EL agua nuestra de cada día y la promoción del bien común en Europa

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Esta semana el Parlamento europeo abordará dos votaciones importantes que, mucho nos tememos no ocuparán las portadas de los diarios en los estados de la UE a pesar de que su contenido es esencial para la vida de los 446 millones de ciudadanos de la Unión. Se trata del agua, más concretamente de la Directiva Agua Potable.

Merece la pena explicar qué significa esta Directiva y su importancia. En 2013 la primera iniciativa ciudadana europea (ICE) llegaba a buen puerto.  Más de 1.9 millones de ciudadanos expresaban su apoyo a la misma,  demandando a la Comisión que reconociera el agua y el saneamiento como un derecho humano. Dicha declaración, incluía medidas como: prohibir el corte del suministro de agua a todo ciudadano que no pueda pagar, que el coste del servicio nunca podría superar el 5% de los ingresos del hogar; que se asegurara un agua de calidad y toda una serie de criterios que garantizaban la condición de acceso al agua como un derecho humano y que dificultaban enormemente una gestión de la misma basada en el lucro. Salvo si Sacyr, Aqualia, FCC o AGBAR  deciden hacer un partenariado con las monjas egipciacas (monjas que visitaban leprosos).

La petición era importante en un momento, en el 2012 y 2013, cuando los efectos devastadores de la crisis económica tenía consecuencias sociales que golpeaban con fuerza a los sectores populares y más vulnerables de la población. En ese momento, entre otras muchas cosas, miles de ciudadanos en Europa sufrían desahucios, se les cortaba el agua y/o la luz.

Por ejemplo en el estado español, no hay datos exactos  pero hemos conocido, gracias a demanda de Agua es Vida al Área Metropolitana de Barcelona usando la ley de transparencia, que en el periodo del 2008 a 2015 sólo en el Área Metropolitana de Barcelona  hubo 75.000 (re)cortes de agua. O sea, que 75.000 familias vieron su  distribución de agua cortada… y además AGBAR denuncio a la autoridad pública por dar acceso a los datos poniendo un recurso. Por cierto que la idea de un registro sobre este tipo de actuaciones era algo que incluía la ICE.

Conviene saber que AGBAR, y la patronal del sector del agua : AEAS  junto con los otros gigantes del sector de la gestión del agua publicaron el pasado 21 de octubre un comunicado declarando que apoyan el derecho humano al agua. Pero lo cierto es que quizá lo apoyen, esto no deja de ser una intención, pero no lo aplican ya que como hemos visto aplican cortes al suministro a las familias que no lo pueden pagar.  Una gestión que respete el derecho humano implica un sistema de protección del usuario vulnerable donde se asegura un acceso: un mínimo vital garantizado y sufragado por aquellos que más tienen y pueden consumir más. Para poner un ejemplo: que los que gastan su dinero en agua para la piscina o el jardín, sufraguen los 30 primeros litros de agua de aquellos que no pueden pagar.

Existen otras empresas que sí aplican este tipo de modelo tarifario, en España estas se engloban alrededor de AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento) que una entidad cuyos objetivos fundamentales son la defensa del agua como bien común, su gestión desde el interés general y la solidaridad. AEOPAS sí intenta aplicar en la realidad ese principio, el de otra gestión posible. Eso pedían los firmantes de la primera ICE de la historia de la Unión. Por ejemplo, que en Medina Sidonia, histórico pueblo de la provincia de Cádiz, no se corte el agua a ninguna de sus habitantes que no pueden pagar significa que la gestión se ha hecho pensando en cómo aquellos que más consumen pueden contribuir al bien común. Allí se aplica el derecho humano sin esperar a la legislación europea.

La respuesta de la Comisión Europea a estas demandas fueron una pirueta legal diciendo que ellos lo hacían todo bien, pero que ahora iban a escuchar a la ciudadanía gracias a la herramienta de democracia participativa que es la ICE. ¡Y que todo seria incluso mejor!

Un lustro después, y aprovechando que la Directiva Agua Potable debía ser revisada, la Comisión incluyó toda una serie de provisiones que intentaban ser la respuesta al clamor de cientos de organizaciones. La Comisión introdujo un artículo donde por primera vez se hacia una definición legal a nivel comunitario de un usuario vulnerable ( migrantes, minorías como los roma o los sin techo entre otros) y se exigía el acceso universal con especial énfasis de dichos grupos además del reconocimiento de la necesidad de un agua de calidad. Desafortunadamente la Comisión no quiso abrir el melón de la recuperación de costes y mirar para que sirve la tarifa del agua; en España ha servido demasiado para pagar fiestas del pueblo y algún sobre sueldo y demasiado poco para la necesaria inversión en la red hídrica. Aún así, la Directiva Agua Potable tenia el potencial de ser algo positivo.

Pero el relator en el parlamento europeo (Michel Dantin, y además alcalde de Chambery , bonito pueblo turístico de los Alpes franceses)  quiso terminar el debate lo antes posible dado que, según reconocía en público, su asistente cambiaba de trabajo y él no podía hacer las gestiones de dicha propuesta. Esta incomprensible anécdota, que como otras tantas pasa por debajo del radar de la población y sólo escandaliza a algún becario beato recién llegado a Bruselas, produjo un rechazo importante en el parlamento y el informe fue aprobado con más abstenciones que votos a favor, algo bastante inaudito cuando se miran los votos en Estrasburgo.

Y ahora llegamos al voto final, después de un proceso que ha conseguido meter agua en el vino, como dice el refrán, y que hacen de la Directiva Agua Potable un mejunje de buenas intenciones que no implican un marco legislativo que impida los cortos de agua a la ciudadanía ni asegura el acceso universal y deja la definición de usuario vulnerable a cada país. Todo eso significa que los miles de cortes que se producen cada año y que la pandemia a llevado a suspender, volverán cuando entremos en la nueva normalidad. Y todo eso pese a que el relator saliente de Naciones Unidas para el agua en su informe final hace un llamamiento para que la gestión vuelva a manos públicas y contra la privatización del agua, la ONU nada más y nada menos!

La puntilla de esta historia es que un día antes el parlamento vota otro informe sobre la implementación de la política hídrica de en la Unión y... ¡sorpresa! vemos como en los compromisos las grandes familias políticas europeas: social-demócratas, populares y liberales se han puesto de acuerdo para que el texto haga la promoción de las colaboraciones público privadas de las que tanto dudamos que tengan en el corazón la promoción del agua como un bien común. O sea que la Unión dará otro pasito mas para que el agua tenga una óptica mercantil. Una lástima que el propio comité de medio ambiente se contradiga así mismo después que en el 2015 y como respuesta a la ICE hiciera una defensa del agua cómo bien público. En ese momento la actual presidenta de los socialistas europeos, Iratxe Garcia Perez fue la relatora del llamado informe Boylan y allí defendió lo que en esos momentos pasaba en Valladolid, la vuelta a la gestión pública. Una lástima que otros en su grupo tengan la memoria tan corta.

Pero esta es la Unión en la que nos ha tocado vivir aunque por una vez a la Comisión le damos un aprobado y al parlamento un suspenso cosa que no pasa todos los días.