frente al Palacio ajenos a la inmensa herida abierta que supone para el país aún hoy la mole de hormigón. Cuando Sandra Beltrán, hermana de Bernardo Beltrán, cuenta lo que cree que le pasó a su hermano, se queda mirando fijamente al reconstruido edificio como si el mismo Beltrán estuviera todavía ahí, recorriendo la fachada de un lado a otro: “A mi hermano lo sacaron del Palacio agarrado por el brazo derecho, creo que cojeaba. Tengo la certeza de que salió, lo grabaron las cámaras de televisión y lo reconocimos”. Al igual que el resto de familiares concentrados este 6 de noviembre en la Plaza de Bolívar, entre flores y retratos de sus seres queridos, Beltrán reclama la verdad. “Si no es un desaparecido, que me expliquen cómo y por qué mi hermano se soltó del brazo del militar y volvió a meterse en el Palacio”. Más de tres décadas después, sus dudas y las de muchos otros siguen sin respuesta.